La justicia de Chile acusó este viernes a dos militares retirados que formaron parte de la guardia del ex dictador Augusto Pinochet, como autores materiales del asesinato del químico Eugenio Berríos, cometido en 1992 en Uruguay.
El fallo de la jueza Olga Pérez contra los mayores retirados Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa aclara, aunque no de manera total, uno de los episodios más sórdidos y tardíos del plan Cóndor, el régimen de coordinación represiva establecido en los años 70 y 80 por las dictaduras del Cono Sur.
Pérez libró igualmente autos de procesamiento contra el general retirado y ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Hernán Ramírez Rurange, el capitán Pablo Rodríguez Márquez y el suboficial retirado Raúl Lillo, bajo cargos de obstrucción a la justicia.
Asimismo fue procesado el general retirado Eugenio Covarrubias, también ex director de la DINE, acusado de encubrir el delito de obstrucción a la justicia.
Pero la magistrada chilena tiene aún una tarea pendiente: establecer quién dio la orden de eliminar a Berríos.
Berríos, un científico y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de los primeros años de la dictadura de Pinochet (1973-1990), fue retirado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991 y llevado a Uruguay a través de Argentina.
El químico escapó así de la justicia chilena cuando el juez Adolfo Bañados se disponía a interrogarlo por sus nexos con la operación de la DINA que culminó en septiembre de 1976 con el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier.
El 15 de noviembre de 1992 Berríos fue visto por última vez con vida, cuando llegó hasta la sede policial del balneario uruguayo de Parque del Plata para pedir auxilio, afirmando que estaba secuestrado por militares chilenos y uruguayos que querían matarlo.
El comisario Elbio Hernández tuvo que entregarlo, por órdenes superiores a los tenientes coroneles del ejército uruguayo Eduardo Radaelli y Tomás Casella, que llegaron a buscar a Berríos junto a otros dos individuos.
La revista chilena Siete+7 reveló en su edición de este viernes que esos dos hombres eran Silva Valdés y Torres Gacitúa, y que ambos fueron identificados por dos testigos que la jueza Pérez hizo viajar desde Uruguay a comienzos de esta semana.
El médico Juan Ferrari, que examinó a Berríos en la seccional policial, fue uno de esos testigos. El otro fue Luis Míguez, conserje de un edificio del vecindario montevideano de Pocitos, donde los militares chilenos mantuvieron durante varios meses al científico y ex agente de la DINA.
El artículo de Siete+7, firmado por su directora, la periodista Mónica González, recuerda que Berríos fue uno de los hombres clave en los planes de la DINA de desarrollar armas químicas como el gas sarín, con el propósito de eliminar opositores sin dejar huellas.
El paso clandestino de Berríos por Argentina, en 1991, se hizo en solo tres días por tierra y sin conocimiento de los militares de ese país, según declaraciones recogidas por Siete+7 de un hombre actualmente inculpado por el asesinato de Berríos, al cual no identifica.
Según esa fuente, el trabajo de Berríos suministró ventajas bélicas a Chile sobre Argentina cuando ambos países estaban al borde de la guerra por la posesión de tres islotes en el austral canal de Beagle, a fines de 1978.
Entre otras cosas (gracias a las armas desarrolladas por Berríos) se podía envenenar el agua de Buenos Aires, y había una serie de acciones, peores, que se iban a cometer, según el anónimo informante de la revista.
La periodista González, conocida por sus investigaciones acerca de la historia oculta de la dictadura chilena, sostuvo en su nota que Silva Valdés fue jefe de seguridad de Pinochet y que en esa condición hizo más de 500 viajes al exterior, hasta que se retiró del ejército en 1993.
Torres Gacitúa sirvió, por su parte, 15 años como jefe de escoltas de Pinochet, incluso después de que el dictador dejara el poder, en 1990, y la comandancia del ejército, en marzo de 1998.
Torres Gacitúa fue el oficial que intentó enfrentarse a los agentes de Scotland Yard que el 16 de octubre de 1998 arrestaron a Pinochet en una clínica de Londres, y permaneció junto al ex dictador los 503 días de su arresto en la capital británica.
Silva Valdés y Torres Gacitúa mataron a Berríos de dos balazos en la cabeza y luego enterraron su cuerpo en las dunas de la meridional playa uruguaya de El Pinar, a 34 kilómetros de Montevideo donde el cadáver fue hallado el 13 de abril de 1995.
Los proyectiles encontrados en el cráneo de Berríos los guarda el juez Alvaro Gustavo González, de la localidad uruguaya de Pando, quien no ha hecho mayores esfuerzos por dilucidar el crimen, aclarado gracias a la labor en Chile de la magistrada Olga Pérez.
La jueza no pudo realizar diligencias en Uruguay debido a las dificultades que pusieron las autoridades de ese país, en especial el actual subsecretario del Interior, Daniel Borrelli, de acuerdo a Siete+7.
En febrero de 1993, Pinochet viajó a Uruguay donde fue recibido por el teniente coronel Tomás Casella, el hombre que tres meses antes había impedido que Berríos obtuviera protección policial y lo entregó a los chilenos que lo mataron, sostuvo la revista. (FIN/IPS/ggr/dcl/ip/hd/02
