El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por el maltrato y las muertes de presos en Egipto.
El organismo con sede en Ginebra tomó nota del maltrato y la tortura de los detenidos por el departamento de investigaciones para la seguridad del Estado de Egipto, además de las numerosas muertes de presos en custodia.
El Comité pidió la visita de un relator especial de la ONU a este país y exigió las autoridades que se aseguren de que todos los detenidos tengan acceso inmediato a un médico, a un abogado y a sus familiares.
El gobierno de Hosni Mubarak debe reconsiderar el mantenimiento del estado de emergencia, vigente desde el asesinato del presidente Anwar el-Sadat a manos de radicales islámicos hace 21 años.
El marco legal de excepción da a los funcionarios de seguridad amplias potestades para arrestar a sospechosos y mantenerlos incomunicados.
Egipto es uno de los 131 países firmantes de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, acordada en 1987.
El Comité, creado para vigilar el cumplimiento del tratado e integrado por 10 expertos independientes, recibe informes periódicos de los países para evaluar sus esfuerzos hacia la erradicación de la tortura y el maltrato de detenidos y presos.
En su sesión de este año, que se desarrolló entre el 12 y el 23 de este mes, el Comité afirmó estar al tanto de las dificultades con que se enfrenta Egipto en su prolongada lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, el órgano advirtió que no deberían invocarse circunstancias excepcionales como justificación para la tortura, y expresó preocupación por las posibles restricciones a los derechos humanos que puedan resultar de medidas tomadas con ese propósito.
La directora de la filial británica de la organización humanitaria Amnistía Internacional, Kate Allen, dijo que personas de todos los sectores son constantemente sometidas a violaciones de derechos humanos si son detenidos en Egipto.
La activista advirtió que las salvaguardias existentes son insuficientes, y frecuentemente se las pasa por alto invocando los procedimientos del estado de emergencia.
El Comité contra la Tortura revisó junto con una delegación del gobierno de Egipto el cuarto informe periódico de este país.
La representante permanente de Egipto ante la ONU, Naela Gabr, dijo que el gobierno había cumplido con sus obligaciones en el marco de la Convención y cooperado con los funcionarios del foro mundial.
El relator especial de la ONU sobre tortura no había visitado Egipto por incompatibilidad de agendas y el gobierno de Mubarak nunca objetó tal visita, aseguró Gabr.
El Comité manifestó su preocupación por que los centros de detención no han sido objeto de inspección a cargo de un organismo indenpendiente, pero Gabr afirmó que todas ellas estaban abiertas a visitas inesperadas de funcionarios de la Fiscalía.
Los inspectores aseguraron que los encargados de las cárceles respetan los derechos de los detenidos y presos, y que los culpables de abusos son castigados, sostuvo Gabr.
Dos policías fueron condenados a tres años de prisión el mes pasado por la tortura y muerte de un prisionero a quien querían arrancar una confesión de robo.
La delegación egipcia aseguró que la ley de emergencia ha sido necesaria para impedir actos terroristas desde 1981. Pero organizaciones de derechos humanos alertaron que ese marco legal constituye el principal obstáculo para su trabajo en Egipto.
Consideramos la ley de emergencia el principal instrumento para violar los derechos humanos en Egipto, dijo el secretario general de la Organización Egipcia de Derechos Humanos, Hafez Abú Sa'ada.
Permitir a los funcionarios de seguridad mantener 30 días incomunicada a una persona equivale a darles licencia para torturar, sostuvo Sa'ada. El agente penitenciario tiene la posibilidad de esperar que desaparezca la evidencia de tortura antes de liberar al detenido, afirmó.
El Comité contra la Tortura aplaudió la recién aprobada prohibición de las golpizas a los presos, y la negativa de los tribunales a aceptar confesiones extraídas mediante tortura.
Además, el órgano de la ONU indicó que están en curso esfuerzos del gobierno por brindar a funcionarios públicos, policías y fiscales educación en materia de derechos humanos. (FIN/IPS/tra- eng/cm/ss/mj/hd/02
