El despilfarro, la escasez y la contaminación del agua en América Latina obedecen al inadecuado y a menudo caótico gobierno de los recursos hídricos, advirtieron expertos.
América Latina requiere estabilidad institucional y social, un marco legal sólido y una autoridad centralizada pero abierta a la participación de los usuarios del agua, si quiere superar la actual crisis de gobernanza de sus recursos hídricos y alcanzar una gestión sustentable, según especialistas.
El manejo de los caudales y cuencas de los ríos y de las aguas subterráneas está plagado de zonas grises que derivan en despilfarro, escasez o contaminación, dijo a Tierramérica el director de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Axel Dourojeanni.
En los últimos 10 años se han planteado (en América Latina y el Caribe) más modificaciones en las legislaciones de agua que en todo el siglo pasado. Constantemente se modifican metas, se cambia de personal o se reestructuran las instituciones encargadas de la gestión del agua, sostuvo Dourojeanni en un estudio en coautoría con Andrei Jouravlev.
Lamentablemente, a pesar de todos estos esfuerzos, el deterioro de los recursos hídricos sigue en aumento, agregó el informe.
Es frecuente que en el cauce de un río intervengan 50 o más actores, desde industrias, agricultores y ganaderos, compañías de agua potable y alcantarillado, hasta poblaciones pobres asentadas en sus riberas, indica el informe.
Casi todos los gobiernos de la región tienen un organismo cuyo cometido es regular la distribución del recurso, pero que suele actuar prioritariamente en la asignación y fiscalización del riego agrícola.
Queda así un amplio campo donde intervienen entidades estatales y privadas, vinculadas a la minería, la energía hidroeléctrica, las obras públicas, el ambiente, la salud, los servicios sanitarios, etcétera, que puede desembocar en una virtual anarquía.
Por otra parte, la participación de privados en la administración del agua no es buena ni mala, depende de las condiciones en que se produzca, dijo otro especialista de Cepal, Miguel Solanes, miembro del Comité Técnico Asesor de la Asociación Mundial del Agua (GWP).
La escasez de fondos y la visión de que el Estado es por naturaleza ineficiente afectó la administración de los recursos hídricos en la mayoría de los países, pero la desregulación fue a su vez deficiente, porque se asumió erróneamente que habría competencia en un sector que tiende a la monopolización, explicó Solanes a Tierramérica.
América Latina, y sobre todo América del Sur, poseen grandes recursos de agua dulce en lagos y ríos, alimentados por regímenes de lluvias abundantes, comparables sólo a los de Asia, según GWP.
Sin embargo, 25 por ciento de los territorios sudamericanos es árido o semiárido, 20 por ciento de sus habitantes no tiene acceso a agua potable y 30 por ciento carece de un sistema apropiado de saneamiento, consignó un documento de GWP basado en datos de 2000.
Los especialistas recomiendan una autoridad centralizada, donde participen todos los usuarios, que administre en forma racional el recurso, y opere a través de la gestión de las cuencas y los cauces de los ríos.
A esto apuntaba México en 1993, cuando creó los Consejos de Cuenca, cuya misión es mejorar la administración, desarrollar la infraestructura hídrica y preservar las cuencas, con participación de la sociedad.
La cuenca es el área por donde el agua de lluvia o de deshielos transita o drena, pasando por redes de corrientes hacia un curso o río principal y desde ahí a una desembocadura común, que puede ser un depósito interior, como lagos, lagunas o embalses.
En los 25 consejos mexicanos participan delegados gubernamentales y de diversos usuarios -agricultores, industrias, prestadores de servicios y consumidores urbanos de agua- con voz y voto, y universidades y organizaciones no gubernamentales, sólo con voz.
México es uno de los países más avanzados del mundo, y de América Latina, en materia de gestión integral y eficaz de sus recursos hídricos, según el director general de la Oficina Internacional del Agua, Jean Francois Donzier.
En cambio resultó frustrante el camino de Perú con la creación de las Autoridades Autónomas de Cuencas Hidrográficas, integradas por el gobierno y representantes de los usuarios.
Hasta ahora sólo se conformaron cinco entidades que nunca llegaron a ser autónomas. Su presupuesto debe financiarse con 10 por ciento de las tarifas de agua de riego, pero la morosidad de los usuarios de este servicio oscila entre 50 y 80 por ciento.
Una crisis social por pobreza de la gente puede derivar en cortes de agua, pero no es en rigor una crisis de gobernabilidad. La crisis de gobernabilidad se da cuando no hay ninguna autoridad que cobre por el uso del agua, apuntó Dourojeanni.
Una correcta gestión requiere estabilidad política, económica y social. Pero eso no basta si no se cuenta con un sistema institucional sólido, permanente y articulado en todo el país.
Como tercer requisito debe haber voluntad política y conocimientos en gobiernos, parlamentos, empresas y comunidad, agregaron los expertos.
México y Colombia son, a su juicio, las naciones que han hecho más esfuerzos por administrar las cuencas, mientras Chile y Brasil se destacan por la estabilidad institucional en el área de la gestión del agua.
En el otro extremo hay países como Guatemala, cuyo gobierno presentó recién en mayo un proyecto de ley de aguas para explotar racionalmente el recurso y evitar que industrias y comunidades sigan contaminando las fuentes hídricas.
* Publicado originalmente el 3 de agosto en la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. Colaboraron para este artículo Abraham Lama/Perú, Diego Cevallos/México, y Alberto Ramírez /Guatemala. (FIN/Tierramérica/ggr/dcl/en/dv/02
