Los derechos humanos se convirtieron en protagonistas de la cuarta ronda de negociaciones entre el gobierno de Sri Lanka y los rebeldes Tigres de Tamil, que terminó este jueves en esta localidad tailandesa.
Los Tigres, acusados de reclutar niños y adolescentes para pelear contra las fuerzas gubernamentales, garantizaron que los menores estarán libres de sus garras.
Anton Balasingham, principal negociador por los insurgentes, aseguró que los Tigres no reclutan niños ni lo harán en el futuro, en una conferencia de prensa ofrecida al final de cuatro días de negociaciones con Colombo.
Velupillai Prabakharn, líder de los rebeldes (llamados oficialmente Tigres de Liberación de Tamil Eelam), reiterará esta promesa cuando se reúna con el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre niños soldados, Olara Otunnu, agregó Balasingham.
Otunnu visitará a fines de febrero o a principios de marzo las provincias del norte y este de Sri Lanka, que los Tigres luchan por separar del resto del país desde 1983, por estar concentrada en ellas la minoritaria etnia tamil.
Se prevé que la misión de Otunnu, la segunda desde mayo de 1998, dará fuerza a la incorporación de los derechos humanos como elemento fundamental de las negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto étnico, que ha cobrado más de 64.000 vidas.
En la cuarta ronda de negociaciones también se mencionaron por primera vez las preocupaciones de la minoría islámica, en particular el derecho de miles de musulmanes que fueron expulsados de sus hogares por los Tigres en 1990 a regresar.
Los musulmanes constituyen la tercera comunidad de Sri Lanka (ocho por ciento), después de los cingaleses (83 por ciento) y los tamiles (nueve por ciento).
Las partes también acordaron invitar una delegación musulmana a las negociaciones de paz cuando llegue el momento de hablar de asuntos políticos sustanciales, declaró el gobierno de Noruega, que actúa de mediador.
Estos acuerdos sobre derechos humanos contrastaron con las discrepancias sobre el derecho de los civiles tamiles a regresar a sus hogares en una zona ocupada por tropas gubernamentales en la península de Jaffna, en el norte de Sri Lanka, una isla del océano Indico.
Aunque este desacuerdo no significa el colapso de las negociaciones, sí es un problema pendiente.
Los Tigres rechazaron una propuesta del ejército srilankés de permitir el regreso de los civiles bajo la condición de que los rebeldes se desarmaran.
En cambio, aceptaron la iniciación de la reubicación de civiles fuera del área disputada, a la espera de un informe de un experto militar internacional.
Nos complace este acuerdo amigable que alcanzamos. El gobierno entiende nuestra situación, declaró Balasingham.
El actual proceso de paz es el cuarto para poner fin a la sangrienta guerra civil.
El diálogo cobró impulso ya en la primera ronda de negociaciones con el gobierno, celebrada el pasado septiembre, cuando los rebeldes abandonaron su pretensión de independencia total y aceptaron la posibilidad de alcanzar una autonomía regional sustancial.
En la segunda ronda, en noviembre, los Tigres anunciaron su intención de transformarse en un partido político e incorporarse a la corriente democrática, y además se comprometieron a no reprimir el disentimiento dentro de la comunidad tamil en el norte y este de Sri Lanka.
La tercera ronda, celebrada en diciembre en Oslo, Noruega, arrojó un acuerdo de autogobierno limitado del nordeste de la isla en el marco de un sistema federal.
La próxima ronda, a celebrarse del 7 al 10 de febrero en Tailandia, contará con la participación del experto en derechos humanos Ian Martin, ex director de la organización Amnistía Internacional, quien ayudará a las partes a diseñar una agenda humanitaria como parte del proceso.
Dialogaremos y sobre esa base elaboraremos un programa integral de derechos humanos, anunció Gamini Lakshman Peiris, jefe de los negociadores por el gobierno de Sri Lanka.
Una de las propuestas a estudiar es la creación de una comisión de la verdad al estilo sudafricano que investigue la desaparición de cientos de civiles tamiles y otros abusos.
Grupos de activistas también instan a Colombo a abolir la Ley de Prevención del Terrorismo, en virtud de la cual las fuerzas del gobierno arrestaron y torturaron a miles de civiles tamiles. (
