Unas 60.000 personas se concentraron este jueves de tarde en las calles de la capital de Francia, convocadas por los sindicatos para protestar contra las privatizaciones planificadas por el gobierno derechista de Jacques Chirac.
Analistas prevén que este otoño boreal estará marcado por huelgas y protestas contra lo que sindicalistas y partidos opositores consideran una política de gobierno reaccionaria, que incluye, además, la iniciativa de aumentar la jornada laboral de 35 a 39 horas semanales.
Muchos trabajadores de empresas estatales llevaban carteles que rezaban los servicios públicos franceses no están en venta.
El diario izquierdista Libération había anunciado la manifestación de este jueves como el primer round de lo que consideró una pelea de boxeo entre el gobierno de Chirac y los sindicatos.
El gobierno anunció su intención de privatizar las empresas monopólicas Gaz de France (GdF), distribuidora de gas, y Electricité de France (EdF), del sector eléctrico, así como la compañía aérea Air France y la de transporte por ferrocarril Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF).
Dirigentes sindicales y de la oposición política se oponen en particular a la privatización de GdF, EdF y SNCF, empresas a las que califican de excelentes.
No solo vendemos electricidad. Ayudamos realmente a consumidores de todo el país, dijo Karen, empleada de EdF y de GdF. Cuando los clientes están en dificultades para pagar tenemos cuidado en no empujarlos a la miseria, afirmó la trabajadora.
Confiar la seguridad de 57 centrales nucleares que producen 80 por ciento de la electricidad producida en Francia a empresas privadas está más allá de lo concebible, dijo el dirigente del opositor Partido Socialista, Henry Emmanuelli.
En cuanto a SNCF, los resultados del transporte por ferrocarril en Gran Bretaña fueron nefastos, dijo el dirigente del sindicato regional SUD Rail Henri Célie. Cuando se ve la cantidad de accidentes fatales registrados en ese país, se ve que este servicio debe permanecer en manos públicas, agregó.
La magnitud de la protesta recordó a las realizadas en el otoño boreal de 1995, que paralizaron Francia durante varias semanas que y obligaron al gobierno de entonces, también de derecha, a dejar de lado su plan de reducir los servicios sociales y de modificar el sistema de jubilaciones.
El temor a provocar una crisis similar llevó al gobierno de Chirac a mostrar cautela en sus planes privatizadores.
El ministro de Economía, Francis Mer, se reunió este jueves con dirigentes sindicales y aseguró que la privatización será cuanto mucho una pequeña apertura al capital privado en las empresas públicas, en las que el Estado seguirá siendo el accionista mayoritario.
El primer ministro Jean-Pierre Rafarin dijo este jueves que el gobierno manejará la privatizacióna a un ritmo que no bloqueará a la sociedad francesa, al tiempo que calificó la manifestación de legítima.
Fuentes del gobierno indicaron que Rafarin y el ministro de Asuntos Sociales, François Fillon, tuvieron cuidado en mantener el diálogo con los sindicatos para evitar un enfrentamiento como el de 1995.
Pero las declaraciones del gobierno no aplacaron a los sindicalistas ni a la oposición.
El líder del Partido Socialista, François Hollande, condenó los planes gubernamentales de aumentar la jornada laboral de 35 a 39 horas semanales a cambio de un complemento salarial de 10 por ciento por esas cuatro horas adicionales, en lugar del 25 por ciento fijado por una ley laboral que caducó en 1999.
El gobierno quiere que los ciudadanos franceses trabajen más que antes, pero no quiere que ganen más dinero, como corresponde con su carga horaria, sostuvo Hollande.
El gobierno del Partido Socialista que concluyó este año, luego del triunfo electoral de Chirac, redujo la jornada laboral de 39 a 35 horas con la finalidad de obligar a las empresas a contratar más trabajadores. El resultado fue la creación de 200.000 nuevos empleos, calcularon economistas.
El nuevo gobierno también anunció que no mantendrá el sistema de alentar el empleo público de jóvenes con bajas calificaciones escolares, que, introducido en 1997 por la administración socialista, derivó en la creación de otros 200.000 puestos de trabajo.
Las medidas del gobierno encabezado por el socialista Lionel Jospin lograron una reducción del desempleo de 12 a nueve por ciento. Hollande advirtió que dejar sin efecto estas políticas sería económicamente contraproducente y socialmente irresponsable.
El gobierno debería impulsar el consumo para contrarrestar el efecto negativo de la recesión mundial. En cambio, lo que hace el gobierno es seguir ciegamente una posición ideológica, sin importar las consecuencias, alertó Hollande.
Los sindicatos advirtieron que no aceptarán una mayor jornada laboral. La semana de 35 horas es una conquista social y pelearemos para defenderla, dijo el líder de la principal central sindical Confederation Générale des Travailleurs, Bernard Thibault. (FIN/IPS/tra-eng/jg/ss/mj/lb ip/02
