Grupos humanitarios de Argentina expresaron este martes su esperanza de la pronta desclasificación de documentos sobre la represión dictatorial existentes en las áreas de defensa e inteligencia de Estados Unidos, para completar los textos entregados por el Departamento de Estado.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las asociaciones Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo manifestaron en Buenos Aires su satisfacción por lo que consideraron un triunfo de su persistencia ante Washington.
El Departamento de Estado estadounidense respondió al insistente reclamo de esas organizaciones de Argentina y envió hace 10 días 4.677 documentos relacionados con la represión ilegal durante la dictadura impuesta por los militares en este país de 1976 a 1983.
Entre los textos se cuentan declaraciones de jefes militares de la época a diplomáticos de Washington, que justifican la represión ilegal, admiten haber firmado hasta un centenar de sentencias de muerte extrajudiciales por día y explican el modo de colaborar con otras dictaduras de América Latina.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carloto, señaló que su organización no tenía dudas de la participación de Estados Unidos en el aparato represivo de la dictadura, aunque admitió que en aquellos años la embajada de ese país en Buenos Aires recibía denuncias de familiares y a muchas les dio curso.
Según los documentos desclasificados, Estados Unidos sostuvo entonces que el golpe de estado perpetrado en 1976 por los militares argentinos fue probablemente el mejor ejecutado y el más civilizado de la historia del país, mientras que el entonces dictador Jorge Videla era considerado un moderado.
Videla fue condenado a cadena perpetua a mediados de los años 80, tras la reinstauración de la democracia, por gravísimas violaciones de los derechos humanos, pero luego fue indultado por el presidente Carlos Menem (1989-1999).
En la actualidad permanece en arresto domiciliario, beneficio otorgado a los mayores de 70 años, por una causa en la que se investiga su responsabilidad en el secuestro y apropiación de menores, todos hijos de personas desaparecidas de modo forzoso durante el régimen militar.
Carloto precisó una vez más que Abuelas se creó para buscar y recuperar a esos menores, que se consideran desaparecidos vivos, es decir casi 500 personas nacidas durante el cautiverio de sus padres o secuestradas junto con ellos cuando eran niños.
Esa organización humanitaria ha podido ubicar hasta ahora a más de 50 personas secuestradas cuando eran niños.
El ex general Videla está procesado en otra causa por su responsabilidad en el llamado Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras de América del Sur en los años 70 para el intercambio de prisioneros o el apoyo logístico a secuestros y homicidios.
Técnicos del CELS indicaron que los documentos desclasificados la semana pasada muestran una impresionante contradicción entre el discurso público de los militares argentinos, que siempre negaron la represión ilegal, y la admisión con detalles de sus crímenes en diálogos reservados con funcionarios de la embajada estadounidense en Buenos Aires.
Además, los documentos también recogen denuncias de familiares de desaparecidos y de personas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos de detención y revelaron luego a funcionarios estadounidenses el tipo de torturas a las que se sometía a los prisioneros.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, explicó que en los archivos se ve que Estados Unidos admitía la dureza militar contra el terrorismo —aunque sin justificar las ejecuciones extrajudiciales—, pero no entendía la categoría de subversivo que englobaba a los sospechosos o allegados a insurgentes.
Estos últimos, sin estar involucrados directamente en una organización armada, también eran secuestrados, torturados y desaparecidos, ya sea por error o porque se les requería información, o por ser simplemente familiares o amigos de un guerrillero al que no se había podido atrapar.
La embajada de Estados Unidos explica, por ejemplo, que los militares argentinos tenían permiso para operaciones indiscriminadas y también órdenes para que en caso de que se capturara a un insurgente se diera a publicidad la operación.
En cambio, si se traía a un ama de casa o a la tía de alguien, esa detención se negaría para evitar el ridículo, se señala en uno de los documentos.
Las organizaciones humanitarias siguen estudiando los documentos desclasificados considerados claves para avanzar en los procesos judiciales en curso en Argentina y en otros países para conocer el destino de los desaparecidos y tratar de ubicar a hijos de muchos de ellos que viven con otra identidad.
Esos grupos aseguran que las personas desaparecidas de manera forzosa entre 1876 y 1983 son unos 30.000 mientras que oficialmente se reconocen unos 11.000.
Los miembros de las fuerzas de seguridad de la dictadura argentina acusados de violaciones de los derechos humanos quedaron fuera de los tribunales por sucesivas leyes de amnistía, y algunos jefes condenados antes de dictarse esas normas, como Videla, fueron beneficiados con el indulto presidencial.
Sin embargo, esas disposiciones legales o ejecutivas no pudieron amparar a los militares y policías involucrados en casos judiciales por apropiación de menores de aquella época.
Varios jueces en el último año declararon la nulidad de esas normas para casos de desaparición forzada en fallos luego confirmados por tribunales de alzada y ahora a la espera de sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Los líderes de los grupos humanitarios reunidos este martes con representantes de la prensa extranjera aclararon que el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo una primera selección antes de poner a su disposición los archivos.
Agregaron que tienen indicios de que hay material que sigue quedando en reserva.
Los activistas puntualizaron que el reclamo al gobierno de Estados Unidos para que desclasificara los archivos secretos se hizo en forma amplia, para que enviaran documentos del Departamento de Estado y también del Pentágono (Departamento de Defensa) y de la central de inteligencia estadounidense (CIA).
Es evidente que, mientras la rama política del gobierno de Jimmy Carter (1977-1981) presionaba por (detener) las violaciones de los derechos humanos que se perpetraban en Argentina, había sectores militares que estaban en desacuerdo con esa política y apoyaban a sus colegas argentinos, dijo el presidente del CELS.
No obstante, Verbistsky apuntó que son conscientes que es difícil obtener ese material, aunque no imposible. De hecho, los organismos de la comunidad militar y de inteligencia de Estados Unidos ya respondieron a pedidos similares de Chile, El Salvador y Guatemala, aunque enviaron documentos con líneas borradas.
Del mismo modo, Carloto y la dirigente de Madres, Carmen Lapacó, señalaron que durante los años que pasaron desde el final de la dictadura reclaman a los gobiernos la búsqueda de archivos militares, pero denunciaron que en este sentido comprobaron que falta voluntad política para hallar ese material.
No tenemos ninguna duda de que hay archivos muy bien guardados en donde estamos todos, pero claro, como le dije una vez a Menem, no esperamos encontrar las flechas que nos indiquen como llegar allí, el Estado debe asumir la tarea de buscarlos, remarcó la mujer. (FIN/IPS/mv/dm/hd/02
