Tres presuntos integrantes del Ejército Republicano Irlandés (IRA), acusados de entrenar a rebeldes colombianos, serán sometidos a partir de este miércoles a juicio público en Colombia.
El inicio del juicio, previsto para el 4 de este mes, debió posponerse, pues los tres acusados se negaron a comparecer alegando falta de garantías.
Jim Monaghan, Niall Connolly y Martin McCauley fueron arrestados con pasaportes falsos el 11 de agosto de 2001 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando se disponían a salir del país.
Seis meses después de su detención fueron acusados por un fiscal de la Unidad de Terrorismo de porte de documentos falsos, un delito penado con dos a ocho años de prisión, y de coautoría en entrenamiento para actividades ilegales, que tiene una pena entre 15 a 20 años de reclusión.
Apenas conocido su arresto, organizaciones no gubernamentales irlandesas iniciaron la campaña Traedlos a casa, con apoyo del gobierno de la República de Irlanda.
El propósito es protegerlos pues conocemos las dificultades de la situación colombiana y las muchas violaciones de derechos humanos que se cometen, dijo a IPS Catriona Ruane, portavoz de la campaña, que llegó a Bogotá a comienzos de octubre para presenciar el proceso.
El mundo no cree que éste será un juicio justo, sostuvo Ruane, quien se entrevistó con autoridades colombianas y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas en busca de garantías para sus compatriotas.
Queremos que el mundo vea que se hace justicia en este caso, que preocupa a nuestro gobierno, aseveró la activista, añadiendo que autoridades de su país se reunieron por el asunto con funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe.
Los juristas colombianos que ejercen la defensa, coordinados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, apelaron sin éxito el inicio del juicio, confirmado por un tribunal de segunda instancia.
Según la acusación, los tres irlandeses ingresaron a Colombia en forma ilegal y se trasladaron a la región del Caguán, en el meridional departamento de Caqueta, donde funcionó entre 1998 y febrero de este año la zona de distensión dispuesta por el anterior gobierno para negociar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
De acuerdo a declaraciones de cuatro testigos, Monaghan, Connolly y McCauley habrían suministrado, en nombre del IRA, lanzamisiles y entrenamiento en uso de explosivos a los rebeldes de las FARC.
Sin embargo, los resultados de las pruebas sobre el supuesto manejo de explosivos son contradictorios, alega la defensa, que sustentará sus argumentos en la debilidad probatoria y en el prejuzgamiento público efectuado por las autoridades.
Los abogados defensores denunciaron en conferencia de prensa la politización del caso y la violación del debido proceso por parte del fiscal general, Camilo Osorio.
Sin haber tenido acceso al expediente ni conocer las contradicciones que éste registra, Osorio se pronunció violando el debido proceso, la presunción de inocencia y todos los principios elementales, dijo el 3 de este mes ante la prensa extranjera el abogado Eduardo Matías, defensor de Connolly.
Debería garantizarse la independencia del poder judicial, que se halla cuestionada por lo que hay peligro de que el fallo no corresponda a la realidad procesal ni a las pruebas aportadas al expediente, precisó el jurista.
La defensa también pondrá énfasis en las contradicciones en las que habría incurrido Alexander Rodríguez, el único testigo, de los cuatro registrados en el expediente, que afirma en forma explícita que los irlandeses entrenaron a guerrilleros de las FARC, explicaron los abogados.
El juicio despierta gran expectativa debido al estado de conmoción interna impuesto por el gobierno colombiano en agosto y al clima internacional signado por la lucha antiterrorista.
De hecho, el caso fue discutido en un comité de Relaciones Exteriores del Congreso legislativo de Estados Unidos.
Los vínculos internacionales entre organizaciones armadas es otro aspecto que interesa a gobernantes y analistas.
El experto en asuntos militares Alfredo Rangel dijo a IPS en ocasión del arresto de los irlandeses que una hipótesis sería el intercambio de tecnología entre ambas organizaciones, el IRA y las FARC.
La experiencia en el manejo de armas y explosivos en la lucha armada urbana del IRA sería muy bien pagada por las solventes finanzas de las FARC, arguyó entonces Rangel.
El autor del libro La guerra insurgente, en el que compara conflictos armados de Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia, explicó que, si bien en el pasado las FARC fueron reticentes a participar en movimientos continentales, ahora habría una nueva situación.
A su juicio, el viraje se expresa en un trabajo bastante significativo con organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y personalidades internacionales, así como con movimientos insurgentes de otras latitudes.
Pese a que durante 20 años la mayor guerrilla colombiana dijo que su lucha avanzaba hacia las ciudades, sólo en los últimos años comenzó a cumplir ese propósito.
Un episodio que marcó la búsqueda del escenario urbano fue la operación de julio de 2001 contra un edificio residencial de la sudoccidental ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, próxima a la zona del distensión.
Otros ataques de envergadura atribuidos a los frentes urbanos de las FARC fueron los perpetrados con misiles contra la Casa de Nariño, sede de gobierno, el 7 de agosto, mientras se celebraba la ceremonia de asunción de Uribe, y contra la Escuela de Policía, en el norte de Bogotá. (FIN/IPS/yf/dcl/hd/ip/02)
