La ONU admitió que el agua potable es un bien económico, pero advirtió que sería perjudicial manejar por completo ese recurso según las leyes del mercado.
Un estudio de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre el derecho de la población a disponer de agua potable recomienda a los países adoptar todas las medidas a su alcance para permitir a los sectores más desfavorecidos gozar de ese elemento vital para el ser humano.
Las conclusiones del trabajo guardan relación con el debate que se desarrolla en el sistema multilateral de comercio sobre la liberalización de algunos servicios, incluido el de distribución de agua.
Empresas transnacionales francesas de distribución de agua pagan en algunos países africanos derechos insignificantes al Estado y venden el agua a precios exorbitantes, indica la investigación encomendada por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
El trabajo fue realizado por el experto El Hadji Guissé, uno de los miembros de ese organismo, integrado por expertos independientes propuestos por los gobierno y que ejerce funciones de asesoramiento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Guissé enfocó su investigación en la relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento.
La primera verificación del autor alude al carácter vital que el agua reviste para el ser humano.
La pérdida de agua en los humanos puede tener consecuencias graves si alcanza a 10 por ciento del volumen del líquido presente en el cuerpo y puede llevar a la muerte si supera 20 por ciento.
El contenido de agua en un adulto de buena salud oscila entre 58 y 67 por ciento, mientras que en un recién nacido se ubica entre 66 y 74 por ciento.
En consecuencia, la carencia de agua que sufren más de 1.000 millones de personas en el mundo debe ser motivo de preocupación para el género humano, advirtió Guissé.
El informe precisa que en la actualidad suman 1.500 millones las personas sin acceso a agua potable y que 4.000 millones no disponen de servicios de saneamiento adecuados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado que 80 por ciento de las enfermedades se transmiten a través del agua contaminada.
Sólo una pequeña parte de la población, en particular de los países en desarrollo, tiene acceso a agua de calidad aceptable. En algunos países apenas 20 por ciento de la población rural dispone de agua de calidad satisfactoria.
La escasez de agua potable constituye la amenaza más grave que jamás haya enfrentado la humanidad, sostuvo Guissé en el estudio que presentó a la sesión anual de la Subcomisión iniciada esta semana en Ginebra.
Las causas principales de la escasez de agua son la destrucción de las cuencas hidrográficas, la deforestación, los efectos nocivos del uso agrícola masivo de plaguicidas y otros químicos, así como la descarga de desechos tóxicos.
Guissé observó que el avance de la desertización es motivo actualmente de gran preocupación para muchas poblaciones de Africa subsahariana y amenaza la vida vegetal y animal en esa parte del mundo.
El autor pronostica que esa situación se mantendrá debido al subdesarrollo en el que viven esas poblaciones.
Las únicas fuentes de agua dulce se encuentran a profundidades a las que sólo se puede tener acceso con los medios adecuados, y únicamente las potencias industrializadas disponen de ellos, añadió.
En el examen de la escasez de agua provocada por el hombre, la agroindustria aparece como el mayor consumidor del elemento. Para producir un kilogramo de cereal se necesitan por lo menos 1.000 litros de agua.
Ante el problema del hambre en el mundo, con una población que llegará a 8.500 millones en 2025, es indispensable aumentar la superficie de regadío, para lo cual es necesario disponer de grandes cantidades de agua.
Otro sector productivo, como la industria, consume cerca de 20 por ciento de los recursos disponibles.
La fabricación de una tonelada de acero requiere 200 metros cúbicos de agua, una tonelada de papel necesita entre 50 y 300 metros cúbicos y un automóvil cerca de 30.000 metros cúbicos.
En el análisis jurídico del asunto, Guissé mencionó la opinión del Consejo Europeo sobre Derecho Ambiental, que declaró al agua ante todo como un bien social, es decir, que forma parte del patrimonio común de la humanidad.
En ese sentido, el agua debe estar sujeta a normas y a una fiscalización por parte de las autoridades públicas.
El estudio de la ONU estima que el agua es un bien económico de mucho valor que no puede considerarse una simple mercancía, como en el caso de otros bienes de consumo.
El Consejo Europeo subrayó que el acceso al agua potable no puede estar sometido únicamente a las leyes de mercado, en el que prima la rentabilidad.
El informe de la Subcomisión consignó, además, que algunos países africanos sufren las leyes del mercado debido a la privatización de las fuentes de agua.
Agregó que las firmas transnacionales francesas de distribución de agua celebran convenios de privatización del elemento. De ese modo, pagan derechos insignificantes al estado y venden a precios exorbitantes el producto para los servicios esenciales de la persona.
El agua se ha vuelto demasiado cara y su gestión privada excluyente ha llevado a Africa a una pobreza extrema que se ha convertido en endémica, afirmó Guissé en su documento para la ONU.
Es cierto que el tratamiento y la distribución del agua tienen un costo que no se puede despreciar, pero el suministro debe someterse a un precio estudiado que pueda ser pagado por personas de todas las posibilidades de ingreso.
La liberalización de los servicios de agua, junto con los de transporte, telecomunicaciones, turismo, salud, educación y otros, forma parte de las negociaciones que se realizan en la actualidad en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Numerosas organizaciones no gubernamentales han declarado su oposición a la liberalización comercial de sectores como el agua, la salud y la educación, una iniciativa que figura en las propuestas de los países industrializados.
Las negociaciones sobre servicios, que se desarrollan en la sede de la OMC, en Ginebra, comenzaron en enero de 2000 y está previsto que finalicen en 2004.
A partir de marzo de 2003, esas tratativas entrarán en la etapa decisiva de intercambio de compromisos comerciales entre los 144 estados miembros de la OMC. (FIN/IPS/pc/dm/dv en/02
