Las autoridades de Ecuador estudian la deportación del ambientalista italiano Giuseppe De Marzo, detenido el martes junto a otros activistas ecuatorianos opuestos a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Los ecologistas fueron detenidos cuando, disfrazados como trabajadores del OCP, tomaban fotografías sobre los efectos ambientales de la obra del oleoducto en el tramo del nororiental bosque de Mindo-Nambillo.
La organización ambientalista de Mindo, Acción por la Vida, reaccionó con una protesta en la que participaron representantes de Acción Ecológica, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), estudiantes universitarios y activistas.
Los manifestantes se reunieron en una de las vías de acceso abiertas por el consorcio OCP Limited, constructor del oleoducto, para bloquear el ingreso al bosque Mindo-Mambillo.
La protesta es contra la construcción del oleoducto y para respaldar a los ecologistas detenidos, señalaron los activistas.
Giuseppe De Marzo es responsable del área de América Latina en la italiana Federación de los Verdes y el no gubernamental Observatorio Permanente del Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI).
El Observatorio, conformado por organizaciones ecologistas de Italia y el Partido Verde, tiene como propósito revisar las actividades del ENI, que participa en la construcción del OCP a través de su filial Agip Oil.
También forman parte de OCP Limited las compañías Alberta Energy, de Canadá, Repsol-YPF, de España, Kerr McGee y Occidental Petroleum, de Estados Unidos, y Techint, de Argentina.
De Marzo es uno de los promotores de la campaña contra el OCP en Italia lanzada en enero, durante el Foro Social Mundial que se desarrolló en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, Brasil, y auspiciada por más de 20 organizaciones no gubernamentales.
Los activistas italianos efectuaron varias visitas a Ecuador, recorrieron la ruta del ducto, visitaron comunidades que serán afectadas por el trazado, se entrevistaron con alcaldes y dirigentes sociales y recogieron evidencias de la contaminación petrolera en la nororiental provincia de Sucumbíos.
El OCP es un peligro para la vida porque no cumple siquiera las normas ambientales exigidas por el Banco Mundial, dijo De Marzo.
A su juicio, este tipo de proyectos nunca sería permitido en Italia.
Agip Oil también es acusada de celebrar contratos violatorios de derechos colectivos de los pueblos indígenas en zonas donde pretende explotar petróleo.
El paso del oleoducto de 600 kilómetros, que se espera transportará un promedio diario de 450.000 barriles de petróleo rumbo al océano Pacífico, afectará a unas 40 comunidades de indígenas, campesinos y pescadores.
En marzo, 17 activistas de Greenpeace y de Acción Ecológica que se encadenaron a los árboles para obstaculizar las tareas de construcción, fueron detenidos por fuerzas especiales de la policía.
Greenpeace se sumó a Acción Ecológica, que en febrero instaló sus campamentos en la copa de árboles del cerro Guarumos, en Mindo- Nambillo.
El ministro de Energía y Minas, Pablo Terán, acusó a los activistas de ser extremistas que se oponen al progreso.
Desde enero Greenpeace se movilizó en Alemania para impedir que el Westdeutsche Landesbank (WestLB), otorgue un crédito de 900 millones de dólares para financiar el OCP.
Las protestas lograron que el gobierno del estado alemán de Renania del Norte/Westfalia, propietario de 43 por ciento de las acciones del WestLB, dejara en suspenso el financiamiento hasta comprobar los efectos ambientales del oleoducto.
En mayo, un grupo de ambientalistas y propietarios de terrenos ubicados en Mindo-Nambillo, fueron detenidos por obstruir el paso del oleoducto.
César Fiallos, uno de los tres propietarios detenidos, exhibió ante la prensa los títulos de propiedad de un terreno de 840 hectáreas por donde pasa el oleoducto, y exigió que la empresa constructora retirara la maquinaria del lugar.
Fiallos, nuevamente detenido el martes junto a De Marzo, aseguró que el OCP no negoció derechos de paso con los propietarios de esas tierras, y por eso no puede utilizarlas.
Nadie nos compró las tierras, nadie pagó por ningún derecho de vía, y el Estado no llegó a ningún arreglo de expropiación con nosotros, que somos los propietarios, por lo tanto están invadiendo propiedad privada, arguyó Fiallos.
Ambientalistas, diputados y periodistas italianos ocuparon en junio las oficinas de Agip Oil en Quito.
En julio, las autoridades deportaron a la ambientalista estadounidense Julia Hill, detenida con otros siete activistas ecuatorianos que protestaban frente a la sede de la petrolera estadounidense Occidental.
En reiteradas oportunidades el presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, acusó a Acción Ecológica de obstruir un proyecto que proporcionará importantes beneficios económicos al país.
Noboa sostuvo incluso, en 2001, que declararía guerra a los ecologistas trinchera por trinchera, si no cesaban sus acciones contra la obra.
Antes sabíamos como se llamaban. Sabíamos que era (la) extrema izquierda, ahora se llaman verdes, ecologistas, alegó Noboa en esa oportunidad.
La zona de Mindo-Nambillo pertenece a la región única de bosque humedo conocida como Chocó Andino, que se extiende hasta Colombia y es considerada un santuario de diversidad biológica. (FIN/IPS/kl/dcl/en/dv/02
