Centenares de miles de personas se unieron este jueves en la capital venezolana a una marcha organizada por la oposición, con la consigna Elecciones Ya, para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez.
El mandatario, en tanto, consideró que la manifestación es parte de un intento de golpe de estado en marcha, como el que fuera frustrado en abril.
La protesta convocada por la Coordinadora Democrática, que reúne a 34 partidos políticos y organizaciones civiles de oposición, en conjunto con los principales sindicatos y asociaciones empresariales, recorrió de modo pacífico ocho kilómetros, desde el este hacia el centro de Caracas.
Sin embargo, se registraron incidentes al paso de vehículos de la oposición por rutas que conducen a Caracas desde el occidente y sur del país. En uno de ellos, ocurrido en San Juan de Los Morros, 150 kilómetros al sudoeste de la capital, fue muerto de un disparo en la cabeza un partidario del gobierno.
Esta es la más grande manifestación que se ha hecho en Caracas en toda su historia, señaló el alcalde de la ciudad, Alfredo Peña, un político que llegó a ese cargo hace dos años en representación del partido de gobierno y hoy es un acérrimo opositor.
Decenas de miles de personas llegaron también del interior del país para sumarse a la marcha callejera, que culminó con la lectura de un comunicado en el actual se exigió la renuncia de Chávez o la convocatoria de una consulta popular para decidir sobre su permanencia en el gobierno.
La declaración también pidió al Tribunal Supremo de Justicia que tramite las demandas penales presentadas contra el presidente.
Chávez puede actuar con valor y responsabilidad por una vez en su vida y renunciar, para que cese la siembra de odios entre venezolanos, clamó desde la tribuna Maeca López, de la organización Mujeres por la Libertad.
Dirigentes de la Coordinadora Democrática habían indicado en víspera de la marcha que estaban dispuesto a firmar el llamado Compromiso por la Democracia y la Paz, propuesto a las dos partes por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria. Sin embargo, nada fue firmado.
En cambio, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, dijo en su alocución de este jueves que la Coordinadora Democrática le da plazo a Chávez hasta el miércoles de la semana próxima para que renuncie o se organicen elecciones este mismo año.
Ortega agregó que se convocará a una huelga general a partir del 21 de este mes, cuya duración se determinará más adelante, si el presidente y el parlamento no atienden esas exigencias.
También Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, la principal asociación de empresarios del país, respaldó la convocatoria de la CTV y advirtió a Chávez que se pronuncie y responda rápido, en cuestión de horas, porque la gente se puede desbordar.
Chávez ha pedido a la oposición en varias oportunidades que la convocatoria de un referendo para intentar revocar su mandato sólo se puede realizar después de agosto de 2003, como lo establece la Constitución.
Los seis años de mandato presidencial, establecido en la Constitución, se cumplen para Chávez el 19 de agosto de 2006. Pero esa misma ley fundamental indica que el presidente asumirá en enero del año siguiente a su elección, una discrepancia sobre la cual el Tribunal Supremo de Justicia aún no ha emitido resolución.
En los días previos a la marcha de este jueves fueron allanadas varias viviendas de militares involucrados en el golpe de estado del 12 de abril. Pero en algunos casos, los vecinos impidieron a la policía cumplir con los arrestos de oficiales, que aún están activos aunque sin mando de unidades.
Chávez aseguró que se había abortado una nueva interrupción constitucional, y acusó de liderar ese intento a Enrique Tejera, de 82 años, quien fue canciller durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993),
Los generales que se rebelaron en abril multiplicaron en las horas previas a la marcha sus llamados —ampliamente divulgados por la radio, prensa y televisión— para que sus compañeros de armas desacaten las órdenes que atenten contra el pueblo.
En un acto con militares retirados que le respaldan, Chávez advirtió que, si a alguien se le ocurre levantarse en armas, insurreccionar o violentar la Constitución, tengan la seguridad de que estamos listos para enfrentarlos en cualquier terreno y garantizar la permanencia del proyecto revolucionario.
Mientras sed realizaba la marcha, el vicealmirante Alvaro Martín, jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, anunció su respaldo a los generales disidentes, en protesta por los consejos de investigación que se les sigue en el alto mando a raíz de sus declaraciones públicas contra el gobierno.
Fuentes cercanas al gobierno dijeron a IPS que eso indica que se ensaya una repetición de los hechos de abril, pero afirmaron que el apresto del sector oficialista ha sido puesto a punto para responder a cualquier ataque.
La vigilancia militar de los principales edificios públicos fue reforzada, y el ministro de Defensa, José Luis Prieto, informó el miércoles que tiradores de élite fueron apostados en azoteas de edificaciones clave para contrarrestar una eventual acción de francotiradores, como los que dieron muerte a 18 personas tras la marcha del 11 de abril.
Esta vez los seguidores del presidente no se interpusieron en el camino de la marcha opositora, y se limitaron a realizar pequeñas asambleas de alerta en barriadas populares al oeste y este de la ciudad.
También en ciudades del interior hubo concentraciones de civiles oficialistas en plazas y calles, tras el llamado presidencial a permanecer alertas ante la posibilidad de que se reedite un golpe.
El próximo domingo los partidarios del presidente realizarán a su vez una manifestación en Caracas para respaldar al gobierno.
En Washington, las organizaciones Human Rights Watch y Washington Office on Latin America produjeron una declaración conjunta para pedir a la comunidad internacional que permanezca vigilante ante los riesgos que amenazan a la democracia, los derechos humanos y el régimen constitucional de Venezuela.
Las dos organizaciones acusaron a sectores de oposición de tratar de desbancar al presidente Chávez antes de que termine su mandato, con bastante desprecio por la legalidad o la constitucionalidad para lograr dicho objetivo.
Pero también criticaron al gobierno, porque no ha adoptado suficientes medidas para apaciguar el conflicto actual e imponer el estado de derecho.
La situación de la prensa también es preocupante, porque en lugar de informar con imparcialidad y exactitud, la mayoría de los medios de comunicación intentan provocar el descontento y la irritación populares en apoyo a la línea dura de la oposición, agregaron.
A su vez el presidente Chávez emplea un fuerte lenguaje intimidatorio para atacar verbalmente a los medios de comunicación. El resultado es una situación precaria para los periodistas, quienes suelen ser atacados y hostigados, según Human Rights Watch y Washington Office on Latin America.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han expresado su preocupación por la polarización política en Venezuela, y han insistido en que los contendientes deben apelar al diálogo y otros métodos pacíficos para anjar sus divergencias. (FIN/IPS/hm/dm/ip/02
