La credibilidad de la Corte Penal Internacional para Ruanda (CPIR) es amenazada por el bloqueo al que la somete el gobierno ruandés, sostuvo en un informe el Grupo Internacional de Crisis, una organización no gubernamental con sede en Bruselas.
Los autores del informe criticaron con dureza a Kigali por impedir que testigos brinden a la CPIR, instalada en 1996, evidencia contra acusados de planear el genocidio que costó la vida a unos 800.000 ruandeses en 1994.
Ese genocidio fue cometido por militares y milicianos radicales de la mayoritaria etnia hutu, contra integrantes de la minoritaria etnia tutsi y hutus moderados.
El gobierno ruandés, dominado en la actualidad por tutsis, adopta esa conducta obstructiva con la intención de evitar que actuales integrantes de sus Fuerzas Armadas sean juzgados por la CPIR, sostuvieron los expertos del Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés).
Las actuales autoridades de Ruanda tomaron el poder en 1994, tras la muerte en un accidente aéreo no aclarado del presidente hutu Juvenal Habyarimana, y observadores sostienen que también cometieron graves violaciones de los derechos humanos.
Los tutsi son cerca de 14 por ciento de los 8,1 millones de habitantes de Ruanda.
En los últimos meses, Kigali ha impedido a varias personas comparecer ante la CPIR, instalada en la septentrional ciudad tanzania de Arusha, con el argumento de que en ese tribunal se maltrata a los testigos.
El portavoz de la CPIR, Kingsley Moghalu, rechazó esa acusación y sostuvo que se debe a malentendidos por diferencias culturales.
Los testigos, convocados en su mayoría por los fiscales, son bien cuidados. Se quejan porque no están acostumbrados a que se les interrogue con el estilo riguroso correspondiente a un tribunal, que ellos interpretan como maltrato, sostuvo.
Es un poco extraño que el gobierno ruandés no haya bloqueado el proceso judicial hasta que comenzaron a considerarse acusaciones contra integrantes de su Ejército Patriótico Ruandés, señaló Fabienne Hara, del ICG.
Es probable que se trate de un intento de intimidar a la CPIR, para que no investigue esas acusaciones, alegó.
Kigali arguye que los integrantes de sus Fuerzas Armadas no pueden ser acusados de cometer crímenes contra la humanidad mientras detenían un horrendo genocidio.
El ICG pidió al tribunal de Arusha que actúe con firmeza ante el gobierno de Ruanda, en un informe titulado La cuenta regresiva que fue entregado a IPS esta semana.
Respuestas pasivas, defensivas o de corto alcance, como las recientes (de la CPIR a Kigali), sólo debilitarán al tribunal, y lo convertirán en prisionero de sus propias contradicciones y de los intereses del gobierno ruandés, advirtió.
La comunidad internacional debe presionar a Ruanda para que ponga fin a sus actividades de obstrucción, sostuvo Hara.
Hubo apoyo internacional a los juicios de la CPIR, y ese tribunal no debe ser dejado solo ante el gobierno de Ruanda, enfatizó.
La CPIR pidió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que lo apoyara ante Kigali.
El gobierno de Ruanda insiste en la necesidad de capturar y llevar a juicio a los acusados de genocidio que siguen prófutgos, pero bloquea esfuerzos para realizar esos juicios, sostuvieron autoridades de la CPIR.
Kigali ha mantenido durante años tropas desplegadas en la vecina República Democrática del Congo (RDC), con el argumento de que persigue a ex militares e integrantes de las milicias Interahamwe, responsables del genocidio.
La semana pasada, un acuerdo de paz firmado en Pretoria por los presidentes Joseph Kabila, de la RDC, y Paul Kagame, de Ruanda, estableció el compromiso ruandés de retirar a sus tropas de territorio congoleño, a cambio del desarme y la repatriación de esos acusados de genocidio.
Ruanda pide a la RDC que cumpla sus compromisos internacionales y arreste a responsables de masacres de 1994 que operan en territorio congoleño, pero al mismo tiempo impide el desarrollo de los juicios de la CPIR, apuntó Hara.
El ICG insiste en que la CPIR debe demostrar su imparcialidad mediante investigación de los dos bandos del conflicto de 1994, y señala que ese tribunal no ha considerado en seis años una sola acusación contra personas relacionadas con el actual gobierno ruandés.
Moghalu afirmó que ese hecho no tiene gran importancia.
La CPIR es un tribunal independiente, y su trabajo no debe politizarse con demandas de equilibrio étnico, aseveró el portavoz.
La tarea más importante del tribunal es investigar el genocidio, aunque su mandato incluye juicios por crímenes de guerra, y algunas personas dicen que el Ejército Patriótico Ruandés puede haber cometido tales crímenes, comentó.
Estoy seguro de que la fiscalía considerará tales acusaciones, y actuará como debe si hay evidencia. Pero no puede proceder sin motivos jurídicos, sólo para lograr un equilibrio político, añadió Moghalu.
Percepciones de parcialidad en la actuación de la CPIR son un obstáculo al proceso de paz de la RDC.
Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, uno de los grupos hutu que deben ser desarmados por tropas de RDC según el acuerdo de Pretoria, afirman que no se rendirán hasta que la CPIR haga su trabajo, en vez de actuar como un tribunal de vencedores contra vencidos.
El portavoz de ese grupo, Alexis Nshimyimana, alegó que el tribunal de Arusha debe juzgar a todos los criminales del Ejército Patriótico Ruandés. (FIN/IPS/tra-eng/ks/mn/mp/hd ip/02
