El relator especial de la ONU sobre derechos humanos exhortó a 16 países miembros, entre ellos Estados Unidos, a investigar denuncias de intolerancia contra individuos o grupos pertenecientes a minorías étnicas o religiosas.
El relator Abdelfattah Amor dirigió cartas a Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, China, Egipto, Estados Unidos, Georgia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Moldavia, Turquía, Turkmenistán y Zimbabwe.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) recibió noticia de 520 agresiones en Estados Unidos contra árabes musulmanes o personas tomadas por tales.
Además, hubo 27 casos confirmados de expulsión de aviones de personas de origen árabe, durante o después del ingreso abordo, porque su apariencia disgustaba a otros pasajeros o a la tripulación.
También se registraron cientos de casos de discriminación laboral contra estadounidenses musulmanes y otras minorías, entre ellos numerosos despidos, señaló Amor en un informe a la Asamblea General.
Mientras, el Departamento de Justicia elaboró una lista de 5.000 personas con las que desea dialogar. La mayoría de ellas fueron elegidas en base a su grupo étnico o religioso, dice el informe.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificó el año pasado a esas personas para realizarles entrevistas voluntarias con el fin de recabar información sobre Al Qaeda y otros grupos terroristas considerados responsables de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Amor recibió también varias denuncias sobre detenciones arbitrarias y prolongadas, privación del derecho a la asistencia jurídica, y mantenimiento de detenidos incomunicados.
En respuesta a los cargos, el gobierno de Estados Unidos afirmó que el Departamento de Justicia tomó medidas inmediatas para detener los crímenes de odio contra árabes, musulmanes y sijs, que aunque son hindúes suelen confundirse con musulmanes por el turbante que usan.
Asimismo, Washington creó un Grupo de Trabajo sobre Crímenes de Odio para vigilar, investigar y procesar a los acusados de cometer tales crímenes, señaló el gobierno en una carta al relator especial.
En cuanto a las acusaciones de discriminación por compañías aéreas, el Departamento de Transporte envió a esas empresas un recordatorio de las normas federales que prohíben la discriminación de pasajeros, y los clientes fueron exhortados a presentar quejas si se sienten discriminados.
La ONU también recibió graves denuncias contra el gobierno de China, en especial de miembros del movimiento espiritual Falun Gong, que fue prohibido por Beijing como secta política, y de la Iglesia Protestante de China Meridional.
El informe de Amor sostiene que 361 miembros de Falun Gong murieron bajo custodia policial, 80 de ellos como resultado de torturas, entre octubre de 2001 y enero de este año.
También se estima que unos 100.000 practicantes del movimiento están detenidos y que más de 20.000 fueron enviados a campos de trabajo forzado sin juicio previo, a lo que Beijing calificó de reeducación mediante el trabajo de acuerdo con la ley.
Las acusaciones contra Egipto fueron planteadas principalmente por cristianos coptos que denunciaron ataques contra ellos y sus iglesias.
Estos actos, que han provocado la destrucción de al menos nueve iglesias en los últimos cinco años, en general quedan impunes, señala el informe de Amor.
El gobierno egipcio detalló en su respuesta una serie de medidas adoptadas para restaurar la seguridad, acciones judiciales iniciadas contra los sospechosos, y esfuerzos para reconciliar a las comunidades.
Estas acciones, agregó El Cairo, llevaron al establecimiento de una comisión para evaluar los daños causados y realizar las compensaciones correspondientes a expensas del Estado.
El informe de Amor también destacó la violencia intercomunal en el estado de Gujarat, en India, entre febrero y abril de este año.
La ola de violencia, desatada tras el atentado incendiario el 27 de febrero contra un tren que transportaba a activistas hindúes, dejó cerca de 2.000 muertos y 150.000 desplazados, en su gran mayoría musulmanes.
India respondió recordando sus normas constitucionales y medidas especiales para la protección de las minorías, aunque el gobierno estadual de Gujarat fue acusado de permitir e incluso alentar la persecución contra los musulmanes, con el consentimiento del gobierno federal.
Nueva Delhi resaltó en su carta las medidas que adoptó para mejorar las relaciones intercomunales, entre ellas visitas de altos funcionarios a las zonas afectadas, creación de comisiones de paz, compensación a víctimas y reconstrucción de mezquitas. (FIN/IPS/tra-en/td/js/mlm/hd/02
