Organizaciones humanitarias y el gobierno de Chile presentaron este martes recursos ante la justicia para que investigue la supuesta rearticulación del Comando Conjunto, un organismo represivo de la dictadura del general Augusto Pinochet que ahora actuaría como red de protección de ex agentes.
A pesar de que el gobierno de Ricardo Lagos acogió con cierto escepticismo las primeras denuncias al respecto, el viceministro del Interior, Jorge Correa, admitió que podría existir relación entre esa red y las dificultades para encontrar restos de desaparecidos durante el régimen dictatorial (1973-1990).
La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) basaron sus demandas en un reportaje aparecido el domingo pasado en el diario estatal La Nación.
La agitación en torno de esa denuncia periodística se produce en la víspera del aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuyas consecuencias desde el punto de vista de las violaciones de los derechos humanos aún no se dan por superadas.
El Comando Conjunto fue una asociación ilícita, conformada por efectivos militares y agentes civiles, que operó en los primeros años de la dictadura de Pinochet con el propósito de desarticular estructuras de dirigentes de los partidos de izquierda obligados a actuar en la clandestinidad tras el golpe militar.
Ese grupo, contemporáneo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), estuvo formado sobre todo por oficiales y suboficiales de la fuerza aérea y una de sus tareas prioritarias fue perseguir, dar muerte y hacer desaparecer a dirigentes del Partido Comunista.
El reportaje de La Nación señala que antiguos miembros de esa asociación ilícita se reagruparon desde enero de este año, con el propósito de obstruir procesos que se llevan a cabo en los tribunales sobre violaciones de los derechos humanos.
La fuente de la denuncia es un presunto ex agente del Comando Conjunto, identificado sólo con su apodo de Colmillo Blanco.
Según el reportaje, se han producido filtraciones de expedientes de los procesos y han desaparecido antecedentes en otros casos, lo cual beneficia a antiguos miembros de esa estructura represiva.
Si bien los crímenes del Comando Conjunto estarían cubiertos por la ley de amnistía que el régimen de Pinochet expidió en 1978, sus miembros pueden ser requeridos por jueces especiales que investigan el paradero de los restos de unos 1.000 desaparecidos durante ese régimen militar.
No estamos en presencia de un volador de luces, sino que efectivamente ha habido filtraciones en los tribunales que deben ser investigadas. Es claro que estamos en presencia de una grave alteración a la labor judicial, dijo Irma Villagra, abogada del Codepu, respecto de la publicación de La Nación.
Villagra, en el momento de presentar la querella en un juzgado criminal de Santiago, aclaró que su organización no cree totalmente los dichos de Colmillo Blanco, pero sabemos que hay parte de verdad en lo que él dice y en que la red (de protección) que está filtrando información funciona.
Pidió, además, que la Corte de Apelaciones designe un juez especial de investigación del caso, demanda a la que se sumó en otra presentación la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos.
No es posible que se permita la existencia de una asociación ilícita llamada Comando Conjunto cuando hemos transitado (desde el restablecimiento de la democracia en 1990) precisamente para que este tipo de organizaciones no exista y para que los poderes del Estado puedan actuar en forma independiente, dijo Mireya García, vicepresidenta de la AFDD.
La fuerza aérea y el ejército emitieron declaraciones en las que niegan la existencia de planes para obstaculizar la justicia vinculados a esas instituciones castrenses.
Colmillo Blanco aseguró que el reagrupamiento de los antiguos agentes del Comando Conjunto se debió a órdenes superiores que recibieron a comienzos de este año.
El informante anónimo agregó que el grupo recibe protección de la fuerza aérea y cuenta con recursos financieros para realizar seguimientos y amenazas de personas, intercepciones telefónicas, robo de expedientes en tribunales y sobornos.
La fuerza Aérea rechazó categóricamente cualquier colusión con ex agentes represivos e impugnó que denuncias de este tipo se hagan por la prensa y no en los tribunales.
Por su parte, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, dijo este martes que no hay evidencias que nos permita denunciar obstrucción a la justicia. Si se tienen antecedentes, eso tendrán que verlo los jueces a cargo, añadió.
Poco después de esas declaraciones, el viceministro de la misma cartera, Jorge Correa, presentó un escrito al juez Mario Carroza, quien tiene a su cargo causas por desapariciones forzadas atribuidas al Comando Conjunto.
Correa manifestó la decisión del gobierno de hacerse parte en estos juicios, advirtiendo que, de ser cierta la existencia de la red de obstrucción a la justicia, se explicarían las enormes dificultades para ubicar restos de desaparecidos.
El viceministro pidió al magistrado que cite a declarar tanto al supuesto ex agente Colmillo Blanco, como a los periodistas del diario La Nación autores del reportaje. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/02
