La Comisión de Derechos Humanos de Malasia (Suhakam, por su acrónimo en malasio) recibió en lugar de regalos una andanada de críticas por su falta de independencia y coraje, al cumplir esta semana su tercer aniversario.
Atrapada entre la espada y la pared, la comisión ha tratado desde su creación de ganarse el apoyo popular por un lado y por otro de no molestar demasiado al gobierno de Mahathir Mohamad, quien se encuentra en el poder desde 1981.
La actuación de Suhakam durante el último año fue revisada por organizaciones no gubernamentales (ONG) en una reunión convocada la semana pasada por el grupo ERA Consumer Malaysia en la ciudad de Ipoh, unos 160 kilómetros al noroeste de la capital, Kuala Lumpur.
Las expectativas eran muy altas el 9 de septiembre de 1999, cuando el parlamento creó a Suhakam con el mandato de recomendar medidas para mejorar la condición de los derechos humanos en este país del sudeste asiático.
La comisión recibió un respaldo importante por algunas de sus posiciones, en especial por tratar de abrirse espacio en un ambiente que rechaza el disentimiento político.
Sin embargo, la mayoría de los grupos de la sociedad civil presentes en la reunión de Ipoh expresaron decepción.
Estuve detenido 51 días sin cargo, desnudo y con los ojos vendados. Pero cuando me llevaron ante la comisión, sus miembros también tenían los ojos vendados. Lo único que me preguntaron fue si me habían alimentado bien, se quejó N. Gopalakrishnan, miembro del partido opositor Keadilan.
Los 51 días de detención no me hirieron tanto como la actitud de Suhakam, dijo el disidente a la reunión de 200 representantes de ONG y partidos políticos.
Además de las críticas de la sociedad civil, la comisión debe enfrentar la indiferencia del parlamento nacional, que en junio rechazó una moción de la oposición para adoptar el informe 2001 de Suhakam.
En el documento, cuidadosamente redactado para no herir la sensibilidad del gobierno, la comisión señalaba que el derecho de los ciudadanos a un juicio justo y a reunirse en forma pacífica había sido muy limitado el año anterior.
El gobierno utilizó la detención sin juicio prevista en la Ley de Seguridad Interna, de la era colonial, para contrarrestar lo que calificó de amenazas a la seguridad nacional en el año 2001, dice el informe.
Como resultado, el número de personas encarceladas en virtud de esa ley (que prevé la detención sin juicio hasta por dos años y fue redactada originalmente para combatir la insurgencia comunista) aumentó de 40 al final del año 2000 a 78 un año después.
El gobierno justifica esa norma como instrumento para combatir amenazas a la seguridad nacional, pero grupos de la sociedad civil la consideran un instrumento de opresión aprovechado por el gobierno para sus propios intereses políticos, agrega el informe.
Suhakam también citó cifras del Centro de Asesoramiento Legal del Colegio de Abogados de Kuala Lumpur, según el cual de las 800 personas detenidas en virtud de la Ley de Seguridad Interna en el período 1998-2000, la mayoría no recibieron acusación formal.
La mayoría de los arrestados por asistir a reuniones ilegales fueron absueltos, lo cual demuestra que no debieron ser detenidos en primer lugar, dice el documento.
Chiam Heng Keng, una de los miembros de la comisión, intentó explicar a la reunión de Ipoh la difícil posición de su organismo. No danzamos al ritmo del gobierno ni de las ONG, aseguró.
Pero grupos de la sociedad civil señalaron varias áreas en que Suhakam defraudó las expectativas.
La principal debilidad de la comisión radica en sus métodos de investigación, en especial en los casos de arresto sin cargo formal, sostuvo Irene Fernández, presidente de Tenaganita, una ONG dedicada a los trabajadores migrantes.
El método por el cual la comisión informa a las autoridades antes de realizar una visita a un centro de detención debe ser modificado, instó la activista.
Si se les informa previamente, arreglan el escenario, y luego el informe dice que todo está bien. Esto es un desastre, y el proceso de investigación debe modificarse radicalmente, urgió Fernández.
Mientras, el activista estudiantil Chang Lih Kang cuestionó la eficacia de la comisión en cuanto a la protección de los estudiantes, que constituyen uno de los grupos más vulnerables a abusos en virtud de la Ley de Universidades.
Dicha ley desalienta la participación política de los estudiantes, algunos de los cuales han sido expulsados de universidades por su activismo. (FIN/IPS/tra-en/pd/aag/js/mlm/hd/02
