CHILE: Privatización con desigualdad en educación y salud

El mayor porcentaje de fracasos este año en la postulación a las universidades en Chile correspondió a los egresados de las escuelas municipales, en lo que constituye una de las demostraciones más evidentes de la desigualdad creada por la política privatizadora de la educación.

Esa situación se reproduce, con las variables del caso, en la salud, donde también la participación privada impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) está en constante tela de juicio por su nivel de calidad, que se ajusta de modo estricto a la capacidad de pago y al factor de riesgo de sus usuarios.

”En el colegio tuve buenas notas, pero con los puntos que saqué en la PAA (prueba de aptitud académica) me di cuenta de que en Chile hay una educación para pobres y otra para ricos”, dijo a IPS Sandra Zúñiga, de 17 años, quien cursó secundaria en Lo Espejo, uno de los municipios populares del área sur de Santiago.

La PAA es la prueba que se toma en diciembre a los egresados de la enseñanza media y los puntos que se obtengan en ella es fundamental para ingresar a una de las 25 universidades tradicionales, como se llama en este país a los planteles de educación superior estatales o cuyo presupuesto se complementa con aportes públicos.

Juan Luis Moya, egresado del Instituto Nacional, el colegio estatal de mayor renombre, fue el primero de la versión 2002 de la PAA con 830 puntos, mientras que a Sandra le faltaron sólo 12 puntos para alcanzar el mínimo de 450 que se exige para postular a una de esas 25 universidades, afiliadas al Consejo de Rectores.

Al igual que Sandra, 62 por ciento de los 52.477 egresadas y egresados de colegios públicos municipalizados que se presentaron a la PAA no podrán aspirar a seguir estudios en las universidades del sistema público y un alto número tampoco podrá hacerlo en establecimientos privados, por su alto costo.

”Mi única posibilidad ahora es entrar a un instituto profesional (con rango técnico) a sacar en dos años mecánica dental. Es lo que más se acerca a odontología, lo que yo quería estudiar, pero no sé si después me será fácil encontrar trabajo”, dijo la joven.

En contraste con el bajo rendimiento de los liceos municipales, 83,5 por ciento de los 19.114 egresados de colegios particulares pagados que rindieron la PAA obtuvieron una suma de puntos superior a los 450 necesarios.

El 20 de este mes, al culminar el proceso de selección para las 25 universidades, se informó que sólo 25,6 por ciento de los 54.068 seleccionados provenía de la educación municipal, 30 por ciento de colegios privados con subvención estatal y 42,4 por ciento de particulares pagados, donde estudian los hijos de familias de altos ingresos.

La dictadura del general Pinochet, que fragmentó a la Universidad de Chile y a las demás universidades estatales, despojándolas de su carácter nacional, abrió tanto la educación superior como la secundaria a la participación privada, bajo el principio de subsidiariedad del Estado.

Los colegios particulares subvencionados, bajo ese predicamento, reciben aportes estatales según la cantidad de alumnos que se matriculan en ellos, mientras las universidades privadas cuentan también con aportes estatales que aumentan si captan estudiantes que obtuvieron alta cantidad de puntos en la PAA.

Esa situación desata una competencia para la cual se echa mano a todo recurso de mercadotecnia.

En Chile existen unas 40 universidades privadas, tanto de carácter nacional como regional. Algunas están identificadas con conglomerados empresariales o religiosos, como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. La Universidad Bernardo O'Higgins nació al amparo del ejército y tiene como su patrono al propio Pinochet.

Como en la educación, la desigualdad es la faz oscura de la privatización de la salud que la dictadura inició en 1981 con la creación de las instituciones de salud previsional (Isapres), que compiten con el estatal Fondo Nacional de la Salud (Fonasa).

Las Isapres son seguros de salud que se financian con el aporte de siete por ciento de la remuneración que cada trabajadora o trabajador chileno está obligado a destinar como mínimo a la previsión en salud.

Las entidades privadas ofrecen planes de cobertura de acuerdo a las características del cliente.

Así, las mejores ofertas son para quienes por su edad o historial médico y familiar les representan menos riesgos. Los hombres jóvenes, sin hijos y con altos ingresos, pueden acceder a un mejor plan que un padre de cuatro hijos y con una remuneración media.

Pero donde la discriminación es mayor es en el caso de las mujeres en edad fértil, cuyos planes, en el mismo nivel etario y de ingresos de un hombre, pueden ser hasta cuatro veces más caros por el ”riesgo” de la maternidad.

Los planes de las Isapres son tentadores incluso para sectores de bajos ingresos, pues ofrecen precios menores a los de Fonasa por consultas básicas y tratamientos menores, pero castigan con altos cobros o bajos montos de cobertura a las enfermedades complejas o catastróficas.

”Yo abandoné Fonasa en 1994 para ingresar a una Isapre. Estaba muy satisfecho hasta que dos años después le detectaron un cáncer a mi esposa y la cobertura para la quimioterapia era mínima. Tuve que regresar a Fonasa, donde pude cubrir el costo del tratamiento hasta que ella falleció hace dos años”, contó a IPS Hernán Pozo, un taxista.

En cambio, Adolfo Rodríguez, un ingeniero de 50 años con una renta mensual en torno a los 2.000 dólares, se declara satisfecho con el sistema privado. Gracias a la cobertura que le da su Isapre, hace seis meses se operó de la próstata en una clínica privada y pagó apenas el equivalente a 80 dólares.

Loreto Arévalo, una maestra primaria adscrita también al sistema privado, se sometió hace dos años a una compleja cirugía cerebral para remover una malformación que le provocaba crecientes crisis epilépticas.

La operación en una clínica altamente especializada le significó un desembolso propio de unos 5.000 dólares, mientras su Isapre cubrió otros 3.000 dólares.

Arévalo pudo pagar al contado 2.000 dólares y negoció el saldo en cuotas mensuales para lo cual tuvo que dejar como depósito de garantía en la clínica un cheque en blanco, prestado por un familiar.

Pero el incumplimiento del pago de la cuota de noviembre de 2002 hizo que la clínica hiciera efectivo el cheque de garantía por el total de la deuda pendiente, de unos 1.800 dólares.

La maestra, para responderle al titular de la cuenta, tuvo que pedir un préstamo de emergencia a tres años y con un interés mensual de 1,3 por ciento.

”Al final voy a terminar pagando un 50 por ciento más (2.700 dólares) de lo que era el monto de la deuda pendiente”, comentó Arévalo a IPS.

La satisfacción de los usuarios de un sistema de salud se mide, de acuerdo a parámetros de la Organización de las Naciones Unidas, por la calidad de la atención y el acceso a los servicios.

Esos factores son vinculados, a su vez, al nivel de ingreso de los usuarios, todo lo cual configura lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina equidad de la receptividad.

La OMS sitúa a Chile en el lugar 45 en el mundo en cuanto a logros generales en el proceso de salud, pero en cuanto a equidad de la receptividad, este país está en el puesto 103, según una encuesta entre informantes clave realizada por la propia organización en 2000. (

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