La brecha de mortalidad materna entre el Norte industrial y el Sur en desarrollo está en crecimiento, concluyó el Global Health Council (GHC), un grupo con sede en Washington que promueve la salud pública.
En algunos países en desarrollo, las mujeres tienen varios cientos de veces más probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o el puerperio que las de países ricos, sostiene un informe del GHC publicado el miércoles.
Por ejemplo, mientras en Europa y América del Norte apenas una mujer de cada 4.000 muere por causas relacionadas con la gestación o el parto, en Africa subsahariana fallece una de cada 15.
La Cumbre Mundial para la Infancia estableció en 1990 el objetivo de reducir a la mitad la mortalidad materna para 2000, pero con escasas excepciones, permaneció incambiada en cerca de 400 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP).
En cuanto a la brecha Norte-Sur, GHC considera que tiende a ampliarse cada vez más.
La mortalidad materna es más alta en aquellos países donde las mujeres tienen escaso o nulo acceso a métodos anticonceptivos y a una atención adecuada del parto, sostiene el informe de 46 páginas, titulado Promesas a cumplir: El efecto de los embarazos no deseados en la vida de las mujeres en el mundo en desarrollo.
En Burkina Faso, donde sólo cuatro por ciento de las mujeres utilizan métodos de planificación familiar, una de cada 14 mujeres muere por complicaciones derivadas del embarazo o el parto.
En cambio, en Brasil, donde casi 75 por ciento de las mujeres utilizan regularmente algún método anticonceptivo, el riesgo de mortalidad materna es de uno en 130.
Estos datos llevaron a GHC a concluir que 700.000 mujeres perdieron su vida entre 1995 y 2000 como resultado de embarazos no deseados.
El grupo estimó en 300 millones el número total de embarazos no deseados en ese período de seis años, y los atribuyó a una combinación de factores que incluyen acceso inadecuado a servicios de salud reproductiva, pobreza, ignorancia, marginación socioeconómica y discriminación de género.
Aunque más de un tercio de esas 700.000 mujeres murieron por problemas relacionados con el embarazo y el parto, más de 400.000 fallecieron por complicaciones de abortos realizados en condiciones inseguras, y en general ilegales, señala el estudio.
Este informe es la crónica de una tragedia que podría prevenirse perfectamente, declaró Nils Daulaire, presidente de GHC.
El hecho de que esas mujeres carezcan de medios para planificar, prevenir o espaciar adecuadamente sus embarazos representa una gran amenaza a la salud pública, que podría eliminarse con modestos recursos, destacó.
Daulaire citó estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, según las cuales sería posible ofrecer a las mujeres de países pobres un paquete completo de planificación familiar básica, atención del embarazo y el parto y cuidado neonatal a un costo de tres dólares por mujer y por año.
Por lo tanto, afirmó, esas muertes reflejan el incumplimiento por la comunidad internacional del compromiso asumido de asegurarle a la mujer acceso a servicios de salud reproductiva.
El informe se publicó en medio de una polémica en Estados Unidos por la decisión del gobierno de George W. Bush de retener 34 millones de dólares que el Congreso había aprobado el año pasado para el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP).
El argumento del gobierno es que el FNUAP trabaja con algunos grupos chinos que practican o promueven los abortos forzados o la esterilización de mujeres.
Los 34 millones de dólares se destinarán en cambio a programas de planificación familiar financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), anunció Washington.
La decisión de Bush enfureció a los defensores del FNUAP, quienes arguyeron que la medida aumentará el número de embarazos no deseados en muchos países donde USAID no trabaja.
Un grupo bipartidario de legisladores señaló ese punto en una carta dirigida el miércoles al secretario de Estado (canciller) Colin Powell, que también solicita detalles sobre cómo, dónde y a quién se destinarán los fondos adicionales de USAID.
Mi preocupación es que USAID trabaja en sólo 84 países, mientras el FNUAP trabaja en 140, y no parece haber un plan para resolver este problema, señaló la representante Carolyn Maloney de Nueva York, una de las firmantes de la carta.
Lamentablemente, los países que quedarán excluidos son los que más necesitan servicios de planificación familiar, añadió.
Los observadores políticos prevén un gran debate sobre la contribución de Estados Unidos al FNUAP el año próximo, como resultado de la decisión de Bush.
El Senado ya aprobó un proyecto de ley de ayuda al exterior que prevé 50 millones de dólares para esa agencia de la ONU. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml/mlm/he/02
