El gobierno de Argentina informó sobre una disminución del porcentaje de desempleados porque no contó entre ellos a quienes reciben un precario subsidio, justamente por estar desocupados.
Por otra parte, en los últimos seis meses aumentó dos millones el número de los pobres, que ya son casi 60 por ciento de la población.
Los planes asistenciales lanzados por el presidente Eduardo Duhalde, destinados a unos 800.000 jefas y jefes de hogar desempleados y con hijos a su cargo, consisten en un subsidio de unos 45 dólares por mes, menos de la mitad de lo necesario para la alimentación básica de una pareja con dos hijos.
El gobierno alega carecer de recursos para aumentar ese subsidio o para apoyar a otros sectores de la población muy afectados por la pobreza, como los jóvenes, los ancianos o los adultos sin hijos a su cargo.
La recepción del subsidio implica una contraprestación laboral, sin cobertura médica ni de seguridad social, y por lo tanto sus beneficiarios están en situación equivalente a la del creciente número de trabajadores informales, que son 40 por ciento del total de los ocupados.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) cuenta a quienes reciben el subsidio como parte de la población ocupada, y eso fue determinante para que el registro oficial de desempleo descendiera de 21,5 por ciento en mayo a 17,8 por ciento en octubre, en una población económicamente activa de 15,5 millones de personas.
Ese organismo incluye a las 798.000 personas beneficiarias del subsidio de 45 dólares mensuales entre los 11,8 millones que reciben un salario.
Las principales causas del aumento de la pobreza en 2002 fueron que el poder adquisitivo de los salarios cayó 24 por ciento, y los precios de alimentos básicos se incrementaron 71,4 por ciento.
Según el INDEC, seis de cada 10 argentinos son pobres, una proporción sin precedentes.
Eso significa que viven en la pobreza más de 21 millones de personas, y casi la mitad de ellas están en la indigencia, es decir que ni siquiera llegan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
El INDEC considera pobre a la familia tipo de padre, madre y dos hijos con ingresos menores de 200 dólares, o sea que no puede pagar necesidades básicas de alimentos y servicios, e indigente a la familia tipo con ingresos menores de 100 dólares, que carece del dinero necesario para adquirir alimentos básicos.
En la actualidad hay 7,3 millones de pobres más que en octubre de 2001, y 10 millones más que en 1998.
Las provincias más afectadas son las del norte. En la de Formosa, los pobres son más de 80 por ciento de la población, y en las de Chaco, Jujuy y Misiones, más de 70 por ciento.
La pobreza afecta a 55 por ciento de la población de la capital y su zona metropolitana, y en algunas zonas periféricas que integran esa área urbana, a más de 74 por ciento.
Esa región, que era considerada la más próspera del país, tiene en la actualidad unos 12,3 millones de habitantes, de los cuales casi 6,7 millones son pobres, y de ellos tres millones son indigentes.
Las niñas y los niños son las principales víctimas de la crisis social, y muchas de las familias numerosas del país están entre las más pobres. Según los datos del INDEC, 75 por ciento de la población de menos de 14 años vive en la pobreza.
El aumento del trabajo informal y la disminución del formal implica que cada vez más personas carezcan de beneficios de seguridad social, entre ellos servicios médicos y seguros contra accidentes laborales.
Esa tendencia persiste a pesar de la caída de los salarios, que podría acompañarse de un aumento de la demanda de empleados, y de las rebajas de impuestos y aportes al sistema de previsión social que el gobierno ha concedido a los empleadores, con el objetivo de incentivar la creación de puestos de trabajo.
Además, el auge del trabajo informal afecta en forma my negativa los ingresos fiscales. La Administración Federal de Ingresos Públicos, el organismo recaudador nacional, informó que la evasión asociada con ese fenómeno es más de 3.500 millones de dólares anuales.
Por otra parte, y según estudios privados, los despidos y las suspensiones descendieron en diciembre, cuando sólo 2.300 personas fueron despedidas y otras 8.700 fueron suspendidas.
Según especialistas, eso se debió a que la caída de la actividad económica se frenó, ante todo por por la leve reactivación causada por la necesidad de sustituir importaciones.
De todos modos, durante 2002 perdieron sus empleos casi medio millón de personas. (
