Estados Unidos y Australia presionan al gobierno de Indonesia para que reprima a los grupos radicales islámicos acusados del respaldar el terrorismo, luego del atentado que costó la vida al menos a 187 personas, en su mayoría extranjeros, en la isla de Bali.
Sin embargo, a menos que la presidenta Megawati Sukarnoputri ofrezca pruebas de la vinculación de esos grupos con el ataque del sábado a un club nocturno en la central Bali, la mandataria podría salir perjudicada para las próximas elecciones si toma medida contra ellos, advirtieron analistas.
La primera explosión a las 11.30 pm hora local del sábado se produjo en una zona de clubes y bares de playa Kuta, y la segunda, pocos minutos después y de mayor potencia, devastó el cercano club Sari, muy concurrido por surfistas y mochileros de Australia, entre otros turistas.
Las autoridades informaron este lunes que por ahora se cuentan 187 muertos y más de 300 heridos, y que unas 220 personas permanecen desaparecidas.
Cientodiez de los muertos y heridos eran australianos. Otros procedían de Gran Bretaña, Holanda, Francia, Alemania y Ecuador. Dos estadounidenses murieron y tres están heridos, informó el Departamento de Estado.
Siete funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas del vecino Timor Oriental, que estaban de vacaciones en Bali, resultaron heridos, y otros dos están desaparecidos, informaron autoridades de la organización.
El primer ministro de la vecina Australia, John Howard, manifestó su intención de presionar a Megawati para que se asegure de que los responsables sean juzgados por sus actos.
Enviaremos un mensaje muy fuerte al gobierno de Indonesia acerca de sus responsabilidades. Responderemos con firmeza y con sensatez, pero seguramente con enojo y furia, expresó el mandatario poco después del atentado en Bali.
En la tarde de este lunes, Howard dijo ante la Cámara de Representantes australiana que su gobierno estaba comprometido a trabajar con Indonesia para llevar ante la justicia a los culpables de este horrendo atentado y a aquellos que los han albergado y apoyado.
Howard informó al parlamento que su gobierno envió a Bali equipos de la Policía Federal Australiana y de la Organización de Seguridad e Inteligencia para ayudar a las autoridades indonesias a investigar los ataques.
Estados Unidos también envió a Bali un equipo de investigadores del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El ataque al club Sari, que prohibía la entrada a indonesios a menos que fuera acompañados por extranjeros, llevó al gobierno de Indonesia y a Washington a distinguirlo de otros atentados a clubes nocturnos frecuentados por indonesios en Yakarta.
Poco después de la explosión en Kuta, otra bomba estalló cerca de una oficina consular de Estados Unidos en Denpasar, la capital de Bali.
Más temprano el sábado, había estallado una bomba en el consulado de Filipinas en Manado, en la isla indonesia de Sulawesi.
Megawati habló con Howard el domingo para expresarle su horror por los atentados. Esto nos advierte a todos que el terrorismo es un peligro real y una amenaza para nuestra seguridad nacional, dijo Megawati a la prensa luego de visitar Bali.
El canciller australiano Alexander Downer especuló con que los ataques podrían ser obra del grupo fundamentalista islámico Jemaah Islamiyah, al que vinculó con la red terrorista Al-Qaeda, del saudí Osama bin Laden.
Jemaah Islamiyah pretende formar un estado panislámico que abarque Malasia, Indonesia y el sur de Filipinas.
Jemaah Islamiyah tiene vínculos financieros y personales con Al Qaeda, y es concebible que pueda estar detrás de esta acción, dijo.
Este lunes, el ministro de Defensa de Indonesia, Matori Abdul Djalil, culpó a Al Qaeda y a sus aliados extremistas por los ataques de Bali, luego de una reunión de gabinete en Yakarta.
Estamos seguros de que Al Qaeda está aquí. El atentado de Bali fue perpetrado por Al Qaeda, con la colaboración de terroristas locales, afirmó Djalil.
Indonesia es el país musulmán más poblado del mundo, con más de 200 millones de habitantes, 86 por ciento de ellos musulmanes.
Yakarta ya estaba bajo presión de Malasia, Singapur, Filipinas y Estados Unidos para reprimir grupos radicales culpados de siete atentados con bomba contra objetivos militares y diplomáticos occidentales en Singapur el año pasado, entre ellos el Alto Comisionado Australiano.
Pero Greg Fealy, investigador de política indonesia de la Universidad Nacional de Australia, cree que tanto Canberra como Washington deben medir sus expectativas sobre la actitud de Megawati hacia los grupos radicales.
Luego del atentado de Kuta, deben tener en cuenta que sería mucho peor para ellos si desestabilizaran al gobierno de Megawati forzándolo a hacer algo para lo cual no tiene apoyo público, advirtió.
Pero si hay pruebas contundentes que vinculen a determinados grupos con el ataque, entonces sería mucho más fácil para el gobierno tomar medidas, dijo Fealy.
Por lo tanto, concluyó, es todo cuestión de pruebas para persuadir a la ciudadanía de que no se trata de una venganza o de ceder a la presión de gobiernos occidentales, sino que el gobierno de Indonesia actúa sobre una base legal. (FIN/IPS/tra- en/bb/mlm/ip/02
