La temperatura política volvió a subir en Venezuela al saberse que el ejército instaló baterías de defensa antiaérea en un barrio popular de la capital y que partidarios y adversarios del gobierno preparan nuevas marchas callejeras.
La proximidad de los ascensos de militares, que se deciden cada año a fines de este mes, dio pie a nuevos rumores sobre un posible alzamiento contra el gobierno de Hugo Chávez.
La oposición impulsa un referendo para cambiar la Constitución y recortar así el periodo de gobierno de Chávez, cuyo mandato es hasta enero de 2007, y convocar a elecciones a fines de este año. Al mismo tiempo, reclama la renuncia inmediata del mandatario, para facilitar la transición.
La clave del problema es Chávez y su salida es la solución, señaló este martes Henry Ramos, presidente del partido Acción Democrática (socialdemócrata), el principal grupo político de oposición.
Ramos dijo, además, que el alto mando militar está entregando ascensos en función de la lealtad al presidente y no por méritos.
La oposición organizó el sábado pasado una concentración de unas 100.000 personas en una céntrica avenida de Caracas, donde se leyó un comunicado que declara la desobediencia civil y la continuación de acciones de protesta hasta lograr que Chávez abandone la presidencia de manera anticipada.
Además, vídeos de uniformados con el rostro cubierto y textos anónimos que se atribuyen a mandos medios de las Fuerzas Armadas, divulgados por emisoras de televisión privadas y diarios locales, aseguran que militares opuestos a Chávez preparan un nuevo levantamiento contra el gobierno.
En esos textos y vídeos, los supuestos militares que se alzarán apoyan las demandas de la oposición civil para que renuncie el mandatario y se renueven los poderes públicos. También exigen respeto estricto a los méritos de cada oficial en las evaluaciones para los ascensos.
Analistas políticos y oficiales retirados apuntan que en los ascensos ya no se toman en cuenta sólo cuestiones de carrera sino la posibilidad de ser ubicados o desplazados del comando efectivo de unidades con poder de fuego, previendo el caso de una confrontación.
Así, el temor de un choque armado aviva los rumores, incluso por el desplazamiento de equipos, una actividad tradicional por esta época del año en Caracas, pues cada 5 de julio las Fuerzas Armadas realizan su desfile con motivo del Día de la Independencia.
Al respecto, el jefe de la región militar de Caracas, general Jorge García Carneiro, confirmó la instalación de baterías de defensa antiaérea en terrenos de un observatorio de la marina de guerra, enclavado en la principal colina del occidental barrio 23 de Enero de la capital venezolana.
Ese barrio fue considerado por varias décadas un bastión de grupos radicales de izquierda y en los últimos años base popular del chavismo. Desde el punto de vista territorial, domina accesos al Palacio de Miraflores, la sede del gobierno, y al puerto y al principal aeropuerto del país.
La oposición política, social y sindical convocó una nueva marcha hacia el Palacio de Miraflores para el 11 de julio, cuando se cumplirán tres meses de la manifestación que derivó en graves disturbios y luego en el frustrado golpe de Estado, que alejó a Chávez del gobierno entre el 12 y el 14 de abril.
Mientras, Fedecámaras, la mayor asociación empresarial del país, estudia fórmulas para declarar la desobediencia tributaria y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la principal central sindical, prepara una nueva huelga general, similar a la decretada el 9 de abril.
Militares retirados también preparan para este jueves otra marcha callejera, que al igual que las anteriores concentra a seguidores de los partidos tradicionales y de organizaciones no gubernamentales. Los oficiales aún no han decidido se vestirán sus uniformes en esa protesta.
El uso del uniforme en un acto político como el previsto para este jueves viola las leyes y reglamentos castrenses. También puede ser visto como una señal para nuevos actos de desobediencia militar, una actitud que ya ha sido advertida por el alto mando de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, los partidarios de Chávez han convocado para el día 29 una manifestación de respaldo al gobierno, que se desarrollará en centro de Caracas.
El dirigente del gobernante Movimiento V República (MVR), Elías Jaua, anunció además estrategias para disuadir con instrumentos legales a la oposición, para que la marcha del 11 de julio no avance con intenciones golpistas.
La tesis del oficialismo es que la movilización del 11 de abril fue deliberadamente utilizada por civiles y militares golpistas para activar el golpe de Estado, encabezado por decenas de generales, coroneles y almirantes.
A su vez, el secretario general de Acción Democrática, Rafael Marín, advirtió que el 11 de julio es el Día D, porque de ahí no nos iremos hasta que el sátrapa (en referencia a Chávez) parta de Miraflores y el pueblo pueda, entonces, organizar la transición política que el país requiere.
Marín añadió que propondrá a los demás partidos de oposición crear organismos para autodefendernos.
En tanto, se debaten en el parlamento, los medios de comunicación y en instancias judiciales las acusaciones contra Chávez y varios de sus ex ministros por presunta malversación de fondos, por el presunto desvió de recursos para los gobiernos regionales en gastos corrientes del gobierno central.
La comisión política parlamentaria, que durante semanas interrogó en audiencias televisadas a civiles y militares protagonistas de los disturbios de abril, elabora dos informes con conclusiones divergentes.
El estadounidense Centro Carter, que fuera invitado por el gobierno venezolano para ayudar en el diálogo con la oposición, se manifestó a favor de que sea la Organización de Estados Americanos la que cumpla esa mediación, como lo propuso el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. (FIN/IPS/jz/dm/ip/02
