Siete personas fueron asesinadas este viernes en la ciudad de Cúcuta, nordeste de Colombia, donde operan guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha.
Otros 13 muertos se contaron esta semana en tres ataques anteriores, también en la zona de Cúcuta, una ciudad de 360.000 habitantes cercana a la frontera con Venezuela.
El informe de la policía local indica que un grupo de desconocidos, cubiertos con pasamontañas al estilo de los paramilitares y guerrilleros, perpetró la matanza de este viernes en dos viviendas de los barrios marginales Camilo Daza y Palmeras.
Entre las víctimas figuran una ama de casa en estado de gravidez y un joven de 17 años que trabajaba como panadero. Ya son 25 las personas asesinadas desde comienzos de enero en Cúcuta por presuntos combatientes irregulares.
Milicias urbanas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los dos principales grupos insurgentes, y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, están presentes en Cúcuta y sus alrededores.
Una fuente de la II División del Ejército, que opera en el nordeste, no descartó la responsabilidad de las FARC en la matanza de este viernes.
Las FARC intensificaron sus ataques en la zona esta semana, con dos atentados en la ciudad de Arauca en menos de 24 horas y un saldo de cinco muertos, entre ellos los dos conductores de los vehículos.
Según el comandante del ejército en el área, general Martín Carreño, los dos atentados en Arauca sugieren una nueva forma de accionar de la guerrilla, consistente en provocar la explosión de los vehículos cuando los conductores aún están en su interior.
Carreño indicó que los dos episodios tuvieron características similares, pues se produjeron en las inmediaciones de zonas bajo control militar. Los organismos de seguridad investigan la vinculación de los dos conductores muertos en los atentados, para establecer si fueron engañados para llevar a cabo la acción o si se trataba de comandos suicidas.
Además, ocho policías murieron el martes y otros tres resultaron heridos en una emboscada de las FARC en la localidad de Quipile, del central departamento de Cundinamarca.
La ministra de Defensa, Martha Ramírez, aseguró que la serie de atentados de esta semana fue un acto desesperado de una guerrilla que se ve derrotada en el campo militar y es rechazada por la ciudadanía.
Estos actos de terrorismo fueron planificados para disuadirnos de nuestra política de recuperar la seguridad para todos los colombianos, y no debemos permitir que eso suceda, dijo Ramírez.
La meta del gobierno es que al finalizar 2003 todas las cabeceras municipales de Colombia cuenten con la presencia de la fuerza pública, para lo cual serán reclutados 35.000 policías y 20.000 soldados.
Las FARC y el ELN, que realiza desde hace tres semanas un paro armado en el departamento de Antioquia, al noroeste de Bogotá, se han propuesto responder a la política de seguridad del gobierno del presidente Alvaro Uribe, según el investigador y analista político Luis Valencia.
Valencia dijo a IPS que los guerrilleros intentan demostrar que los esfuerzos del gobierno por llevarlos debilitados a la mesa de negociación son un fracaso.
El paro armado del ELN ha creado problemas para el abastecimiento de alimentos y medicinas en las localidades afectadas, debido al bloqueo de las carreteras de acceso, advirtió el alcalde del municipio de San Luis, Hernando Martínez. (
