Las fuerzas antinarcóticos de Bolivia, entrenadas y financiadas por Estados Unidos, cometieron graves violaciones de derechos humanos en la central región cocalera del Chapare, advirtió la independiente Washington Office on Latin America (WOLA).
Desde septiembre de 2001 fueron asesinados 10 campesinos plantadores de coca (el arbusto que se utiliza para fabricar pasta básica de cocaína) y al menos 350 fueron heridos o detenidos, muchos de ellos golpeados o torturados por los efectivos financiados por Estados Unidos, según un informe divulgado por la WOLA la semana pasada.
El documento Coca y conflicto en el Chapare, fue publicado poco antes que el Congreso legislativo de Bolivia eligiera el domingo nuevo presidente del país a Gonzalo Sánchez de Lozada, del centrista Movimiento Nacionalista Revolucionario.
Sánchez de Lozada fue el ganador de las elecciones presidenciales del 30 de julio, pero no pudo superar 50 por ciento de los votos necesarios para su asunción directa, ante lo cual debió competir en el Congreso con Evo Morales, el candidato del izquierdista Movimiento al Socialismo que llegó en segundo lugar.
Morales, el líder cocalero de origen aymara, sacudió el escenario político boliviano al obtener 21 por ciento de los votos, apenas detrás de Sánchez de Lozada, quien ya había ocupado la presidencia entre 1993 y 1997 y que ahora logró 22,5 por ciento.
La alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) le permitió a Sánchez de Lozada superar el último escollo del Congreso para preparar la asunción a la presidencia de Bolivia este martes.
El informe de la WOLA insta al gobierno de Estados Unidos a revisar su papel en Bolivia y en particular su presión sobre el nuevo gobierno para que lleve adelante una agresiva campaña de erradicación de cultivos ilícitos.
El asombroso ascenso de Morales se debió en parte a la abierta oposición a su candidatura ejercida por el embajador estadounidense en Bolivia, Manuel Rocha, según analistas políticos.
Cuatro días antes de las elecciones, Rocha advirtió al electorado boliviano que Washington podría cortar su asistencia si ustedes eligen a aquellos que quieren que Bolivia se convierta otra vez en un gran exportador de cocaína.
El firme respaldo a Morales indica un generalizado descontento con la política antinarcóticos de Estados Unidos y sus repercusiones en la sociedad y la economía boliviana, sostuvo el informe, escrito por Kathy Ledebur, de la Red de Información Andina.
Es inexcusable que el gobierno estadounidense continúe financiando cuerpos de seguridad en Bolivia, cuando hay clara evidencia de que esas unidades están atropellando a sus ciudadanos, dijo el director ejecutivo de la WOLA, Bill Spencer.
Leyes en vigor en Estados Unidos prohíben la asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras consideradas responsables de violaciones de derechos humanos, apuntó Spencer.
Morales, cuyo partido será la segunda fuerza parlamentaria, se ha convertido en una importante figura nacional en torno a la cual se nuclea una creciente oposición a casi 20 años de políticas económicas liberales y medidas represivas contra los cultivos de coca, sustentadas por Washington.
La ciudadanía ya no cree en el sistema político. La política se está mudando del parlamento a las calles, dijo al diario estadounidense Los Angeles Times el dirigente de la populista Fuerza Nueva República, Fernando García Algañaraz, cuyo candidato, el ex capitán del ejército Manfred Reyes Villa, se ubicó tercero en las elecciones de junio.
Bolivia fue el primer productor de coca del mundo, y por tanto uno de los centros de las estrategias de erradicación estadounidenses.
Sin embargo, en los años 80 y la primera mitad de los 90, resultaron inútiles las políticas para terminar con las plantaciones de coca, pese a que Washington destinó para ellas decenas de millones de dólares.
En 1998, el entonces presidente Hugo Banzer puso en marcha el Plan Dignidad, calificado por el informe de la WOLA como un abordaje de erradicación acérrimo y sin barreras, tan exitoso que Washington lo consideró modelo para el resto de la región de los Andes de América del Sur.
Pero ese éxito tuvo un elevado costo, según el informe.
El plan preveía el envío de cientos de efectivos a la selva del Chapare para destruir manualmente las plantas de coca, en un entorno de incursiones constantes y permanente presencia militar, financiada por la embajada estadounidense.
Si bien se suponía que el plan iba acompañado de un programa de desarrollo alternativo para los campesinos que perdían sus plantaciones de coca, ese aspecto jamás se materializó.
La velocidad de las operaciones de destrucción de plantaciones creó brechas entre la erradicación y la asistencia para el desarrollo alternativo, que dejaron a los agricultores sin sustento, afirma un documento de la Contaduría General de Estados Unidos.
El Chapare es una de las regiones más pobres de Bolivia, el país más pobre de América Latina y el Caribe después de Haití, pero la desaparición de la coca dejó a los campesinos privados de todo sustento.
Esta notable ausencia exacerbó la pobreza extrema de la región y agravó la desnutrición, profundizó las tensiones y provocó conflictos, según el documento de la WOLA.
Las protestas de los cocaleros y la represión de las fuerzas gubernamentales —a las que los habitantes del Chapare llaman 'mercenarios de Estados Unidos'— se agravaron en 2001, cuando fracasó un intento de mediación por la presión estadounidense.
Simultáneamente el gobierno prohibió el secado, transporte y venta de hojas de coca, un alimento tradicional de la región andina, en mercados legales del Chapare.
Cuando La Paz intentó poner en práctica ese decreto en enero, los cocaleros reaccionaron con violentas protestas. Cuatro efectivos de seguridad fueron hallados muertos y una semana más tarde, casi 100 líderes campesinos fueron detenidos.
La radioemisora local Radio Soberanía fue clausurada, y Morales, que ocupaba un escaño como diputado, fue expulsado del congreso.
Gracias a una mediación interna, el gobierno accedió a suspender por tres meses el decreto y liberar a los detenidos, mientras los cocaleros cesaron los bloqueos a las carreteras. Pero también se enlentecieron las operaciones de erradicación.
Estados Unidos mide el éxito en términos de erradicación y no de bienestar del pueblo boliviano, señala el informe de la WOLA.
Washington debería revisar su política a la luz de las bajas sociales y de derechos humanos y los resultados de las elecciones que demostraron la creciente resistencia popular a las políticas promovidas por Estados Unidos, concluye el documento. (FIN/IPS/tra- eng/jl/dcl/ip/hd/02
