España vivió este jueves una huelga pacífica, parcial, con manifestaciones y sin soluciones a la vista para el conflicto sobre la regulación del sistema de beneficios por desempleo, que enfrenta a las centrales sindicales mayores con el gobierno.
El gobierno de José María Aznar y los empresarios, por un lado, y las centrales sindicales y la oposición de izquierda y centroizquierda por el otro, dieron versiones muy distintas sobre el cumplimiento de la huelga.
Para los primeros fue un fracaso. Según el ministro del Interior, Mariano Rajoy, sólo 17 por ciento de los trabajadores faltaron a sus tareas.
Para los segundos, las convocantes Unión General de Trabajadores (UGT), prosocialista, y Comisiones Obreras (CCOO), procomunista, por el contrario, fue un éxito democrático, pues habrían parado 84 por ciento de los trabajadores.
Al margen de los resultados, Aznar manifestó que su gobierno sigue dispuesto a negociar sobre el decreto ley enviado al parlamento el 13 de junio.
La huelga fue organizada contra ese decreto, que modifica la regulación del sistema de subsidios al desempleo y el estímulo oficial a la creación de puestos de trabajo.
La Confederación de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación emitió un comunicado expresando su esperanza de que tras la huelga, el gobierno y los sindicatos retomen el camino de la negociación y no del enfrentamiento.
Para las cámaras empresariales, la jornada no ha tenido ganador y el único perjudicado ha sido el país en su conjunto, aunque destacaron el ejemplo dado por la ciudadanía que, excepto en algunos casos que se han utilizado sistemas de coacción, ha ejercido con normalidad democrática sus derechos de huelga y trabajo muy por encima de convocatorias anteriores.
Las centrales sindicales, apoyadas por la oposición política, también dicen que desean negociar, pero ponen como condición el retiro del decreto ley del parlamento.
El gobierno responde que está dispuesto a analizar las críticas, comentarios y aportaciones que los sindicalistas le presenten, pero que no retirará ese texto, que ya fue aprobado en su totalidad, aunque aún puede ser modificado parcialmente.
El gobernante Partido Popular, que se define como centrista, tiene mayoría absoluta en Diputados y Senadores, lo que le otorga total seguridad respecto de las modificaciones a la iniciativa, así negocien o no los sindicatos y los partidos de la oposición.
Al margen del debate respecto del acatamiento a la huelga general, ésta transcurrió sin incidentes significativos, incluyendo manifestaciones multitudinarias y pacíficas en las grandes ciudades.
En Barcelona, capital de Cataluña y ubicada sobre la ribera norte del mar Mediterráneo, los asistentes a la concentración realizada fueron 15.000, según la policía, pero los sindicatos elevaron el total a 100.000.
El acto realizado en Madrid reunió a 100.000 personas, según fuentes gubernamentales, mientras que la oposición indica que fueron 200.000.
En esa movilización madrileña participaron los secretarios generales Cándido Méndez, de UGT, Feliciano Hidalgo, de CCOO, y José Luis Rodríguez Zapatero, del opositor Partido Socialista Obrero Español, además de Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Socialista, una coalición basada en el Partido Comunista.
En tanto, en Sevilla, a 500 kilómetros al sudoeste de Madrid, el acto fue menos numeroso, pero adquirió notoriedad porque allí se celebrará el viernes y el sábado la Cumbre de la Unión Europea y la llamada contracumbre, organizada por el Foro Social, que reúne un centenar de organizaciones no gubernamentales de España y del resto de Europa.
Una de las medidas utilizadas por el gobierno para medir el impacto de la huelga ha sido el descenso del consumo de electricidad, que fue de 20,5 por ciento por las empresas del sector.
En la anterior huelga general, realizada en 1994, durante el gobierno del socialista Felipe González, ese descenso fue de 34,2 por ciento.
Los piquetes de huelga, calificados de informativos por las centrales, actuaron en toda España y, según los sindicalistas, sólo para informar de las razones de su convocatoria.
Sin embargo, el ministro Rajoy indicó que funcionaron más de 1.000 piquetes y aseguró se utilizó la violencia. En uno de los enfrentamientos murió un policía, a causa de un infarto mientras participaba en tareas de contención de los piqueteros.
El portavoz del gobierno, Pío Cabanillas, manifestó que la tranquilidad fue la tónica general, aunque las fuerzas de seguridad detuvieron a 71 personas.
Los detenidos fueron acusados de provocar hechos de violencia, como la rotura de vidrieras, pinchado de neumáticos de automóviles y autobuses y bloqueo de la entrada de empresas comerciales e industriales, así como el corte de carreteras.
Rodríguez Zapatero, al hablar en el Congreso de los Diputados, acusó al Poder Ejecutivo de desinformar y de faltar a la verdad al consignar las cifras de quienes trabajaron y quienes no.
El líder socialista afirmó que el único lunar evidente a estas horas es la actitud del gobierno de España, que está desinformando de manera evidente a la ciudadanía, en una actitud de escasísimo respeto a la veracidad, a la información y a lo que los ciudadanos, sin duda alguna, están viendo en la calle.
Javier Arenas, sevillano y número dos del gobernante Partido Popular, aseveró que el dirigente socialista jugó con fuego y se ha quemado pues cualquiera que caminase por las calles hubiera advertido el fracaso de la huelga.
En las calles, tanto por el tráfico automotor como por la apertura de los comercios, la sensación que se percibió fue de un cumplimiento parcial de la huelga.
Una muestra similar se pudo apreciar en los principales diarios, como los madrileños El País, El Mundo, La Razón y ABC, que publicaron sus ediciones, pero con menos páginas de las habituales.
Las emisoras de radio y televisión funcionaron normalmente, aunque parte de los programas de los canales privados fueron grabados con antelación. (FIN/IPS/td/dm/lb/02
