Estados Unidos se dispone a reanudar sus relaciones militares con Indonesia, acotadas desde 1991 e interrumpidas desde 1999, con la intención de ganar un aliado clave para su campaña mundial antiterrorista.
La cooperación militar con Indonesia fue restringida en 1991, por la responsabilidad de Yakarta en una masacre en Timor Oriental, y suspendida por completo ocho años después, cuando milicias apoyadas por el ejército indonesio devastaron el territorio timorense.
Pero reanudar esa cooperación pasó a ser prioritario para la Casa Blanca desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, porque el gobierno alega que terroristas islámicos responsables de esos ataques obtienen reclutas y refugio en Indonesia, el país con mayor población musulmana.
Esa tesis salió fortalecida tras la investigación de los atentados del 13 de octubre en la meridional isla indonesia de Bali, que causaron la muerte de 187 personas, en su mayoría turistas australianos.
Los atentados en Bali convencieron a muchos legisladores estadounidenses de que el extremismo islámico tiene una peligrosa presencia en Indonesia.
Pero hay fuerte oposición a la reanudación de vínculos con las Fuerzas Armadas indonesias, que están entre las más abusivas y corruptas del mundo según muchas organizaciones humanitarias, y dominan el aparato estatal de su país incluso desde antes del golpe de Estado de Ali Suharto, gobernante hasta 1998.
El Senado rechazó el jueves, por 61 votos contra 36, un proyecto para prohibir la participación de indonesios en el programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET, por sus siglas en inglés), hasta que Yakarta coopere para aclarar los asesinatos de dos maestros estadounidenses en septiembre.
Esos asesinatos se produjeron en la oriental provincia indonesia de Papúa Occidental, junto con el de un maestro indonesio, en una emboscada cerca de una mina de oro explotada por la firma FreeportMcMoRan.
Investigaciones conjuntas de la policía indonesia y agentes de seguridad estadounidenses señalaron como principales sospechosos de esos crímenes a integrantes de las Fuerzas Especiales Indonesias, que habrían adoptado represalias contra Freeport por no pagar lo que le pedían por proteger sus operaciones.
La decisión del Senado se refirió a fondos para entrenamiento de sólo unos 400.000 dólares, pero tuvo gran importancia simbólica.
En octubre, ocho de las principales organizaciones humanitarias indonesias habían expresado gran alarma ante los esfuerzos de la Casa Blanca por reanudar la cooperación militar con su país, en una carta dirigida a congresistas estadounidenses.
Nuestros esfuerzos por lograr reformas sufrirán irreparables daños, y cesará todo posibles esfuerzo de las Fuerzas Armadas para cambiar viejas prácticas, advirtieron en relación con la perspectiva de que Estados Unidos volviera a brindar asistencia a los militares.
Organizaciones no gubernamentales humanitarias estadounidenses como Human Rights Watch también habían expresado firme oposición a la reanudación de actividades del IMET con militares indonesios, y criticaron con dureza la decisión del Senado.
Los militares indonesios han saboteado esfuerzos internacionales para que se haga justicia en casos de crímenes contra la humanidad en Timor Oriental, destacó el coordinador en Washington de la Red por los Derechos Humanos en Indonesia, Kurt Biddle.
También se autoabsolvieron de responsabilidad en el asesinato de dos maestros estadounidenses y la golpiza a una enfermera estadounidense, pese a fuertes indicios en su contra, pero el Senado les otorgó un nivel de apoyo sin precedentes en la última década. ¿Por qué se recompensó su conducta?, preguntó.
La enfermera aludida por el activista se desempeñaba cmo voluntaria en la occidental provincia indonesia de Aceh, donde operan insurgentes separatistas.
Las organizaciones humanitarias saben bien que no habrá verdaderas reformas en Indonesia hasta que los militares se alejen de la política, y renovar vínculos con ellos no contribuirá a ese alejamiento, sostuvo el experto en asuntos indonesios Dan Lev, de la Universidad de Washington, en el noroccidental estado de Seattle.
Funcionarios de Washington arguyen que el ejército indonesio se ha reformado y ya no tiene la incidencia política que ejercía durante el régimen de Suharto.
También sostienen que la interrupción de la asistencia estadounidense puede haber sido contraproducente, al privar a los oficiales indonesios de los cursos sobre derechos humanos incluidos en los programas del IMET.
Aumentar el contacto de los militares de Indonesia con Occidente y con sus pares estadounidenses contribuirá a la democratización de ese país y a la lucha contra el terrorismo, alegó en noviembre Paul Wolfowitz, principal colaborador del secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld.
Wolfowitz fue embajador en Indonesia durante tres años en la década de los 80.
Pero Lev señaló que Indonesia envió muchos oficiales a cursos del IMET y relacionados con éste durante el régimen de Suharto y antes de su instalación.
Se alega que el entrenamiento ayudará a los militares indonesios a comprender la importancia de los derechos humanos y abstenerse de violarlos, pero 40 años de experiencia muestran que esos cursos sólo les pueden haber servido para perfeccionarse en la práctica de abusos, comentó.
Washington quiere creer que el Ejército de Indonesia es controlado por oficiales que apoyan la reforma y el predominio civil, pero otros oficiales de ese país, partidarios de mantener el control militar del Estado e involucrados en actos de corrupción, se sentirán apoyados por Estados Unidos, sostuvo el experto.
Los argumentos para reanudar la cooperación militar son muy similares a los empleados a fines de los años 50, para establecer una alianza con el ejército indonesio en el marco de la Guerra Fría, opinó. (
