Casi 30 por ciento de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso al agua potable y el saneamiento, pese a la ola de reformas y privatizaciones.
El modelo de privatización bajo un ente regulador estatal independiente, adoptado por Argentina y Chile para sus servicios de agua potable y saneamiento, es considerado un gran avance por expertos de ambas naciones.
Pero en una población de 37 millones de personas, nueve millones no cuentan con agua potable y casi 23 millones no tienen saneamiento en Argentina, según un informe del Consejo Mundial del Agua de 2000.
En Costa Rica, donde el servicio está en manos del Estado, muchos habitantes padecen racionamiento de agua potable desde hace meses.
En 1995, 27 por ciento de la población de América Latina y el Caribe no tenía acceso al agua potable y 31 por ciento carecía de servicios de alcantarrillado y saneamiento, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Algunos ambientalistas advierten que el debate sobre la privatización no puede eludir el principio del valor económico del agua, adoptado por la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
El agua tiene un inmenso costo y se debe tomar conciencia de su cuidado, dijo a Tierramérica el experto Armando Bertranou. Para eso, se plantea adoptar incentivos económicos para un uso más eficiente, como ya se hace en muchos países donde hay una cultura de cuidado del agua, agregó Bertranou.
Debe ser tomado en cuenta el valor de uso, así como lo que cuesta conservar el agua, extraerla y distribuirla, señaló a Tierramérica Seidy Salas, oficial de Comunicaciones para América Central de la asociación internacional Global Water Partnership (GWP), que reúne a actores gubernamentales, privados e independientes involucrados en el manejo del agua.
Dotar al agua de un valor económico no quiere decir convertirla en mercancía. Eso implicaría que solo puede tener acceso a ella quien pueda pagarla. Es un bien indispensable para la vida y por lo tanto debe ser manejado como un bien social, advirtió Salas.
Para Humberto Peña, jefe de la Dirección Nacional de Aguas de Chile, el proceso privatizador (iniciado en 1992) es neutro desde el punto de vista de la sustentabilidad del manejo del agua.
Los planes de las empresas deben ser aprobados por el organismo regulador, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, explicó Peña, presidente para América del Sur de GWP.
Hasta diciembre de 1999, 58 por ciento de los servicios sanitarios en las áreas urbanas chilenas eran suministrados por empresas privadas, 37 por ciento por sociedades controladas por el Estado, 4,5 por ciento por municipios y 0,5 por ciento por otras empresas.
El capital extranjero tiene una presencia importante en las 20 mayores empresas sanitarias que actúan en Chile. La británica Thames Water, la tercera del mundo en el sector, controla 20 por ciento del mercado chileno de agua potable.
El país posee una cobertura urbana de 99,2 por ciento en agua potable y de 92,3 por ciento en alcantarillado, según datos de 1999, dijo Peña a Tierramérica.
El propósito privatizador fue contar con inversiones para el tratamiento de aguas servidas. En 1999, el país apenas procesaba 22,6 por ciento de las aguas residuales y, según Peña, se llegará a 80 por ciento en 2006 y a 100 por ciento en 2010.
La participación de la comunidad en el control de los servicios está lejos de resolverse. La federación mundial de consumidores Consumers International advierte esa debilidad en Chile, donde la Ley de Defensa del Consumidor excluye a los servicios públicos.
Las protestas de los usuarios apuntan a los precios del suministro de agua. En abril, habitantes de vecindarios pobres de Santiago se concentraron frente al palacio de gobierno para protestar por las altas tarifas.
En la ciudad de Rancagua, 90 kilómetros al sur de Santiago, 120 familias de la villa Costa del Sol se quedaron sin agua por no pagar a la Empresa de Servicios Sanitarios El Libertador, subsidiaria de Thames Water. ¿Tenemos que elegir entre agua o comida?, se quejó María Díaz, presidenta de la junta vecinal.
El proceso de privatización no fue transparente, dijo a Tierramérica Alexis Abarca, director de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) de la VI región.
Oficialmente se dice que en los últimos tres años las alzas fueron de 16 a 24 por ciento en algunos casos y de 24 a 30 por ciento en otros. Odecu revisó 15.000 boletas de cobro y en verdad las alzas son de por lo menos 100 por ciento, e inclusive de 200 por ciento, aseveró.
En Argentina, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios incorporó en 1999 representantes de los consumidores, una política pionera en América Latina.
La compañía Aguas Argentinas recibió en mayo de 1993 la concesión por 30 años de la administración del agua potable y alcantarillados de Buenos Aires, su cinturón urbano y 17 localidades de su entorno, para servir a 10 millones de habitantes.
La firma se propone una cobertura de 100 por ciento en ambos servicios al finalizar el contrato, así como el tratamiento del total de aguas servidas, que en 1993 apenas llegaba a cinco por ciento. La compañía asegura que en los primeros siete años extendió los servicios a 2,6 millones de habitantes.
En Costa Rica el agua potable es de buena calidad y se paga muy poco por ella —14 dólares por mes—, afirmó la usuaria Flor María Solano. Pero en los últimos meses rige el racionamiento. Ahora el agua la recibimos solo de tres a nueve de la mañana, se lamentó.
El economista ambiental Jaime Echeverría es partidario de la privatización, pese a la fuerte resistencia política que despierta. Con la privatización, el agua al fin va a tener su verdadero valor. En Costa Rica este bien ha sido tremendamente subsidiado, dijo Echeverría a Tierramérica.
Las autoridades costarricenses tienen el empeño democratizador de llevar el agua potable y el alcantarillado a todo el país, pero existen dos debilidades: las tarifas no cubren los costos de operación y no hay controles estrictos sobre la calidad de los acueductos, concluyó Seidy Salas.
* Colaboraron para este artículo Marcela Valente/Argentina, y Néfer Muñoz/Costa Rica. Publicado originalmente el 29 de junio en la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/Tierramérica/ggr/dcl/en/dv/02
