La huelga de casi dos meses contra el presidente venezolano Hugo Chávez, entró este miércoles en franco retroceso, cuando los bancos decidieron volver a sus horarios habituales, y otros sectores comienzan a normalizar su actividad.
La asociación que reúne a los 30 bancos privados del país, responsables de manejar 90 por ciento de la actividad financiera, ”decidió por mayoría de dos tercios reanudar los horarios normales de operación a partir del lunes 3 de febrero”, anunció el presidente de ese grupo, Ignacio Salvatierra.
Los bancos sólo cumplían la mitad de su horario habitual, en las mañanas, y eso determinaba que se formaran largas filas de clientes, así como dificultades para el funcionamiento de otros sectores de la economía.
La huelga o ”paro cívico” fue lanzada el 2 de diciembre, para apoyar la realización de un referendo consultivo en el cual los votantes indicaran si querían la inmediata renuncia de Chávez, pero el Tribunal Supremo de Justicia frenó el 22 de este mes tal iniciativa.
Otro objetivo del conflicto fue, según los empresarios, sindicalistas y gerentes petroleros que lo dirigieron, mostrar al mundo la magnitud del rechazo a Chávez, y presionar para que la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición encuentre una rápida salida electoral a la actual crisis.
El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, afirmó que ya funcionan 90 por ciento de las escuelas públicas, y los institutos de educación privada efectúan asambleas para decidir si reanudarán sus clases la próxima semana.
”Tenemos un cronograma para desmontar el paro sin que eso pueda tomarse como una derrota”, dijo a IPS un dirigente socialcristiano que ha sido uno de los principales organizadores de las protestas opositoras, bajo reserva de su nombre.
”Lo lógico es comenzar por los sectores más sensibles, como alimentación y educación”, agregó.
En diciembre se paralizaron grandes centros comerciales, tiendas por departamentos, concesionarios de franquicias de firmas internacionales y las mayores industrias de manufactura, aunque en algunos casos, el comienzo de la huelga coincidió con el período tradicional de vacaciones colectivas de fin de año.
Gran parte de la pequeña y mediana industria mantuvo sus actividades con normalidad, así como pequeños comercios, talleres y panaderías. El transporte nunca se paralizó, y muchas fábricas y otros establecimientos ya habían comenzado este mes a restablecer gradualmente sus operaciones.
Las áreas centrales de Caracas y otras grandes ciudades muestran desde hace una semana el bullicio y la congestión de tránsito habituales tras cada asueto de comienzos de año, a pesar de que aún se forman largas filas de vehículos para aprovisionarse en los expendios de combustible.
Este domingo, los centros comerciales abrirán sus puertas para albergar a recolectores de firmas en apoyo a diversas iniciativas que buscan desalojar a Chávez del poder.
También se recogerán firmas frente a centenares de escuelas que habitualmente sirven como centros de votación.
Los variados objetivos de esas iniciativas son enmendar la Constitución para acortar el actual período de gobierno (2000- 2006), llamar a referendos que revoquen los mandatos de Chávez y de los parlamentarios oficialistas, y convocar a una Asamblea Constituyente.
Unos días después de este fin de semana, volverán a funcionar los centros comerciales y las firmas con franquicias, en horarios restringidos, ”para mantener un clima de protesta cívica, hacia el cual evolucionará el actual paro”, afirmó la fuente.
El carácter gradual de la reanudación de actividades permitirá a los comerciantes reajustar los precios de sus productos, una vez que se conozca el 5 de febrero el sistema de control de cambios que el gobierno decidió implantar, tras suspender el 22 de este mes la oferta de divisas desde el Banco Central.
Las ensambladoras de automóviles negocian acuerdos con sus trabajadores, para suspender la relación laboral y mantener un pago parcial de salarios mientras logran vender sus inventarios acumulados.
La firma líder del país en ese sector, General Motors, propuso a sus 1.800 empleados mantenerse en vacaciones colectivas y cobrar 75 por ciento de su salario hasta que unas 6.000 unidades se vendan en el país o se exporten a Chile, Colombia y Ecuador, dijo su director legal Luis Kolster.
Acuerdos semejantes negocian Ford y Chrysler, mientras esperan la reapertura de centros de venta y las decisiones del gobierno que determinarán su acceso a divisas, pues cerca de la mitad de los componentes de cada automóvil son importados.
Durante febrero, volverían a trabajar poco a poco sectores que acompañaron con firmeza la huelga, como las industrias de cerveza, bebidas gaseosas, harinas y otras procesadoras de alimentos, dijo la fuente socialcristiana.
Los medios de comunicación privados, que cesaron la emisión de publicidad comercial y cambiaron su programación habitual para concentrarse en la cobertura y promoción del conflicto, ”serán de los últimos en regresar a la normalidad, quizá después del 10 de febrero”, añadió.
El sector petrolero fue eje del conflicto y soporte de la lucha por el poder en el país, después de que los gerentes opositores y varios miles de los 37.000 empleados del gigante estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dejaron sus puestos de trabajo y detuvieron las operaciones de pozos, buques, refinerías y otras instalaciones.
El petróleo es responsable de cerca de la cuarta parte del producto interno bruto, la mitad de los ingresos fiscales y 80 por ciento de los ingresos de divisas.
La producción de crudo, normalmente más de 2,8 millones de barriles de 179 litros por día, cayó a 150.000 barriles diarios en diciembre.
El país, exportador de combustible desde hace 90 años, importó gasolina por primera vez en tres generaciones.
El gobierno respondió con un plan de emergencia apoyado por las Fuerzas Armadas, y ha logrado una recuperación parcial de la producción, que es en la actualidad 1,32 millones de barriles por día según Chávez, y 1,05 millones de barriles diarios según el opositor sindicato de gerentes de Pdvsa, Gente del Petróleo.
Eso se consiguió ”a costa de sobreexplotar los yacimientos de crudos livianos, que son más fáciles, y en detrimento de los de crudos pesados, que son difíciles de reactivar, por lo que los niveles de extracción de antes del conflicto no se alcanzarán en el corto plazo”, indicó a IPS un gerente en conflicto.
POr otra parte, el gobierno emprendió una acelerada reforma de Pdvsa, ”para simplificar su estructura y eliminar muchos empleados sobrantes”, dijo el presidente de esa empresa, Alí Rodríguez, al informar sobre el despido de 5.111 empleados.
La oposición demanda una amnistía para todos los empleados petroleros que hicieron huelga, ”pero el problema es que el gobierno se niega a discutir ese punto en la mesa de negociación”, dijo Américo Martín, uno de los seis negociadores de la coalición opositora.
Las autoridades sostienen que hubo sabotaje, e iniciaron procedimientos administrativos contra los líderes del conflicto petrolero.
”Para los saboteadores no habrá ni perdón ni amnistía”, dijo el vicepresidente José Vicente Rangel, quien encabeza el equipo negociador del oficialismo. (
