Sindicalistas de Estados Unidos temen que la guerra contra el terror declarada por el presidente George W. Bush se convierta en una guerra contra el derecho de huelga, que comenzará en los puertos del océano Pacífico.
Bush se propone declarar futuras medidas sindicales de fuerza como amenaza a la seguridad nacional, calificación que hasta ahora solo era utilizada para servicios vitales como el de los bomberos, advirtieron dirigentes sindicales.
Si el gobierno tuviera éxito en impedir de ese modo una huelga en los puertos de la costa occidental, cualquier otra medida sindical que obstaculice las operaciones de un sector considerado vital para la economía podría ser declarada ilegal, advirtieron.
La Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), principal central sindical de este país, creó un comité que ayuda al sindicato portuario ILWU en su negociación con el gobierno y las patronales, con el fin de impedir un retroceso del derecho de huelga.
Una discusión sobre si los estibadores gozan del derecho de huelga podría sepultar la negociación sobre salarios, beneficios y condiciones de trabajo que se realiza en los puertos del Pacífico para renovar el convenio colectivo vigente hace tres años.
El dirigente de ILWU Clarence Thomas advirtió que, en caso de conflicto, el gobierno podría remplazar a los huelguistas con personal de la armada para la carga y descarga de embarcaciones.
Esa posibilidad sólo podría darse en tiempos de guerra, pero Bush declaró que el estado de guerra ya existe, y que continuaría indefinidamente, desde los atentados cometidos el 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
El secretario (ministro) de Seguridad Interior, Tom Ridge, y la de Trabajo, Elaine Chao, advirtieron a los negociadores del sindicato portuario que el gobierno estaba preparado para impedir una huelga, afirmó Thomas.
Ridge y Chao indicaron que en ese caso el gobierno invocaría la Ley Taft-Hartley, lo cual obligaría a los estibadores a asistir a sus puestos de trabajo.
Bush también podría solicitar al Congreso legislativo que la actividad en los puertos se rija por la Ley de Trabajo en Vías Férreas, que permite al gobierno declarar ilegal una huelga, y no, como hasta ahora, por la Ley de Relaciones Laborales, que establece con claridad el derecho a detener las tareas.
El presidente ya amenazó con utilizar la Ley de Trabajo en Vías Férreas como presión para que el sindicato de la compañía aérea Northwest Airlines accediera a firmar un convenio favorable a la empresa.
A pesar de los intercambios de acusaciones que se registran cada tres años en las negociaciones del convenio colectivo que rige el trabajo en los puertos del Pacífico, no hubo huelgas en el sector desde 1971.
Ese año comenzó una era de intensos cambios tecnológicos, con la introducción de los contenedores. Los puestos de estibador se redujeron de 100.000 a los actuales 10.500. Hoy, los trabajadores portuarios asisten a otro comienzo de una nueva era.
Se prevé que el trabajo en las dársenas esté automatizado por completo dentro de algunas décadas, y que la mayoría de los empleados controlarán el movimiento de cargas a cientos de kilómetros de los muelles, frente a pantallas de computadora.
Puertos como Singapur y Rotterdam ya cuentan con la nueva tecnología, y las compañías navieras quieren introducirla en Estados Unidos, lo cual eliminaría miles de trabajos.
Por su parte, el gobierno de Bush parece dispuesto a cuestionar el derecho de huelga, en un momento en que prioriza la seguridad nacional frente los derechos cívicos y laborales.
El Departamento de Trabajo también advirtió que el ILWU podría ser declarado un monopolio ilegal, pues su carácter de sindicato único impide la carga y descarga en un puerto de la costa occidental cuando en otro se declara la huelga.
Mucho antes de que comenzaran las negociaciones, las compañías navieras y grandes corporaciones dependientes de la carga a través del océano Pacífico, como la de indumentaria The Gap, la de juguetes Mattel y la minorista Home Depot, se unieron para pedir ayuda a Bush.
La mayoría de los estibadores del sudoccidental estado de California son negros o de origen latinoamericano. La actividad en los muelles es la columna vertebral de muchas comunidades afroestadounidenses.
Los salarios y beneficios no son un problema en las negociaciones. El salario en los muelles oscila entre 27,68 y 33,48 dólares por hora, aproximadamente lo mismo que ganan los fontaneros o electricistas.
Pero a las compañías les gustaría ver fuera del ILWU a los trabajadores que ordenan el tráfico de contenedores, los administrativos que rastrean las cargas y los conductores de los camiones que las ingresan y retiran de los puertos.
En muchas terminales, los trabajadores de esas categorías ya se unieron al ILWU o lo intentaron, pues la sindicalización les aseguraría mejores salarios. A su vez, la organización también pretende afiliarlos.
Cuando los trabajos cambian, algunos puestos desaparecen y otros aumentan. Los puestos de estibador son los que ahora están desapareciendo. Las empresas muestran su intención de que el sindicato desaparezca al rehusarse a que nuestros afiliados realicen las nuevas tareas, dijo el portavoz de ILWU Steve Stallone. (FIN/IPS/tra-eng/fb/ml/mj/lb ip/02
