El gobierno de México extrema esfuerzos en procura de la conmutación de la pena de muerte que pesa en el meridional estado estadounidense de Texas sobre el mexicano Javier Suárez, cuya ejecución está prevista para el 14 de agosto.
Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas, con el apoyo de abogados de Estados Unidos, buscan librar de igual fin a otros 53 compatriotas de Suárez, a los cuales aún no se les ha fijado fecha de ejecución de la sentencia.
Entre el arsenal a utilizar por el gobierno de Vicente Fox para salvar de la muerte a Suárez se incluyen recursos legales extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia del vecino país del norte, un pedido directo a Washington y la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
México también hará gestiones para obtener el apoyo solidario de la Unión Europea y de organizaciones humanitarias internacionales.
Cuatro mexicanos fueron ejecutados en Estados Unidos por orden judicial desde 1993, tres de ellos en el estado de Texas.
El también mexicano Ricardo Aldape, tras esperar 15 años su ejecución, logró finalmente que la justicia estadounidense reabriera su causa y salió en libertad en 1997. Murió poco después en un accidente de tránsito.
Un portavoz de la cancillería mexicana dijo a IPS que se está cometiendo una grave injusticia con Suárez, condenado por asesinar a un agente de antinarcóticos, y que el gobierno no permitirá su ejecución.
El gobierno de Fox sostiene que Suárez, detenido hace 14 años cuando tenía 24, no fue notificado en aquel momento de su derecho a comunicarse con el consulado mexicano, una acción que podría resultar fundamental para evitar que un proceso judicial termine en sentencia de muerte.
El hecho de no permitir el apoyo del consulado a un extranjero es una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la cual Estados Unidos es parte, indicó el gobierno de México.
Ese mismo razonamiento legal, que permitió detener en mayo la ejecución del mexicano Gerardo Valdez, es la que sustenta la defensa de la mayoría de los mexicanos sentenciados en Estados Unidos, acusados de cometer diversos asesinatos.
Las Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo del sistema de la Organización de Estados Americanos, dictaminó en 1999 que las ejecuciones de los mexicanos en Estados Unidos violan la Convención de Viena y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La abogada estadounidense Sandra Babcock, contratada por el gobierno de Fox para defender a sus compatriotas condenados a muerte, señaló que los acusados son víctimas de los prejuicios y del racismo que, según ella, priva en la justicia de su país.
En el sistema judicial estadounidense se aprecian más los derechos de las personas de raza blanca que los de las de origen latinoamericano, negros u otras culturas, añadió Babcock.
Alrededor de 98 por ciento de los fiscales estadounidenses son blancos y sólo uno por ciento tiene ascendencia latinoamericana. Esa parece ser la razón de que la mayoría se incline siempre por pedir la pena de muerte cuando el homicidio es contra un blanco, apuntó.
En Estados hay más de 3.000 condenadas a muerte y cerca de la mitad son negros, hispanos o asiáticos.
La pena capital, que es rechazada por grupos humanitarios, fue abolida en Estados Unidos en 1972, pero reestablecida cuatro años después6.
La organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, aseguró que la pena de muerte se ha convertido en Estados Unidos en una instrumento para hacer campaña política.
Los políticos que se pronuncian en contra de la pena capital son tachados por sus adversarios de blandos contra la delincuencia, mientras que entre los que la defienden compiten entre sí para ver quien las aplicará con más rigor, señaló Amnistía.
En Estados Unidos se han ejecutado más de 700 personas desde 1977. En 2000, ese país cumplió la sentencia capital con 85 presos, una cantidad muy inferior a la registrada en China, con más de 1.000 ejecuciones, y en Arabia Saudita, con 123.
El gobierno de Fox tiene la firme convicción del respeto absoluto al derecho a la vida, razón por la que intensificará sus acciones para lograr la conmutación de la pena de muerte a Suárez, pero también para defender a los demás sentenciados, apuntó un comunicado de la cancillería. (FIN/IPS/dc/dm/hd/02
