Colombia finalizará 2002 en medio de la profundización de la pobreza y el clamor de paz de la sociedad civil, mientras coletazos de la guerra civil se hacen sentir en los países vecinos.
Entre 1999 y este año, la pobreza extrema pasó de 23 a 26 por ciento de los 42 millones de colombianos, según el Reporte de pobreza para Colombia 2002, elaborado por el Departamento de Planeación y el Departamento Nacional de Estadísticas.
Mientras en 1995 la pobreza afectaba a 60 por ciento de la población, en 1999 llegó a 64 por ciento, y a 67 por ciento en 2001. Entre 1999 y 2002, la pobreza urbana pasó de 55 a 59 por ciento, y la rural de 79 a 80 por ciento.
En 1995 el ingreso por persona equivalía a 91,2 dólares mensuales, mientras en 2001 se contrajo a 86 dólares.
Este panorama es atribuido por autoridades a la crisis económica y al aumento del desempleo, que al finalizar 2002 afecta a 16,4 por ciento de la población económicamente activa.
El producto interno bruto creció levemente de 1,4 por ciento en 2001 a 1,9 por ciento este año.
Las perspectivas no son buenas para los trabajadores, debido a las reformas en los terrenos tributario, laboral y previsional, que el gobierno pondrá en vigor desde el 1 de enero, aseveran algunos críticos.
Según el senador independiente Antonio Navarro, a raíz de estas reformas los colombianos tendrán que pagar más impuestos, recibirán menos salario por trabajar horas extra y aportarán mayores sumas a la seguridad social para obtener jubilaciones menores.
La reforma laboral, que afecta los ingresos de seis millones de trabajadores y alivia las cargas salariales de los empresarios, permitirá crear 550.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años, de acuerdo al ministro del Trabajo, Luis Londoño.
En virtud de la nueva legislación, la jornada laboral diurna se extenderá de 06.00 a 20.00, hora local (10.00 a 03.00 GMT), ampliando notablemente la actual jornada de 08.00 a 16.00 (12.00 a 23.00 GMT), fuera de la cual los trabajadores reciben un pago extra de 35 por ciento, eliminado por la nueva ley.
También se reduce el pago extraordinario por trabajo en días feriados, y las indemnizaciones por despido injustificado.
Por otra parte, el aporte de los trabajadores al sistema jubilatorio aumentará de 13,5 a 14,5 por ciento desde enero de 2004, se reducirán los montos de las prestaciones y, desde 2015, se ampliará la edad mínima para el retiro.
Por otra parte, el impuesto al valor agregado se extenderá a los productos de la canasta básica hasta ahora exentos, como atún y sardinas en lata, cereales, chocolate, maíz, leche y harina, con un gravamen de siete por ciento hasta 2005, y de 10 por ciento a partir de ese año.
Mientras, la paz sigue inalcanzable para Colombia. En 2002, la insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FRAC), de izquierda, desestimó la oferta del presidente Alvaro Uribe de iniciar negociaciones con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas.
El también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda organización armada, sostuvo algunos contactos con el gubernamental comisionado de paz, Luis Restrepo, pero sin mayores progresos.
Sólo uno de los actores armados, las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de derecha, dispuso un cese de hostilidades indefinido, como muestra de disposición a dialogar con el gobierno.
A juicio de Luis Valencia, docente en Ciencias Políticas de la estatal Universidad Nacional, ni a corto ni a mediano plazo hay, hasta el momento, posibilidad de diálogo y lo que se vislumbra es una mayor confrontación.
Valencia dijo a IPS que tanto el gobierno como la insurgencia están apostando al fortalecimiento militar en toda su dimensión, y es muy difícil así pensar que es posible la vía de la negociación.
No obstante, para Daniel García-Peña, de la organización no gubernamental Planeta Paz, aunque hay razones para el pesimismo, no debe abandonarse en ningún momento el horizonte de una solución negociada al conflicto.
La decisión de las AUC supone algo novedoso, pero todavía es un proceso incipiente y lo importante será avanzar hacia la posibilidad de desmontar el paramilitarismo y evitar que este proceso se convierta en una forma de fortalecer la impunidad y propiciar la guerra, dijo García-Peña.
Otros sectores de la sociedad civil coinciden en el reclamo de consolidar mecanismos para avanzar en acuerdos humanitarios que permitan reducir la intensidad del conflicto.
Ana Bernal, coordinadora de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), que aglutina a unas 30 organizaciones, exhortó a la sociedad a no descartar la salida negociada.
Se debe negociar por encima de todo. No debemos responder a la guerra con más guerra. La salida política, el diálogo, los acercamientos humanitarios, y frenar el desangre son una prioridad, señaló Bernal.
Los más escépticos estiman que el propósito gubernamental de obtener resultados tangibles en la confrontación militar aleja la posibilidad de una solución negociada de la guerra civil.
Desde que asumió el cargo, Uribe desplegó una estrategia de contrainteligencia, con una red de informantes, pagada con fondos del Estado, vínculos entre campesinos y el ejército y la creación de un nuevo impuesto para fortalecer las Fuerzas Armadas.
La agudización del conflicto, más visible con la escalada de atentados guerrilleros en las ciudades, en coincidencia con la asunción del gobierno de Uribe, puso en alerta a los países vecinos que, de diversas maneras, padecen los coletazos de la confrontación.
A fines de agosto, luego que Uribe impuso el estado de conmoción interior, Venezuela movilizó 7.000 soldados a la frontera común de 2.200 kilómetros, para reforzar la seguridad a cargo de otros 20.000 efectivos.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es acusado por sectores opositores de su país de simpatizar con la guerrilla colombiana y de tolerar supuestos campamentos de los rebeldes en territorio venezolano.
También Ecuador reforzó la vigilancia de su frontera con el envío de 6.000 efectivos, mientras las Fuerzas Armadas de Perú intensificaron el patrullaje fluvial y aéreo en la región amazónica limítrofe con Colombia.
Pero no sólo hombres armados cruzan las fronteras.
En los últimos dos años, unos 37.000 colombianos pasaron a Ecuador, Venezuela y Panamá para proteger sus vidas, según Jorge Rojas, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Un informe de Codhes, basado en registros oficiales de esos países, indica que casi 6.000 ciudadanos solicitaron asilo como refugiados y unos 1.800 fueron aceptados, la mayoría en Ecuador.
Por tanto, concluye Codhes, sólo quince de cada cien colombianos o colombianas que cruzan la frontera en busca de refugio y protección presentan solicitan oficialmente asilo a los gobiernos de los países vecinos, y apenas cinco obtienen la condición de refugiado.
De acuerdo a Rojas, estos colombianos ven limitados sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y soportan el estigma de ser señalados como terroristas o narcotraficantes. (FIN/IPS/yf/dcl/ip/02
