El gobierno de Colombia respondió este viernes de modo negativo el pedido de la Defensoría del Pueblo de suspender la fumigación aérea de cultivos ilícitos de drogas en el sur del país por sus supuestos daños al ambiente y a la salud humana.
El presidente Alvaro Uribe justificó la decisión en que el país no puede parar ninguna de las acciones de derrota a la droga, aunque aclaró que se estudian las denuncias presentadas por el defensor del Pueblo (ombusman), Eduardo Cifuentes.
El problema del narcotráfico no se puede atacar con aguas tibias, y las fumigaciones forman parte de un proceso irreversible, que involucra también la lucha contra el lavado de dinero, el tráfico de armas y de insumos químicos para fabricar drogas, así como la represión al consumo de narcóticos, añadió.
Pero grupos no gubernamentales aseguran que las aspersiones se realizan por imposición de Estados Unidos a cambio de desembolsar parte de la ayuda aún pendiente de entrega en el marco del Plan Colombia, diseñado por el anterior gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y que cuenta con asistencia especial de Washington.
El gobierno estadounidense de George W. Bush exige que la fumigación abarque 100 por ciento de las plantaciones ilegales, unas 150.000 hectáreas, lo cual implicaría un ritmo de erradicación superior a las 12.000 hectáreas mensuales, explicó a IPS un activista que pidió no ser identificado.
El nuevo enfoque de Uribe incluye la fumigación no sólo de los cultivos ilícitos industriales sino también de los pequeños, de menos de tres hectáreas, añadió.
Por su parte, Cifuentes pidió que el Consejo Nacional de Estupefacientes (a cargo del manejo de la política antidrogas) suspenda las fumigaciones hasta que se revisen aspectos críticos.
Uno de ellos es el incumplimiento del llamado Plan de Manejo Ambiental, puesto en marcha en 2001 por el Ministerio del Medio Ambiente para proteger a la población de los posibles impactos que podrían ocasionar las fumigaciones, puntualizó.
Los vuelos de aspersión forman parte del compromiso del nuevo gobierno por erradicar de plano las plantaciones ilegales en una amplia región del sur del país.
En ese marco, en los últimos dos meses se intensificó la fumigación en el meridional departamento de Putumayo, fronterizo de Ecuador y con cerca de 300.000 habitantes, donde se concentra la mitad de los cultivos ilícitos de Colombia.
Esa amplia zona es el epicentro del llamado Plan Colombia, implementado originalmente para luchar contra el narcotráfico, pero que hoy también abarca el combate contra la insurgencia.
El comandante de policía de Putumayo sostuvo que la meta en el área es fumigar 14.000 hectáreas de cultivos de coca, utilizada para elaborar pasta básica de cocaína, que son controlados por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Agregó que esa tarea se realiza en el marco del operativo denominado Onix 4, que tiene como objetivo evitar que los cultivos de coca y adormidera, de la cual se extrae opio y heroína, sigan creciendo en el Putumayo. Vamos a terminar con ese negocio, ese es el compromiso del nuevo gobierno, apuntó.
Mientras, el Defensor del Pueblo informó que recibió 6.500 quejas de campesinos, colonos e indígenas de Putumayo por la destrucción de sus cultivos.
Las demandas detallan que las fumigaciones han arruinado plantaciones legales, pastos y animales, además de afectar la salud de 4.883 campesinos.
Se informó que 29 por ciento de esas personas sufren problemas gastrointestinales, 26 por ciento afecciones dérmicas, 15 por ciento de orden psicológico y el resto presentan malestares generales.
Estados Unidos respalda en su lucha antidrogas a Colombia, que abastece 80 por ciento de la demanda mundial de cocaína, para lo cual ha aprobado una asistencia de 17 millones de dólares anuales sólo para la fumigación de cultivos de coca, amapola y marihuana.
La ayuda de Washington al Plan Colombia es de 1.300 millones de dólares, 70 por ciento de los cuales están destinados a aspectos militares para la lucha antidrogas y contrainsurgente.
Datos de la policía colombiana indican que el año pasado se fumigaron un récord de 84.000 hectáreas de coca y en lo que va del año otras 70.000 hectáreas.
Algunos expertos advirtieron que no hay zonas vedadas ni en términos sociales ni en términos ambientales para llevar a cabo esas aspersiones.
Ricardo Vargas, investigador de la no gubernamental Acción Andina, especializada en cuestiones de drogas, dijo a IPS que la fase iniciada en julio va en la misma dirección de la trazada por Washington cuando aún gobernaba Pastrana en Colombia, con el agravante de que ahora los pequeños cultivadores son también blanco del ataques.
Vargas comentó que la política de erradicación de cultivos que se aplica en el país por décadas, se apoya en el eslabón más débil del proceso, que son los campesinos e indígenas.
Esa estrategia ha sido un total fracaso, afirmó el experto, quien apoya su opinión en cifras de la Contraloría (fiscal de cuentas del Estado), que señalan que en 1992 había casi 40.000 hectáreas cultivadas de coca y en 2001 había crecido hasta alcanzar las 144.000 hectáreas.
El último informe de la Junta de la Organización de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes y Prevención de Delitos, divulgado en agosto, asegura que Colombia sigue siendo el mayor productos mundial de coca, con 700.000 toneladas anuales.
Ese estudio considera que la erradicación de cultivos mediante la fumigación es uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra las drogas, pero aclara que ese método debe utilizarse exclusivamente contra cultivos industriales y no para los de subsistencia de campesinos e indígenas. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
