La Corte Suprema de Justicia de Chile ratificó este martes el levantamiento de la inmunidad penal de cinco legisladores oficialistas acusados de cobrar coimas y sobornos, con lo cual dejó al gobierno con la precaria mayoría de un voto en la Cámara de Diputados.
La decisión del máximo tribunal fue un duro golpe para la Concertación por la Democracia que gobierna este país desde el restablecimiento de la democracia en 1990, acosada también por el arresto del ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, quien fuera un estrecho colaborador del presidente Ricardo Lagos.
Los cinco parlamentarios quedaron a disposición de los tribunales y suspendidos de sus cargos legislativos, una decisión que reduce la representación de la coalición centroizquierdista en la Cámara de Diputados a 58, contra 57 de los dos partidos de la oposición derechista, agrupados en el pacto Alianza por Chile.
El juez Carlos Aránguiz, que está procesando a Cruz por un supuesto fraude al fisco por 445.000 dólares, fue quien solicitó también el desafuero (cese de inmunidad) de los cinco diputados, aprobado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de la ciudad de Rancagua y ratificado ahora por la Corte Suprema.
Entre los cinco parlamentarios desaforados se encuentra Juan Pablo Letelier, vicepresidente del Partido Socialista (PS) e hijo de Orlando Letelier, el ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-1973) asesinado en 1976 en Washington por los servicios secretos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 1990).
Los otros cuatro diputados que serán sometidos a proceso por Aránguiz son Cristián Pareto y Jaime Jiménez, expulsados del Partido Demócrata Cristiano, Víctor Manuel Rebolledo, del Partido Por la Democracia (PPD), y Eduardo Lagos, del Partido Radical Socialdemócrata.
Tanto Rebolledo como Lagos fueron suspendidos como militantes por sus respectivas colectividades, que podrían adoptar ahora sanciones más duras, al contrario de Letelier, respaldado de manera categórica por el PS.
El presidente Lagos, aparentemente informado con antelación del fallo de la Corte Suprema de Justicia, dijo antes de que éste se hiciera público que se debe terminar con actos irregulares y ratificó la independencia de los tribunales.
Si hay situaciones inadecuadas, los tribunales hacen su tarea y el gobierno hace lo suyo, que es tener un Estado y un gobierno en condiciones de hacer bien las cosas y, lo más importante, con transparencia, porque este es un país de gente honesta, agregó el mandatario, líder natural del bloque PS-PPD.
Más tarde, el ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, Heraldo Muñoz, confirmó en una declaración oficial que se deben acatar los fallos de los tribunales, aunque advirtió que el desafuero no implica culpabilidad sino simplemente la facultad de abrir proceso contra los afectados.
El pronunciamiento oficial insistió también en la necesidad de transparentar tanto la función pública como los gastos políticos en Chile, mediante leyes que regulen el lobby o cabildeo y el financiamiento de las campañas electorales.
El caso coimas, como se denomina al escándalo en que están envueltos los cinco diputados, tuvo su origen en sobornos a un empresario de una planta de revisión técnica de vehículos motorizados en la meridional ciudad de Rancagua, a 90 kilómetros de Santiago, para financiar candidaturas en los comicios legislativos de diciembre de 2001.
Los montos de dinero comprometidos en el caso, del orden de los 25.000 dólares, no resultan significativos frente a actos de corrupción en otros países, pero el episodio tuvo un gran impacto político que perjudica notoriamente a la gobernante coalición de centroizquierda.
Lagos, cuyo mandato termina en marzo de 2006, está obligado ahora a buscar consensos con la derecha para asegurar la aprobación de varias leyes de la llamada Agenda pro crecimiento, así como reformas para democratizar la Constitución autoritaria, heredada de la dictadura del general Pinochet.
La Concertación por la Democracia conquistó 63 de los 120 escaños de la Cámara de Diputados en las últimas elecciones legislativas, contra 57 de la oposición derechista, pero ahora su bancada quedó reducida a 58 legisladores.
En el Senado, que se compone de 38 legisladores elegidos por voto popular, nueve designados en representación de diversas instituciones y uno vitalicio, el ex presidente Eduardo Frei, existía un empate entre ambos bloques hasta fines de 2002.
Pero la expulsión de las filas del PPD del senador Nelson Avila, quien entró en conflicto con su partido y el gobierno, dejó en minoría al oficialismo en esa cámara alta.
Resta ahora esperar el curso del proceso que abrirá el juez Aránguiz y el veredicto final de los tribunales para saber si alguno de los cinco diputados desaforados por la Corte Suprema de Justicia podría recuperar su sillón parlamentario en caso de ser declarado inocente.
Los 16 magistrados del máximo tribunal votaron uno a uno los casos y aprobaron por unanimidad el cese del fuero penal de los ex democristianos Jiménez y Pareto, lo cual hace suponer que existen mayores presunciones de que estos parlamentarios cometieron los delitos de los cuales los acusa Aránguiz.
El desafuero de Rebolledo fue aprobado también por una amplia diferencia de 15 votos a uno, mientras que el de Letelier se resolvió por 10 votos a seis y el de Lagos por nueve votos a siete. (
