Un conflicto político de imprevisible desenlace provocó en Perú la decisión del juez Jorge Barreto de ordenar la libertad del ex jefe inteligencia Vladimiro Montesinos, por un error procesal en una de las 60 causas en su contra.
La resolución, aún en suspenso, puso otra vez en cuestión la estructura judicial, pero casi ningún sector político cree conveniente para la democracia que el Poder Ejecutivo se inmiscuya en el fallo de Barreto salvo el gobernante partido Perú Posible y su aliado Frente Independiente Moralizador (FIM).
El juez justificó su decisión de disponer el domingo la libertad de Montesinos en que éste ha permanecido más de 15 meses detenido sin que la fiscalía pidiera una ampliación del periodo de prisión.
No podía fallar de otra manera, pues hubiera incurrido en prevaricato, explicó este martes Barreto a una radio de Lima.
Las interpretaciones sobre el origen y las consecuencias del fallo en favor de la libertad de Montesinos difieren radicalmente entre los dirigentes políticos vinculados al gobierno de Alejandro Toledo y los de la oposición.
El legislador Heriberto Benítez, del FIM, señaló que Barreto forma parte de los remanentes de la mafia judicial que manejó Montesinos y que ha comenzado a ganar juicios.
El fallo es escandaloso, inaceptable y es casi una conducta delictiva, añadió Benitez, tras pedir la destitución del magistrado en el marco de una reforma a fondo del sistema judicial para depurarlo de la corrupción.
En cambio, el diputado opositor José Luis Delgado consideró que la decisión de Barreto es una cortina de humo del gobierno de Toledo para ganar puntos ante la opinión pública y preparar las condiciones de una reforma judicial que ponga a los jueces a sus pies.
Tanto el ex presidente interino Valentín Paniagua (2000-2001) como la líder socialcristiana Lourdes Flores se pronunciaron hace dos días contra la intención expresada por Toledo de encarar una campaña contra los malos elementos del Poder Judicial.
Sin embargo, pese la estridencia de las declaraciones políticas sobre la decisión del juez anticorrupción, todos coinciden en que no existe ninguna posibilidad de que Montesinos pueda abandonar la prisión por varios años.
Montesinos permanece tras las rejas desde el 21 de junio de 2001 en una cárcel de máxima seguridad, montada en la base naval de El Callao originalmente para alojar a jefes guerrilleros que él había perseguido.
El ex jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) no podrá beneficiarse del fallo del juez Barreto, pues aún tiene pendiente otros 59 procesos judiciales por supuestos delitos de corrupción, violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y tráfico de drogas, entre otros.
Pero el asunto es manejado por la prensa local como si el fallo de Barreto hiciera inevitable poner en libertad al ex hombre fuerte de Fujimori, actualmente prófugo de la justicia peruana y refugiado en Japón, el país de sus antepasados.
Montesinos fue el gestor del autogolpe perpetrado en 1992 por Fujimori para cambiar la Constitución e incluir la reelección inmediata.
Analistas políticos entienden también que Montesinos alcanzó en algunas áreas, especialmente en las Fuerzas Armadas y en el Poder Judicial, mayor peso que el propio Fujimori.
En círculos políticos se considera que, pese a los cambios efectuados por el actual gobierno de Toledo en la estructura judicial, Montesinos mantiene aún una decisiva influencia sobre numerosos jueces en base a mecanismos de chantaje.
El controvertido fallo de Barreto se refiere a una de las causas menores abiertas contra Montesinos, como es el supuesto pago de 2.000 dólares mensuales durante cuatro años al agente irregular del Servicio de Inteligencia Nacional Luis Gamboa, esposo de una legisladora afín a Fujimori.
Antes de este caso, Montesinos fue absuelto en otras tres causas, donde se lo acusaba de lavado de dinero del narcotráfico, falsificación de firmas de ciudadanos para inscribir una lista de candidatos parlamentarios y por su presunta responsabilidad en la muerte en julio de 2000 de seis guardias del Banco Central.
Esos fallos en su favor también provocaron fuertes críticas contra el Poder Judicial, aunque no se llegó al escándalo político actual, aparentemente porque los jueces no ordenaron la libertad de Montesinos sino que sólo archivaron las causas respectivas.
Por otro lado, a pesar de la disposición de la justicia suiza para devolver a Perú casi 78 millones de dólares que Montesinos tiene en cuentas cifradas en bancos de Zurich, hasta el momento sólo han sido rescatados 32 millones.
Las autoridades judiciales suizas hicieron notar el año pasado su extrañeza por el poco interés de sus colegas peruanos para concretar las diligencias necesarias con el fin de repatriar el resto de ese dinero.
El abogado Anibal Bracamonte apuntó que Montesinos no sólo puede manejar a los jueces por lo que sabe de ellos sino que también posee capacidad para comprar favores, pues cuenta con una fortuna en el exterior.
Su estrategia consiste en lograr la anulación de acusaciones que podrían determinar condenas de prisión perpetua, como el narcotráfico o la violación de derechos humanos, para ser condenado sólo por delitos administrativos, como corrupción, de los que saldría libre en algunos pocos años, opinó Bracamonte. (
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