Uno de los principales acusados por el genocidio de 1994 en Ruanda, el ex comandante de las Fuerzas Armadas Augustin Bizimungu, fue entregado este jueves al tribunal especial de la ONU en Arusha, Tanzania, y no a la justicia de su país, que lo había requerido.
Bizimungu, detenido esta semana en Angola, se encuentra en un centro de reclusión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), dijo el portavoz del Tribunal Penal Internacional, Kingsley Moghalu.
Esta detención marca un nuevo pico de tensión entre el cuerpo judicial de la ONU y el gobierno del presidente ruandés Paul Kagame.
Dentro de pocos días habrá una audiencia en que acusado se declarará inocente o culpable, y luego se fijará la fecha para el comienzo del juicio, anunció Moghalu.
Bizimungu, comandante del ejército ruandés cuando unos 800.000 integrantes de la minoría tutsi y hutus moderados fueron masacrados entre abril y junio de 1994, es acusado de genocidio, conspiración para cometer genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Las Fuerzas Armadas de Ruanda tenían un estrecho vínculo con las milicias hutu Interahamwe, que cometieron la mayoría de los asesinatos.
Autoridades angoleñas detuvieron a Bizimungu en territorio bajo control de la insurgente Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), que firmó el cese del fuego en abril luego de 27 años de guerra civil.
El gobierno de Kagame había solicitado el miércoles la extradición de Bizimungu. Si se lo juzgara en Ruanda, tendría más impacto, más valor educativo. Nos permitiría reafirmar nuestra política de reconciliación y unidad nacional, dijo el canciller André Bumaya.
El Tribunal Penal Internacional rechazó el pedido con el argumento de que Ruanda carece de instalaciones adecuadas para el desarrollo del juicio.
Hay muchos factores logísticos, como la seguridad, la posibilidad de una defensa justa para Bizimungu y la necesidad de intérpretes que traduzcan las deliberaciones, sostuvo Moghalu. Por otra parte, recordó el portavoz, los juicios en Arusha se transmiten por radio a Ruanda.
Esperamos que el gobierno de Ruanda difunda activamente el desarrollo del juicio a sus ciudadanos a través de sus canales de información pública, agregó.
Las relaciones entre el gobierno de Ruanda y el Tribunal Penal Internacional han sido tensas. La fiscal en jefe del cuerpo, Carla del Ponte, acusó al gobierno de impedirle investigar la participación de las Fuerzas Armadas en el genocidio.
Varios juicios se encuentran detenidos, debido, según el tribunal, a dificultades impuestas por Kigali al traslado de testigos desde Ruanda, acusación que el gobierno rechaza.
Mientras, el gobierno ruandés acusó al Tribunal de la ONU de lanzar una campaña de desinformación y de pretender apaciguar a los defensores de la autodenominada 'justicia étnicamente equilibrada' y los impulsores del revisionismo'.
Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU consideraba la creación del Tribunal Penal Internacional para juzgar el genocidio de 1994, Ruanda reclamó que el cuerpo tuviera sede en el propio país donde esos crímenes fueron cometidos.
De todos modos, la oficina de Del Ponte se encuentra en Ruanda y se acordó que algunos juicios se desarrollen allí cuando las circunstancias mejoren, lo cual, según la ONU, aún no ocurrió.
El gobierno de Ruanda también se queja por la lentitud de los procedimientos. El Tribunal condenó a ocho personas y absolvió a una desde 1995, cuando fue instalado. Hay 52 personas detenidas en Arusha por el genocidio en Ruanda, 21 de ellos actualmente en juicio.
Estados Unidos ofreció a comienzos de mes hasta cinco millones de dólares por información que condujera al arresto de Bizimungu y de otros siete sospechosos de participar en el genocidio.
El gobierno de Ruanda urgió a otros gobiernos de la región a seguir el ejemplo de Angola y entregar a otros acusados del genocidio de 1994. (FIN/IPS/tra-eng/ks/mn/mj/hd ip/02
