Los pueblos indígenas de América siguen sufriendo fuertes discriminaciones y atropellos a sus derechos humanos, una década después de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los primeros conquistadores europeos al continente, advirtió este viernes Amnistía Internacional.
En la víspera del llamado Día de la Raza, la organización humanitaria con sede en Londres emitió un informe donde consigna la persistencia de atentados a la identidad y a los derechos de las comunidades indígenas en varios países, especialmente en Guatemala y México.
Pero también en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, Panamá y Nicaragua se han registrado últimamente atropellos contra líderes y comunidades, según el reporte de Amnistía.
El balance resulta desalentador a la luz de las demandas que los indígenas formularan el 12 de octubre de 1992, cuando se celebraron 500 años del desembarco de Cristóbal Colón en el actual territorio americano, y de los compromisos que en ese marco asumieron los gobiernos y la comunidad internacional.
Las frustraciones que arroja este último decenio darán lugar este sábado a manifestaciones de protesta en varias ciudades latinoamericanas, incluyendo a Santiago de Chile, donde se llevará a cabo una Marcha Mapuche, convocada por organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como el derecho a la propiedad de la tierra y a la identidad cultural — en el uso del idioma, la educación y la administración de justicia— se vulneran sistemáticamente en varios países, subrayó Amnistía Internacional.
Desde Canadá hasta el último extremo de Chile y Argentina, los indígenas son tratados como ciudadanos de segunda clase y están entre las comunidades más pobres y marginadas.
Esta realidad contrasta con el hecho de que más de la mitad de los países del continente reconocen el carácter pluralmente diverso de su Estado y garantizan los derechos de los indígenas en su Constitución y sus leyes, agregó la organización humanitaria.
Amnistía denuncia igualmente que el racismo y la discriminación están muy arraigados en la mayoría de las sociedades (americanas) y eso hace que los indígenas estén más expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos, como torturas y malos tratos, 'desapariciones' y homicidios ilegítimos.
Los gobiernos de todo el continente americano no tienen la voluntad política necesaria para materializar los derechos de las comunidades ancestrales, lo cual se demuestra, entre otros antecedentes, en que han ido dando largas a la adopción de la Declaración Americana sobre los Pueblos Indígenas.
El informe exhorta a los gobernantes americanos a acatar la resolución que sobre este importante asunto adoptó este año la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y a avanzar a partir de las disposiciones de la Declaración.
Un ejemplo de la apatía de los gobiernos hacia la cuestión indígena está en el hecho de que las autoridades de Guatemala aún no abordan el genocidio cometido contra las comunidades autóctonas en la larga guerra civil de ese país, iniciada en 1954 con el derrocamiento del gobierno constitucional de Jacobo Arbenz.
Durante los 30 años que duró el conflicto en Guatemala murieron o desaparecieron alrededor de 200.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, en su mayoría indígenas, lo cual fue calificado como genocidio por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Iglesia Católica.
Colombia y México son asimismo países en que las situaciones de conflicto interno implican asesinatos masivos de indígenas y ataques contra sus comunidades, ya sea por parte del ejército, de grupos paramilitares de derecha o de guerrillas izquierdistas.
Guatemala acumula numerosas denuncias sobre violaciones de los derechos de los indígenas, en el marco de amenazas y torturas a activistas que trabajan por la defensa de sus derechos, como ocurrió en septiembre con Manuel García de la Cruz.
En varios países, como Guatemala y México, la policía suele interrogar y tomar declaración sin la ayuda de un intérprete a indígenas que no hablan español. En Guatemala se ha juzgado en español a indígenas que no sabían el idioma por delitos que acarreaban la pena de muerte, indica el informe.
En una ocasión reciente, en Chile, dos miembros de la comunidad mapuche fueron declarados culpables de 'falta de respeto' y 'conducta contra la moral pública' por gritar eslóganes en lengua mapudungu y tocar instrumentos tradicionales en un juicio, denuncia igualmente la organización.
Las agresiones contra defensores de los de los derechos humanos que trabajan en comunidades indígenas ocurren también en Bolivia y Nicaragua, según casos documentados por Amnistía Internacional.
Argentina, Canadá y Honduras han sido escenarios de violaciones de los derechos de pueblos indígenas bajo formas de homicidios, torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza en contra de esas comunidades, según el reporte.
Los atropellos a los pueblos ancestrales relacionados con demandas de tierras o conflictos ambientales son otro testimonio de los nulos avances en favor de las comunidades étnicas desde la conmemoración de los 500 años.
En toda la región existen proyectos de construcción de infraestructura o extracción de recursos naturales en tierras indígenas que amenazan el medio de vida y la supervivencia de esas comunidades, y que se están planificando y poniendo en marcha sin un proceso de consulta real y transparente, dice Amnistía.
En Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala y Nicaragua los reclamos indígenas de tierras ancestrales se encuentran con la violenta oposición de terratenientes y empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales, consigna el informe.
El Plan Puebla-Panamá, que involucra a México y América Central, es uno de los proyectos de infraestructura cuestionados en el informe por los efectos negativos para las comunidades indígenas.
Otros conflictos del mismo tenor tienen lugar en Brasil, Colombia y Nicaragua.
En Brasil, el líder indígena xavante Hiparidi Top'Tiro fue obligado a abandonar sus tierras en el centroccidental estado de Mato Grosso, debido a las amenazas de muerte que recibió por su defensa del ambiente y su oposición a la tala de bosques. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/02
