La corrupción carcome cada vez más la credibilidad de la democracia y la política en América Latina, aunque algunos países muestran avances en su lucha contra este flagelo, señaló este miércoles Transparencia Internacional.
El Informe Mundial sobre la Corrupción 2003 elaborado por esa organización no gubernamental advirtió que América del Sur sigue siendo percibida como una de las regiones más – – si no la más – – corrupta del mundo, un concepto similar al señalado en 2002.
Tampoco América Central, México y el Caribe han conseguido hacer retroceder a los corruptos, por lo cual se profundiza entre los latinoamericanos la desconfianza en la democracia y en el sistema de partidos políticos, apunta el estudio.
Sin embargo, Transparencia Internacional destacó que en el mundo los corruptos se están quedando sin lugares donde esconderse, debido a la mayor eficacia de la prensa, al flujo más rápido de la información y a la acción decidida de las organizaciones de la sociedad civil.
El capítulo sudamericano del informe divulgado este miércoles indica que esta región está afectada por una grave crisis económica y social y por el rechazo popular a los líderes políticos.
El persistente azote de la corrupción nutrió las raíces de este descontento y contribuyó a agravar los problemas económicos, añade.
Las constantes denuncias de casos de corrupción, en medio de la crisis económica, fueron erosionando la credibilidad de las instituciones y la ya frágil confianza pública en el proceso político, sostiene el estudio, que se apoya en varias encuestas en la región.
Uno de esos trabajos, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, señala que la insatisfacción de los latinoamericanos con las reformas económicas es creciente, particularmente en la clase media, y que sólo uno de cada dos entrevistados manifestó creer que la democracia fuera la mejor forma de gobierno.
No obstante esa desilusión por la democracia, Transparencia detectó avances en la lucha contra la corrupción en la región, por iniciativa de algunos gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil y, particularmente, de la prensa pese a que muchas veces es sometida a intimidaciones y ataques.
El Informe Mundial sobre la Corrupción 2003 también apuntó que existe mayor cautela de parte de los organismos multilaterales y las agencias de cooperación a la hora de prestar dinero a gobiernos bajo sospecha y, en cambio, han destinado más recursos para programas que buscan la transparencia gubernamental.
Asimismo, la Organización de Estados Americanos comenzó el año pasado a seguir de cerca la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y a elaborar informes que servirán para presionar a los gobiernos a que cambien aspectos considerados insatisfactorios de su gestión.
En este sentido, el estudio resalta los esfuerzos realizados en Perú, en especial respecto de las investigaciones en torno al caso de Vladimiro Montesinos, ex jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Las autoridades peruanas no sólo lograron la detención en junio de 2001 de Montesinos e iniciarle más de 60 causas judiciales sino también la restitución de parte del dinero depositado en cuentas bancarias de Suiza, al parecer producto de actos de corrupción y otros delitos de ese ex funcionario.
Transparencia precisó que existen unos 240 procesos iniciados en ese país por posibles actos de corrupción cometidos durante la administración de Fujimori, en los que aparecen involucradas unas 1.300 personas.
Según datos preliminares recogidos en el estudio, se presume que el propio Fujimori, actualmente asilado en Japón, se habría apropiado de unos 180 millones de dólares de las arcas públicas.
Pero esos resultados no han podido vencer la desconfianza de la sociedad peruana respecto de la honestidad de sus gobernantes.
Encuestas citadas en el informe indican que 75 por ciento de los consultados cree que la corrupción persistirá en ese país, y esa apreciación pareció sustentarse en acusaciones contra el actual presidente Alejandro Toledo por la forma en que procuró privatizar empresas que había prometido mantener estatizadas.
Mientras, en el resto de la región aparecen presidentes, ex mandatarios y funcionarios involucrados en procesos por corrupción.
Es el caso de funcionarios del gobierno boliviano de Hugo Banzer (1997-2001), fallecido el año pasado, del actual presidente de Paraguay, Luis González Macchi, y de su antecesor en el cargo, Juan Carlos Wasmosy.
En Argentina, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) permaneció en prisión domiciliaria por seis meses en 2001, acusado de tráfico ilegal de armas y lavado de dinero.
Menem también enfrenta una causa judicial iniciada el año pasado por haber recibido supuestamente 11 millones de dólares del gobierno de Irán para que ocultara la presunta participación de ese país en el atentado contra una mutual judía en 1994 en Buenos Aires, donde murieron 87 personas.
Problemas similares con la justicia argentina debió enfrentar Domingo Cavallo, ministro de Economía en los comienzos del gobierno de Menem y también durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), que estuvo detenido en 2002 en relación a la misma causa de contrabando de armas.
El informe de Transparencia Internacional señala, además, que en Brasil se registraron avances en la lucha contra la corrupción durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002),.
Sin embargo, advierte que la mayoría de los brasileños encuestados cree que la corrupción sigue en ascenso y se basan sobre todo en las denuncias de fraude que obligaron a renunciar a la candidatura presidencial a Roseana Sarney para las elecciones de octubre, donde resultó triunfador Luiz Inácio Lula da Silva.
Por su parte, Colombia sufrió las trágicas consecuencias del robo de los políticos por décadas, aseguró Transparencia, tras indicar que una encuesta de febrero de 2002 realizada por el Banco Mundial reveló que en 50 por ciento de los contratos de privados con el estado se pagaron sobornos.
En América Central, el Caribe y México se registraron numerosas iniciativas en favor de la lucha contra la corrupción, pero con muy escasos resultados, puntualiza el informe.
Ese frustrado accionar anticorrupción también debilita la confianza de la gente en la democracia y en el sistema de partidos políticos, alerta.
El estudio sostiene que en América Central y el Caribe existen asimetrías en la lucha contra los corruptos. Este flagelo es infrecuente en Costa Rica, mientras que persiste o crece en Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Puerto Rico.
En tanto, en México se destacan importantes avances, gracias a las medidas anticorrupción adoptadas por el gobierno de Vicente Fox.
También en el área centroamericana se abrieron procesos contra ex presidentes, al tiempo de que candidatos presidenciales que prometieron combatir contra la corrupción luego fueron centro de denuncias y acusaciones por mal manejo de fondos de sus campañas electorales.
En la lista de acusados por corrupción aparecen los ex presidente Rafael Callejas, de Honduras (1990-1994), Leonel Fernández, de República Dominicana (1996-2000), y Oscar Alemán, de Nicaragua (1997-2002). Sus sucesores tampoco hacen mucho por diferenciarse, se lamenta Transparencia Internacional. (
