Personalidades estadounidenses pidieron este jueves al gobierno que se comprometa firmemente con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras aumenta la presión de Washington para que el foro mundial autorice un ataque contra Iraq.
En un informe divulgado este jueves, un grupo de tareas que refleja buena parte del espectro ideológico de la elite política del país, instó al gobierno de George W.Bush a forjar una coalición democrática de estados miembros de la ONU para impulsar una agenda de promoción de los derechos humanos y de combate contra el terrorismo.
El grupo de tareas reclamó asimismo a la Casa Blanca y al Congreso legislativo que procedan a pagar al foro mundial las obligaciones retenidas por Washington durante la última década para forzar cambios políticos y administrativos dentro de la ONU.
Si bien esa táctica puede haber tenido un impacto positivo en el pasado, ahora sólo sirve para reducir la influencia de Estados Unidos, concluyó el informe de 71 páginas del grupo de tareas, auspiciado por el Consejo sobre Relaciones Exteriores y el conservador instituto de estudios Freedom House.
En septiembre, el Congreso aprobó un pago de 244 millones de dólares adeudados a la ONU, el último de un paquete legislativo de tres partes, destinado a saldar casi 1.000 millones de dólares de deudas acumuladas durante los años 90.
La ONU sostiene que Washington aún adeuda casi 500 millones de dólares, que no son reconocidos por Estados Unidos, el cual redujo unilateralmente el porcentaje del presupuesto del foro mundial que está dispuesto a financiar.
Pero el grupo de tareas opina que Washington debería ser un miembro que ha pagado su cuota en buenos términos.
Este informe aparece en momentos en que el gobierno estadounidense está particularmente interesado en la ONU.
Washington presiona desde el mes pasado a los otros 14 estados que integran el Consejo de Seguridad para que aprueben una resolución que lo autorice a ejercer la fuerza contra Iraq, si éste no coopera con una nueva misión de inspectores de la ONU en busca de sus presuntas armas de destrucción masiva.
El gobierno de George W. Bush mantuvo una profunda división sobre la oportunidad de reclamar una resolución de esta naturaleza al Consejo de Seguridad.
Los más conservadores dentro del gobierno descartaron la efectividad de la ONU y de los inspectores, favoreciendo en cambio un ataque directo contra Iraq, el cual, alegaban, desafió sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Seguridad desde su invasión al vecino Kuwait en 1990.
Pero otros funcionarios, en particular el secretario de Estado (canciller) Colin Powell, arguyeron que Washington debía buscar una nueva resolución que diera a Bagdad la última oportunidad de cooperar con las inspecciones de la ONU, y autorizar la acción militar multilateral en caso de un nuevo incumplimiento iraquí.
De momento, Bush parece apegado al consejo de Powell, aunque ha sugerido que su gobierno reconsiderará su relación con la ONU si el Consejo de Seguridad no lleva esta iniciativa a sus últimas consecuencias.
Estamos en un cruce de caminos en la relación (que puede definir) si Estados Unidos se distanciará o se comprometerá con la ONU, dijo Lee Hamilton, ex presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y copresidente del grupo de tareas.
El informe toma partido con firmeza por que Estados Unidos se comprometa con la ONU, en particular para promover valores y propósitos estadounidenses esenciales, como la libertad, los derechos humanos y el antiterrorismo, dijo Hamilton.
Algunos de los que integran el grupo de tareas, cuyas conclusiones fueron virtualmente unánimes, sirvieron como embajadores de Estados Unidos ante la ONU en los gobiernos de los tres últimos presidentes.
Ellos son Jean Kirkpatrick, quien sirvió en el gobieno de Ronald Reagan (1981-1989), Thomas Pickering, embajador del gobierno de George Bush padre (1989-1993), y Madeleine Albright, quien fue también secretaria de Estado de Bill Clinton (1993- 2001).
Pero la variedad de puntos de vista representados en el grupo de tareas es aun más amplia y, por tanto, no pudo lograr consenso sobre cuestiones importantes que enfrentan a Estados Unidos con la ONU, como el cerrado rechazo de Bush a la Corte Penal Internacional.
En consecuencia, el acuerdo fue confinado a la propuesta básica de que Washington se comprometa cabalmente con el foro mundial, así como en varias cuestiones tácticas para impulsar los intereses y valores estadounidenses en la ONU.
Los integrantes del grupo de tareas coincidieron asimismo en que Washington es rutinariamente superado y burlado en la ONU por un pequeño pero hábil conjunto de regímenes represivos, entre ellos Cuba, China, Irán, Iraq, Libia y Sudán.
El grupo estima precondición para la real efectividad de la ONU, reducir la influencia de una minoría de regímenes represivos que bloquea hábilmente muchos de los objetivos estadounidenses, en especial la promoción de la democracia y el avance de los derechos humanos fundamentales, sostiene el documento.
Sugiere por tanto varias iniciativas, como la creación de la coalición democrática que actuaría dentro de los bloques regionales y del foro mundial para impulsar propósitos comunes.
Esta propuesta no es nueva. Ya había sido presentada por la llamada Comunidad de Democracias, unos 120 países convocados por Estados Unidos que se reunieron en 2000 en Varsovia y volverán a hacerlo este mes en Seúl.
Aunque el grupo de tareas no estableció criterios de elegibilidad, varias de las naciones de la Comunidad han recibido duras críticas por sus prácticas antidemocráticas, como Argelia, Burkina Faso, Egipto, Indonesia, Kenia y Túnez.
La coalición actuaría, por ejemplo, para asegurar que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (de la cual Estados Unidos fue excluido en 2001 por primera vez en más de 50 años) se centre en las más notables y graves violaciones, muchas de las cuales escapan reiteradamente a la investigación y la censura.
El informe también pidió una colaboración más estrecha con la Unión Europea dentro de la ONU.
Por otra parte, calificó al Movimiento de No Alineados, que nuclea a 64 países en desarrollo, un anticuado obstáculo a la cooperación efectiva dentro de la ONU.
Este comentario, no obstante, despertó un disenso parcial de los integrantes del grupo de tareas Jeffrey Laurenti, de la United Nations Association of the USA, y Sarah Sewall, del Kennedy School de la Universidad de Harvard.
Ambos subrayaron que la solidaridad de los No Alineados sigue siendo crucial para que los débiles logren la atención de los poderosos sobre cuestiones que de otra forma estos últimos ignorarían.
Washington debe poner fin a la práctica de abandonar o amenazar con el abandono de sus obligaciones derivadas de tratados vinculantes, y asegurarse que sus puntos de vista ante iniciativas como la Corte Penal Internacional, sean adecuadamente explicadas, añadió el grupo de tareas.
También esta recomendación despertó un disenso parcial por parte de Joanna Weschler, de la organización Human Rights Watch, quien señaló que Washingotn debe hacer mucho más que explicar esas posiciones.
Ya es tiempo de que el gobierno revise sus políticas en esos asuntos. Si no por otras razones, al menos por motivos tácticos, estas políticas lo aíslan de casi todos sus aliados importantes, y lo colocan como compañero de viaje de países como Cuba, China, Irán, Libia y Sudán, concluyó Weschler. (FIN/IPS/tra- eng/jl/dcl/ip/02
