Las esperanzas de Perú de beneficios rápidos por la renovación de las preferencias arancelarias que Estados Unidos otorga a cuatro países andinos se esfuman ante la debilidad de la estructura exportadora del país y las exigencias de Washington.
El presidente peruano Alejandro Toledo declaró su entusiasmo ante la promulgación el 6 de este mes de la ley estadounidense de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), que contiene las preferencias arancelarias.
Pero casi en seguida comenzaron a manifestarse las dudas ante el texto de la ley y el gobierno y los empresarios se dieron a discutir el modo de adecuar la producción para aprovechar las ventajas.
Toledo había señalado que se crearían un millón de nuevos empleos en Perú a partir de la entrada en vigor de la ATPDEA, que renueva y amplía hasta el 31 diciembre de 2006 la ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) de 1991, que había caducado el 4 de diciembre.
La ATPDEA concede exoneración de pago de aranceles al ingreso en Estados Unidos de más de 6.000 productos procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en correspondencia con la lucha contra el narcotráfico en esos países andinos.
Si bien es una decisión unilateral, la ATPA no es un regalo de Estados Unidos sino una compensación a lo que gastamos en reprimir al narcotráfico, pues nuestros esfuerzos permiten a ese país reducir los costos internos de su política antidrogas, dijo el vicepresidente peruano Raúl Diez Canseco.
Por su parte, el economista Ernesto Grados destacó que esa ley es también un instrumento de presión porque, para merecer la exoneración arancelaria, los cuatro países deben dar facilidades a los inversionistas estadounidenses y resolver en favor de éstos los conflictos judiciales que surjan en Perú.
Grados apuntó que se tramitan en el país varios litigios que involucran a empresas de Estados Unidos, referidos a disposiciones ambientales, tributarias y administrativas.
El experto precisó que Perú no fue incluido en los beneficios de la ley estadounidense hasta 1993, cuando se resolvió de manera satisfactoria para la firma Belco Corporation el juicio que presentara contra el estado peruano por la expropiación de sus activos en 1985 por parte del entonces gobierno de Alan García.
Diez Canseco deploró las declaraciones del embajador de Washington en Lima, Richard Brown, por advertir que aún falta pan por rebanar para que entre en vigor en la fecha establecida, el capítulo de la ATPDEA que refiere a las confecciones de ropa, previsto para el 1 de octubre.
Pero la principal preocupación de Washington respecto de Perú es la lucha antidrogas, un asunto socialmente delicado en este país, donde se calcula que 400.000 campesinos subsisten directa o indirectamente de la producción ilegal de coca.
Estados Unidos plantea a Perú la necesidad de erradicar los cultivos ilegales mediante desalojos violentos o el empleo de sustancias químicas, acciones que provocan protestas en las zonas agrícolas involucradas.
En cambio Toledo propone implementar un programa de sustitución de plantaciones ilegales por productos alternativos, pero hasta ahora han fracasado por falta de financiación adecuada. La ayuda estadounidense para ese fin se concentra en Colombia.
Pero las dificultades para aprovechar las ventajas comerciales de la exoneración arancelaria concedida por Estados Unidos a la región andina no sólo llegan de Washington sino también de las propias debilidades de la estructura económica del país.
En la primera etapa del ATPA, las exportaciones peruanas a Estados Unidos pasaron de 695 millones de dólares en 1993 a 1.723 millones en 2001.
El aumento fue importante, pero con poco grado de diversificación, pues sólo se utilizaron 670 partidas de las 6.300 disponibles, y de ellas sólo unas pocas eran significativas, apuntó el economista Antonio Castillo.
En este momento, la excesiva concentración de nuestra oferta exportable, en la que 115 empresas responden por cerca de 80 por ciento de las exportaciones, conspira contra un aprovechamiento social mayor de las posibilidades del ATPDEA, añadió.
Esto se da inclusive en el sector de confecciones, considerado el de mejor capacidad de desarrollo e integración, pues sólo 29 empresas exportan más de cinco millones de dólares cada una al año, explicó.
Castillo agregó que otras 91 empresas de confecciones exportan entre uno y cinco millones y 1.078 empresas veden por montos menores al millón de dólares, dijo.
Los empresarios reclaman mayor apoyo oficial, como créditos, seguros de preembarque y de operatividad y la eliminación del llamado impuesto de solidaridad, creado hace cuatro años con carácter transitorio y que el gobierno rehúsa derogar por la caída del ingreso fiscal.
Las exoneraciones y facilidades arancelarias en algunos mercados se vuelven ventajas ilusorias en la medida en que el gobierno nos aplica duros costos, que nos quitan competitividad, comentó el presidente de la Asociación de Exportadores, Alfonso Velásquez.
A su vez, el empresario textil Nestor Cenzano sostuvo que el piso está movido por las discrepancias entre los empresarios y el gobierno sobre cómo y en qué proporción el Estado debe apoyar a los productores para aprovechar la apertura del mercado estadounidense.
El ministro de Economía. Javier Silva Ruete, rechazó un paquete de medidas pedido por los empresarios para aprovechar el 100 por ciento de las posibilidades del ATPDEA, entre ellas la exoneración arancelaria a la importación de maquinarias, aseguró Cenzano.
Silva Ruete explicó que el déficit fiscal existente no dejaba margen ni siquiera para reducir los aranceles de importación, menos aún para una exoneración total. (FIN/IPS/al/dm/if/02
