La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de absolver a cuatro jefes militares acusados de participar del fallido golpe de Estado de abril podría dar lugar a un juicio contra el presidente Hugo Chávez o a la remoción de varios magistrados.
Los altos oficiales acusados no desconocieron al gobierno, sino la orden dictada por el presidente de la República (el 11 de abril) de aplicar el Plan Avila, porque resultaba contraria a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y ello significaría una masacre, sostiene el fallo dictado por el Tribunal Supremo el miércoles.
El Tribunal determinó que no se hallaron indicios suficientes para juzgar por rebelión al ex jefe del ejército Efraín Vásquez, al general de brigada Pedro Pereira, al vicealmirante Héctor Ramírez y al contraalmirante Daniel Comisso, un fallo que los absuelve definitivamente de esa acusación.
El texto del fallo redactado por el juez Franklin Arriechi sostiene que los acusados actuaron ante un vacío de poder, pues el entonces inspector general de las Fuerzas Armadas, general Lucas Rincón, había anunciado públicamente la renuncia de Chávez.
Agrega que los cuatro oficiales actuaron para restablecer el orden, luego que 18 personas murieron baleadas en los disturbios durante una marcha opositora que el 11 de abril intentó llegar hasta el palacio presidencial para exigir la renuncia de Chávez.
La decisión —que se basó en la tercera propuesta sobre el caso— y la votación del tribunal favorable a la oposición política, abre el camino para que esas acusaciones se vuelvan ahora contra el presidente.
Además, el Tribunal Supremo estudia varias denuncias contra Chávez por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en la represión de la manifestación de opositores del 11 de abril y por corrupción.
Los militares se beneficiaron con el privilegio de ser sometidos a un antejuicio de méritos, tradicionalmente reservado al presidente y otros altos funcionarios, en virtud de la Constitución de 1999 que amplió esa prerrogativa a generales y almirantes.
Diputados oficialistas anunciaron este jueves que apelarán ante organismos internacionales la decisión del máximo cuerpo judicial del país e incluso sugirieron la convocatoria de una Asamblea Constituyente para remover a los jueces y depurar el poder judicial.
Chávez instó en reiteradas ocasiones a los magistrados a actuar apegados al derecho agregando que es imposible negar que aquí hubo un golpe de Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia pone a prueba de fuego la Constitución aprobada por la gran mayoría de los venezolanos, dijo el presidente el mismo miércoles.
La decisión judicial desató una serie de protestas callejeras que dejaron tres heridos de bala, pero que fueron focalizadas y menos numerosas de lo esperado.
La intensa batalla política encendida en diciembre, cuando la federación empresarial Fedecámaras y la central obrera Confederación de Trabajadores de Venezuela convocaron a una huelga general para rechazar 47 leyes económicas, se traslada ahora al terreno judicial.
Sin embargo, ni el oficialismo ni la oposición parecen tener base suficiente para dilucidar su enfrentamiento ante los tribunales.
Es difícil construir un caso que permita denunciar el fallo del Tribunal Supremo ante organismos internacionales de derechos humanos, estimó el constitucionalista Pedro Nikken, quien integró la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No veo cómo se podría denunciar una violación al debido proceso. Las partes tuvieron derecho a presentar sus alegatos. El caso fue sometido a tres votaciones, y se trata de la más alta instancia judicial del país. La decisión, desde el punto de vista formal, es inobjetable, dijo Nikken a IPS.
Sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para remover a los magistrados, Nikken indicó que sería un fraude a la Constitución, porque se estaría haciendo para anular la independencia de un poder y la Carta Democrática Interamericana (de la Organización de Estados Americanos) podría ser usada más bien en contra de esa intención.
Como contrapartida, el jurista estimó que las acusaciones de lesa humanidad contra Chávez no serían procedentes pues constituyen una categoría de delito extremadamente grave.
La discusión es un tanto bizantina. Si lo que está en juego es que por orden o con la anuencia del presidente se asesinó a manifestantes pacíficos, no hace falta invocar el delito de lesa humanidad, es suficiente con la acusación de homicidio, opinó Nikken.
Los argumentos no parecen consistentes ni necesarios, y creo que no se debe banalizar delitos tan graves como el de lesa humanidad, porque ello no beneficia a nadie, concluyó. (FIN/IPS/jz/dcl/ip/02
