El escaso respeto en Brasil por los derechos laborales y previsionales de la población portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, agrava la situación de esas personas, y en especial la de las mujeres.
Violaciones de esos derechos son la causa más frecuente de denuncias recibidas por la Coordinadora de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (CETSS) del Ministerio de Salud, dijo a IPS Cristina Cámara, responsable de articulación con la sociedad civil y derechos humanos de ese organismo.
Las leyes prohíben despedir a los infectados por el VIH o discriminarlos al contratar trabajadores, y les aseguran los beneficios del sistema previsional, pero casi siempre hay que recurrir a acciones judiciales para hacer cumplir esas normas, señaló.
Muchas empresas eluden la ley al mantener a empleados infectados o enfermos de sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) en vacaciones permanentes, con sueldo pero privados de la convivencia con los colegas y la dignidad del trabajo, lo cual afecta en forma negativa su autoestima, observó Cámara.
Para defender los derechos humanos y promover la prevención, la CETSS desarrolla amplia cooperación con organizaciones no gubernamentales, redes de personas infectadas por el VIH, el Colegio de Abogados, el Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, entre otras instituciones.
La cooperación con empresas es apoyada por el Consejo Empresarial de Prevención del Sida, indicó Cámara.
La privación de sueldo o pensión es cruel, en especial para las viudas del sida, que perdieron a sus maridos debido a esa enfermedad, dijo a IPS Beatriz Pacheco, abogada y activista de la red Ciudadanas Positivas, formada por mujeres portadoras del VIH que promueven la prevención.
Esas viudas, a menudo convertidas en jefas de familia, son víctimas de discrinación cuando más necesitan ingresos, explicó.
Pacheco, que descubrió estar infectada por el VIH hace cinco años, afirmó que esa discriminación es particularmente dramática en la meridional ciudad de Porto Alegre, donde ella actúa.
La mayoría de las mujeres infectadas que atendemos son pobres, trabajan en limpieza y carecen de condiciones y organización para defender sus derechos, destacó.
Las mujeres cuyos compañeros mueren de sida quedan en evidencia como infectadas o bajo sospecha de ser una fuente de riesgo. Una mujer permaneció arrestada algunos días en una ciudad del noroccidental estado de Acre, sólo porque su marido había muerto de sida, ejemplificó Cámara.
Es probable que los despidos de mujeres infectadas sean numerosos entre las empleadas domésticas, que suman cerca de cinco millones en todo el país, la gran mayoría sin contrato ni protección legal.
Sin embargo, el Sindicato de Domésticas de Campinas, una ciudad de casi un millón de habitantes a cien kilómetros de Sao Paulo, solo ha recibido dos quejas de despedidas a causa del VIH, dijo a IPS Ana Simeao, directora jurídica del sindicato y ex presidenta de la Federación Nacional de Trabajadoras Domésticas.
Es posible que las quejas sean escasas porque las empleadas domésticas suelen desconocer sus derechos y luchar poco para que sean respetados, e incluso son pocas las que se afilian al sindicato, observó.
Otra explicación puede ser el prejuicio de las propias trabajadoras en relación con el sida, y el temor al estigma social, ya que hay una actitud distinta, por ejemplo, ante las lesiones por esfuerzo repetitivo, sobre las cuales se presentan muchas quejas al sindicato, comentó Simeao.
Una de las personas que presentaron quejas en Campinas perdió su empleo por simple sospecha. Un examen probó que no estaba infectada, pero no evitó el despido, y ella no quiso presentarse ante la justicia para pedir una indemnización, indicó.
El prejuicio y la ignorancia determinaron que los patrones de esa trabajadora le prohibieran tocar objetos en la cocina en sus últimos días de trabajo, por temor al contagio, señaló Simeao.
Por otra parte, los afectados por el VIH/sida son víctimas en la actualidad de un injusto endurecimiento de los criterios que emplea el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para conceder beneficios como licencia remunerada, pensión o jubilación por incapacidad laboral, apuntó Pacheco.
Los médicos evaluadores del INSS no son especialistas en enfermedades infecciosas, ignoran graves efectos de afecciones que suelen asociarse al VIH/sida, y sólo consideran impedimentos para trabajar a deficiencias físicas como la ceguera y las dificultades motrices, señaló la abogada.
Esos especialistas no reconocen la importancia de problemas psicológicos en personas que son capaces de trabajar físicamente, pero no emocionalmente, explicó.
Pacheco dijo conocer casos de personas infectadas por el VIH con síndrome de pánico que no fueron aceptadas como beneficiarias por el INSS.
La violación de derechos laborales y previsionales afecta a todas las personas infectadas, pero las mujeres sufren más sus efectos porque a ellos se suma la discriminación de género, social y laboral, que las hace mas vulnerables, opinó.
Las mujeres infectadas por el VIH luchan por su derecho a la vida con calidad, al reclamar derechos laborales y previsionales, así como tratamiento adecuado a su condición femenina con medicamentos antirretrovirales, que frenan el desarrollo del sida, expresó la abogada.
El Ministerio de Salud brinda antirretrovirales gratis a unos 115.000 portadores del VIH, mediante un programa que ha recibido elogios internacionales, pero esos medicamentos nacieron para los hombres, y no atienden a las especificidades de las mujeres, en quienes provocan graves efectos colaterales, concluyó Pacheco. (
