La no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas manifestó este martes su oposición a un posible acuerdo del gobierno con Estados Unidos para negar la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso de soldados estadounidenses destinados a territorio colombiano.
La Comisión de Juristas, un grupo humanitario de expertos con estatus consultivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que la firma de un convenio de ese tipo fomentaría la impunidad, violaría el principio de igualdad ante la ley y minaría la integridad de la CPI, instalada el 1 de julio en La Haya.
Los juristas advirtieron al gobierno de Alvaro Uribe que un acuerdo como el propuesto el 15 de este mes por el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Marc Grossman, viola compromisos internacionales firmados por Colombia y, en particular, el asumido al suscribir el Estatuto de Roma.
Grossman argumentó, al entregar la iniciativa en una breve visita a Colombia, que el acuerdo se firmaría tomando en cuenta el artículo 98 del Estatuto de Roma, firmados en 1998 en el marco de una reunión de la ONU para dar paso a la CPI.
El funcionario estadounidense explicó que ese artículo 98 permite a un país como Colombia, que ratificó este año el tratado, y a Estados Unidos, que no forma parte del mismo, trabajar conjuntamente para proteger a sus ciudadanos de eventuales juzgamientos.
Pero la Comisión sostuvo en una carta enviada este martes a Uribe que Estados Unidos, al invocar el artículo 98 del Estatuto de Roma, desconoce el hecho de que esta norma es aplicable exclusivamente a los estados partes del tratado que crea la Corte.
Los expertos opinan que el artículo 98 se enmarca dentro del principio de complementariedad que rige para la CPI, creada para juzgar a responsables de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad cuando esos delitos no sean abarcados por las leyes del país donde fueron cometidos.
Por ello se otorga a estados partes la prioridad para la investigación y procesamiento, de manera que sean los gobiernos quienes tengan la oportunidad de actuar cuando alguno de sus ciudadanos sea acusado de haber cometido un delito de competencia de la CPI, explicó a IPS el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.
El mensaje la organización humanitaria especializada añadió que el artículo 98 fue concebido con el objetivo de que los Estados que cooperan con la CPI cuenten con un proceso entre ellos para el manejo de las personas sospechosas, lo que implica que es aplicable únicamente a los países que hayan cooperado.
Esto a todas luces implica, como se mencionó anteriormente, que el artículo es aplicable únicamente a los estados que hayan ratificado el Estatuto y cooperan con la Corte, apuntó la Comisión.
En consecuencia, un país que coopera con la CPI no podría entregar a un Estado que no forma parte a un ciudadano de ese último país que sea sospechoso de haber cometido un crimen de competencia de la CPI.
Gallón indicó que Estados Unidos desconoce con su propuesta el objetivo y el fin del Estatuto de Roma, que están relacionados básicamente con la necesidad de que los responsables de los más graves crímenes sean juzgados, en aras de poner fin a la impunidad y prevenir la comisión de esos delitos.
Agregó que Uribe debe mantener la posición asumida por el gobierno de su antecesor Andrés Pastrana en la reunión del 10 de julio del Consejo de Seguridad de la ONU.
El delegado de Pastrana señaló en ese ámbito que la petición de Estados Unidos de otorgar inmunidad a sus funcionarios en la misión Bosnia-Herzegovina iba en desmedro del Estatuto de Roma y, por lo tanto, de la justicia universal.
Además, Gallón entiende que la propuesta de Washington, ante el alarmante estado de impunidad que afronta Colombia, sólo conduciría a agravar la situación de los derechos humanos, pues significa autorizar a cualquier ciudadano estadounidense a que realice actos de genocidio o cometa crímenes de guerra en el país.
Un grupo de cerca de 70 personalidades colombianas, reunidas el domingo, dirigieron otra carta a Uribe en la que insta a respetar el Estatuto de Roma.
Los firmantes de la carta señalaron que Estados Unidos, Colombia y todos los países deberían fortalecer la Corte Penal Internacional, puesto que no existe nación que este exenta de ser víctima del terrorismo ni de tener ciudadanos terroristas.
En tanto, la canciller colombiana, Carolina Barco, dijo este martes ante una comisión del Senado que la legalidad de la solicitud de Estados Unidos esta siendo evaluada por un grupo de alto nivel.
Barco indicó que el gobierno respetará los compromisos internacionales adquiridos. Sin embargo, algunos analistas políticos consideran que, de no firmar el tratado propuesto por Grossman, Colombia pondría en riesgo la ayuda de Estados Unidos para su lucha antidrogas y contrainsurgente.
Estados Unidos destina para el llamado Plan Colombia, diseñado por Pastrana, recursos por 1.300 millones de dólares, 70 por ciento del cual es para asistencia militar, y que según organizaciones no gubernamentales ha contribuido a la agudización de la guerra civil.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, señaló que el gobierno de su país no presionará a las naciones que reciban ayuda para firmar el acuerdo de inmunidad que protege a sus militares, pero advirtió que la ley autoriza a Washington a cortar los recursos a quienes no firmen el convenio planteado. (FIN/IPS/yf/dm/ip hd/02
