La existencia de 597 áreas protegidas en América Central y el sudeste de México es insuficiente para preservar esa región, conocida como Mesoamérica, que alberga casi 10 por ciento de la diversidad biológica del planeta y es habitada por más de 40 millones de personas, la mayoría pobres.
A pesar de la declaratoria, sólo unas pocas áreas selectas cuentan con marcos legales e institucionales para conservar la biodiversidad y generar, a largo plazo, bienes y servicios necesarios para el desarrollo comunitario, aseguran diversas investigaciones.
El establecimiento de áreas protegidas en estas condiciones no salvará, por ejemplo, los ecosistemas boscosos, sometidos a una deforestación de 44 hectáreas por hora. Si la tendencia continúa, podrían extinguirse para 2015, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
La deforestación que amenaza la reserva boscosa de Bosawas, en Nicaragua, las prácticas depredadoras que someten a los manglares hondureños en el golfo de Fonseca, y la destrucción de Montes Azules, en la selva Lacandona de Chiapas, México, son sólo algunos de los desafíos que afronta la región.
En los últimos 30 años, los gobiernos de Mesoamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas) declararon 597 áreas protegidas con el fin de frenar la pérdida de hábitat.
Pero la mitad de estas zonas carece de personal, sólo 12 por ciento dispone de programas de gestión, la mayoría está mal delimitada y apenas unas cuantas decenas poseen proyectos de investigación.
Según el Pnuma, la falta de crecimiento económico sostenido amenaza con perpetuar la pobreza rural que, a su vez, seguirá ejerciendo una gran presión sobre los recursos naturales y las áreas protegidas débilmente resguardadas.
A juicio de organizaciones ecologistas, el mayor enemigo de la región – – que conforma un solo ecosistema natural y cultural – – son las políticas ambientales que siguen una dinámica de protección- destrucción.
Estos asuntos estarán sobre la mesa durante el Primer Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas, que se llevará a cabo en Managua del 10 al 14 de marzo, y que emitirá una declaración sobre los compromisos regionales para proteger la biodiversidad en los próximos 15 años.
El encuentro deberá discutir medidas para abatir la creciente fragmentación de hábitat naturales, una de las causas fundamentales de la extinción de especies.
Justamente ese es el propósito del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), creado en 1997, para interconectar las reservas y dar continuidad a su diversidad biológica.
El programa de consolidación del CBM cuenta con un presupuesto de 16 millones de dólares para cinco años, financiados en parte por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
Sin embargo, en algunos sectores ambientalistas campea el escepticismo. La sociedad civil tiende a reducir su participación en estos ámbitos, desalentada por la ausencia de decisiones eficaces, declaró a Tierramérica el poeta mexicano Homero Aridjis, presidente del ecologista Grupo de los Cien Internacional.
Aridjis y el Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez entregaron en 1991 a la Primera Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado una propuesta que recomendaba establecer un parque eco-arqueológico mexicano-guatemalteco para asegurar la preservación de la gran selva tropical de Chiapas y El Petén, relató el activista.
Pero los mismos gobiernos no respetan lo que dicen proteger y convierten los decretos en letra muerta, sostuvo.
Está el caso de Montes Azules, en el conflictivo estado mexicano de Chiapas, que, según Aridjis, es una reserva virtualmente destruida, por taladores, latifundistas y los propios indígenas que ignoran por completo la declaratoria de protección.
En Nicaragua, de continuar el ritmo de deforestación que amenaza a Bosawas, una de las áreas protegidas más grandes de América Central, ésta podría dejar de pertenecer a la red de reservas de biosfera a la que fue incorporada en 1997 por el Fondo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Silvia Argüello, especialista del no gubernamental Centro Humboldt, advirtió del peligro que acecha Bosawas. No hay control sobre la extracción de madera en esa zona, que además es ruta de tráfico de estupefacientes, dijo a Tierramérica.
Desde 2001, Nicaragua perdió 73.000 hectáreas de bosque, según datos oficiales, a causa de la actividad agrícola, los incendios y la secuela de huracanes, sequías e inundaciones.
En la biosfera del río plátano, en los departamentos hondureños de Olancho y Mosquita, grupos ambientales luchan por evitar la extinción de importantes especies de animales como el águila arpía, única en el mundo.
Entretanto, en el golfo de Fonseca, al sur de Honduras sobre el Pacífico, las empresas camaroneras siguen depredando los manglares y los ecosistemas, a punto casi de extinguirlos, dijo a Tierramérica Jorge Varela, del Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del golfo.
Un discurso oficial menos teórico y más práctico pidió Varela, convencido de que el diálogo puede ayudar a salvar los recursos en Honduras.
El gobierno de Honduras convocó a grupos sociales e instituciones académicas a confeccionar, a fines de febrero, una agenda común para la reunión de Managua, informó Conrado González, de la estatal Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal.
La de Managua es una reunión preparatoria para la quinta cumbre mundial en la materia, que tendrá lugar este año en Sudáfrica.
El debate ha ido evolucionando, ahora se comprende que declarar áreas protegidas no significa cerrar las puertas al desarrollo, sino abrir el camino para mayores oportunidades económicas, dijo a Tierramérica Teresa Zúñiga, del comité organizador de la cita.
* Publicado originalmente el 25 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. Contribuyeron en este artículo Thelma Mejía (Honduras) y Nohelia González (Nicaragua). (
