El fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, socavó severamente la capacidad de su oficina para investigar a militares y paramilitares derechistas acusados de violar los derechos humanos, aseguró este viernes la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
La fiscalía colombiana fue objeto de varias purgas desde que Osorio asumió su cargo el 31 de julio de 2001, y eso interrumpió avanzadas investigaciones sobre militares y paramilitares, afirmó HRW, con sede en Nueva York, que obtuvo su información en entrevistas con el fiscal general y subalternos, actuales y retirados.
HRW también sostuvo que Osorio no protegió de manera adecuada a los investigadores y fiscales asignados a casos clave y amenazados por paramilitares, en un informe de 14 páginas titulado Un giro equivocado: El historial de la oficina del fiscal general de Colombia.
El fiscal general expuso a los funcionarios a peligros aun mayores, pues criticó en público el manejo de los casos, cuestionó la seriedad de las amenazas y los privó de protección después de despedirlos u obligarlos a renunciar, por lo cual la mayoría de ellos abandonaron Colombia, explicó.
El pronunciamiento de HRW es poco habitual, porque esa institución no suele acusar a una persona en particular.
Los autores del informe pidieron al nuevo presidente colombiano Alvaro Uribe urgentes medidas para restaurar las competencias y la independencia de la fiscalía.
El gobierno estadounidense debería suspender su asistencia a la fiscalía hasta que Osorio deje de socavar las investigaciones sobre violación de los derechos humanos, alegaron.
Esa asistencia se concedió para fortalecer las investigaciones. En ausencia de voluntad política para llevarlas adelante, será imposible que el desempeño de la institución mejore con dinero, entrenamiento o equipo, aseveró el director de la división para América de HRW, José Miguel Vivanco.
Una de las tareas de la oficina del fiscal general es indagar denuncias de abusos humanitarios, y para eso se creó en 1995 la Unidad de Derechos Humanos (UDH), que realizó desde entonces significativos avances en numerosos casos que involucran al ejército, a paramilitares y a insurgentes, según el informe.
El Congreso estadounidense destinó 25 millones de dólares a entrenamiento y equipo para la UDH, en el marco de un proyecto de ayuda militar, económica y judicial a Colmbia por valor de 1.300 millones, y condicionó la asistencia militar a que las Fuerzas Armadas cooperaran con los funcionarios civiles asignados a la investigación de abusos humanitarios.
Pero los 15 meses de gestión de Osorio revirtieron los logros de la UDH, y quitaron sentido a gran parte de la asistencia a ese organismo por parte de Estados Unidos, según HRW.
Pocos días después de asumir su cargo, (…) Osorio obligó a renunciar al director y al ex director de la UDH, y en los siguientes meses continuó la purga de funcionarios que habían trabajado en delicados casos de violación de los derechos humanos, señalaron los autores del informe.
Eso envió a quienes permanecieron en sus cargos el claro mensaje de que los esfuerzos para investigar abusos humanitarios cometidos por oficiales militares no serían bienvenidos, comentaron.
Por lo menos nueve fiscales e investigadores asignados a casos de violación de los derechos humanos fueron despedidos desde que Osorio asumió su cargo, y fueron obligados a renunciar o se sintieron forzados a hacerlo otros 15, indicó HRW.
La mayoría de esas personas abandonaron Colombia tras recibir amenazas de muerte, apuntó.
Muchos de los despedidos u obligados a renunciar habían recibido entrenamiento especial en el marco del programa estadounidense de asistencia a la UDH, y fueron reemplazados por funcionarios con menor capacitación y experiencia, destacaron los responsables del informe.
Eso determinó que muchas investigaciones se estancaran y que algunas otras no llegaran a iniciarse, además de desmoralizar a los funcionarios, explicaron.
HRW informó con detalle sobre lo ocurrido con la investigación de varios casos clave de homicidio que involucran a altos funcionarios militares.
La UDH reunió evidencias sobre la cooperación del general Rito Alejo Del Río, jefe de la 17 Brigada del ejército a mediados de los años 90, con paramilitares responsables de incursiones y ejecuciones en la región de Urabá, del noroccidental departamento de Antioquia.
Esas evidencias incluyeron testimonios del guardaespaldas y el jefe de estado mayor de Del Río, y fueron tan concluyentes que en 1998 el presidente Andrés Pastrana destituyó al general, y Estados Unidos canceló su visa para ingresar al país.
Del Río fue arrestado en julio de 2001, por orden de un fiscal de la UDH. Pocos días después, Osorio realizó críticas públicas a ese fiscal, y forzó la renuncia del director de la UDH, Pedro Díaz, quien había supervisado en forma directa la investigación.
Osorio dispuso luego el cese de varios fiscales que investigaban a otros altos oficiales militares, antes de que presentaran acusaciones u órdenes de arresto.
Uno de esos fiscales indagaba una masacre cometida en 2001 por paramilitares en la aldea de Chengue, del septentrional departamento de Sucre, y reunió durante meses evidencia para acusar al general de la marina Rodrigo Quiñones, pero Osorio lo asignó a otro caso cuando estaba a punto de presentar esa acusación.
HRW entrevistó a Osorio sobre lo ocurrido con importantes investigaciones, y comprobó que su versión de algunos hechos contradecía en forma directa evidencia documental.
Osorio dijo a HRW que el fiscal Luis Augusto Sepúlveda fue despedido en abril porque no terminó en el plazo previsto su investigación de más de un año sobre el intento de asesinato de un dirigente sindical, pero el grupo humanitario aseguró poseer documentos probatorios de que tal incumplimiento no existió.
Sepúlveda se disponía a presentar una acusación contra el mayor de la marina de guerra César Maldonado cuando Osorio lo despidió.
HRW expresó especial alarma por las omisiones de Osorio en relación con la seguridad de sus subalternos.
Desde julio de 2001, cinco fiscales o investigadores fueron asesinados mientras cumplían sus funciones, y desde abril de este año circula una lista de funcionarios de la UDH condenados a muerte por paramilitares, pero Osorio se negó a brindarles adecuada protección, e incluso insinuó que exageraban para presentarse como víctimas.
A comienzos de este año, funcionarios de la fiscalía pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los ayudara a lograr protección. Osorio reprochó a esos funcionarios haber apelado a la CIDH sin permiso de sus superiores, pero luego se comprobó que ese reproche no tenía fundamento.
La CIDH pidió al gobierno colombiano que brindara en forma urgente la protección solicitada.
Colombia no puede alegar en forma creíble que avanza en la protección de los derechos humanos, si el fiscal general no cumple su deber, aseveró Vivanco.
