El combate a los contaminantes orgánicos persistentes (COP) en América del Sur está limitado por la debilidad del Estado y la escasez de recursos, según las autoridades. Faltan políticas correctas, replican los ambientalistas.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay firmaron pero aún no ratificaron el Convenio Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que establece medidas para eliminar o reducir los 12 compuestos considerados más peligrosos para la salud humana y el ambiente.
Se trata de nueve plaguicidas, tres subproductos de procesos industriales y de combustión (dioxinas, furanos y hexaclorobenceno) y un químico utilizado en refrigeración de generadores eléctricos (PCB).
La exposición a estos compuestos aumenta los riesgos de contraer cáncer, trastornos hormonales y neurológicos, infertilidad, debilidad del sistema inmunológico y diabetes.
Son sustancias de enorme persistencia y estabilidad, que se depositan en el agua, el aire y el suelo. Se transportan a largas distancias, ingresan a la cadena alimenticia y se acumulan en los tejidos grasos y órganos de animales y personas.
Pero muchos plaguicidas prohibidos continúan atravesando las fronteras por el contrabando.
Argentina prohibió el DDT en 1990. Pero aparece en la agricultura porque lo siguen utilizando Ecuador y Brasil. El gran problema son los mecanismos de fiscalización y control, admitió a Tierramérica Pablo Issaly, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina.
Estamos legislando para países ideales, sin ceñirnos a una realidad económica y social. La demanda de incineradores de residuos (que generan dioxinas) se multiplica, y no se buscan políticas de manejo eficiente de la basura, opinó Javier de Souza, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) en Argentina.
El Convenio adoptado en mayo de 2001 en Estocolmo bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue firmado por 151 países. Pero sólo cuenta con 21 de las 50 ratificaciones que requiere para entrar en vigor.
Sin embargo, algunos consideran que la clave de su éxito es la financiación prevista para ayudar al cumplimiento de los países pobres.
Bolivia, Uruguay y Chile ya obtuvieron unos 500.000 dólares por país para planes nacionales de implementación, otorgados a través del GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). Argentina aguarda luz verde.
Según el Inventario Nacional de Liberación de Dioxinas y Furanos de Uruguay, efectuado en 2000 con respaldo del PNUMA, el país libera 28 gramos EQT (equivalente de toxicidad internacional) por año de dioxinas y furanos.
Muy poco comparado con estimaciones de 1995 para varios países industriales: Japón, 3.981, Estados Unidos, 2.744, Francia 873.
Las fuentes principales resultaron ser quema de residuos agrícolas y domésticos, incendios forestales e incineración controlada de residuos hospitalarios.
Se trata de un resultado con grandes incertidumbres por las limitaciones técnicas para efectuar estas mediciones, reconoció la química Jacqueline González, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.
Mientras (el gobierno) da estos pasos, acepta la instalación de incineradores de residuos hospitalarios o de una fábrica de celulosa a base dióxido de cloro, procesos que liberan dioxinas, replicó la activista María Selva Ortiz, de Redes – Amigos de la Tierra.
Argentina prohibió en 1999 el uso, importación y venta de otro COP, el hormiguicida dodecacloro (Mirex), pero no la fabricación. En el vecino Uruguay el dodecacloro está permitido, aunque sólo se usan 200 kilogramos de sustancia activa en tres millones de hectáreas, según las autoridades.
La situación paraguaya es mucho más grave.
En dos millones de hectáreas agrícolas se aplican 8.100 toneladas de plaguicidas por año. El control es mínimo, casi nulo, reconoció Gloria León, directora de Control de Calidad Ambiental de Paraguay, en el seminario Diálogo ONG/Gobiernos, organizado por RAP-AL el 27 de septiembre en Montevideo.
La ausencia del Estado es evidente en materia de plaguicidas obsoletos (caducos, prohibidos o deteriorados).
Aún se ignora qué cantidad de plaguicidas obsoletos hay en América Latina, dijo a Tierramérica la química boliviana Tania Santiváñez.
En los departamentos bolivianos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, Santiváñez detectó 14,7 toneladas de estos venenos, en una investigación encargada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Sus hallazgos dejaron mudo al gobierno, pues la mayor parte del material se encontraba en depósitos de la aduana, con libre acceso de personas, e incluso al aire libre. A fin de año se llevará a cabo un inventario nacional, el primero dispuesto por un país de la región, explicó Santiváñez.
La FAO estima que existen unas 500.000 toneladas de estos plaguicidas obsoletos en todo el mundo.
*Publicado originalmente el 6 de octubre por Tierramérica, www.tierramerica.net. (FIN/Tierramérica/dcl/en/dv/02
