La estatal Junta de Electricidad de la capital de India sospechó durante años que una fundición en medio de una densa jungla de viviendas y unidades industriales llamada Dilshad Garden robaba electricidad en gran escala.
Eso no era sorprendente, porque el hurto de energía eléctrica es común en distintos sectores sociales. Lo practican habitantes de asentamientos precarios que no pueden pagarla y la sustraen de mansiones, e industriales que usan refinadas técnicas para abastecer de energía gratuita a sus fábricas.
Pero los dos hermanos propietarios de la fundición en Dilshad Garden, de apellido Gupta, no eran ladrones comunes de electricidad.
Cuando investigadores de la Junta de Electricidad entraron en la fundición el 31 de mayo, debieron pasar por sistemas de circuito cerrado de televisión y guardias de seguridad de aspecto amedrentador, entrenados para desalentar a cualquiera con aspecto de funcionario que mirara demasiado las instalaciones.
Iniciamos acciones judiciales contra los Gupta y les impusimos una multa de 200.000 dólares, com base en una estimación conservadora de la energía que han hurtado, informó Debasis Bagchi, director del departamento de ejecución de las normas de la compañía pública.
Bagchi admitió la imposibilidad de que los Gupta robaran 715 kilovatios por hora durante años sin connivencia de funcionarios de la Junta. Estamos investigando, declaró.
Los servicios de transmisión y distribución de energía sufren pérdidas de 60 por ciento en la capital nacional, pese a todo su aparato de seguridad, y muchos piensan que la acción del departamento de ejecución de las normas fue insuficiente y llegó tarde.
En verdad llegó tarde, porque el 31 de mayo fue el último día que la Junta controló la distribución de energía. Al día siguiente cedió esa función a dos empresas privadas, Bombay Suburban Electricity Supply (BSES) y Tata Power.
La medida es parte de un ambicioso plan del ministro federal de Energía, Suresh Prabhu, para poner fin a la sustracción ilegal de energía eléctrica en todo el país, que según sus cálculos cuesta al Estado unos 4.000 millones de dólares por año.
Prabhu, un exitoso contador de suaves modales, pretende imponer criterios de excelencia en las tareas de control, que serán realizadas en forma continua y estricta mediante programas informáticos de compañías locales con fama internacional, como Infosys y Tata Consultancy Services (TCS).
La idea es lograr lo que llamo 'total auditoría energética', explicó.
Esa política ha vuelto impopular a Prabhu entre quienes se benefician con un sistema caracterizado por la ausencia de controles eficaces, que durante años intentaron corregir, sin éxito, especialistas de muchas instituciones, incluyendo al Banco Mundial.
Un ambicioso plan de reformas estructurales lanzado hace 10 años dio prioridad al sector energético, cuya crisis se atribuyó a la política de subsidios para el consumo agrícola y a irracionalidad en la fijación de tarifas, sin jerarquizar el mayor y obvio problema del robo de energía.
Fueron organizaciones no gubernamentales como PRAYAS las que investigaron el asunto y demostraron que los mayores ladrones de electricidad no son agricultores ni consumidores domésticos, que sustraen energía de líneas de baja tensión, sino grandes fábricas, conectadas en forma ilegal a cables de alta y extra alta tensión.
Esa investigación se llevó a cabo en cuatro estados: el occidental de Maharashtra, el septentrional de Haryana y los meridionales de Andhra Pradesh y Karnataka.
PRAYAS indicó que el suministro de energía con tensión alta y extra alta en los cuatro estados proporcionaba más de la mitad de los ingresos por cobro de tarifas, y que incluso robos de pequeña escala de ese tipo de energía implicaban pérdidas importantes.
Ingenieron inspectores del consumo de electricidad por parte de grandes unidades industriales descubrieron en muchos casos refinados dispositivos magnéticos o electrónicos para alterar los medidores, y PRAYAS pidió auditorías con estrecho control de la generación y distribución de energía.
La Agencia Internacional de Energía (AIE), con sede en París, publicó en abril un informe titulado Electricidad en India – Proveer poder a millones, en el cual advirtió que la situación del país en la materia ha llegado a una fase crítica.
La cuestión central es asegurar que las instalaciones energéticas aseguren un retorno justo de las inversiones, ya que las de muchos estados se hallan al borde de la quiebra, debido a que no reciben los ingresos que deberían, destacó.
Los esfuerzos por reducir el robo de energía son obstaculizados a menudo por políticos, y el cambio es resistido por políticos populistas y consumidores acostumbrados a tarifas bajas, añadió.
Hay una clara alianza entre políticos interesados y ladrones de elecricidad, afirmó el ministro de Energía del estado de Delhi, Ajay Maken.
Los críticos afirman que el proceso de privatización en el sector energético no ha sido transparente, y acusan de corrupción al gobernante y derechista Partido Bharatiya Janata (BJP. por sus siglas en inglés).
Las firmas involucradas no se inmutan, y enfatizan que no aumentarán las tarifas para brindar servicios de calidad, sin las frecuentes interrupciones destructoras de equipos a las cuales se han acostumbrado los habitantes de la ciudad.
No será necesario cobrar más, si se comienza a cobrar todo lo que corresponde con las actuales tarifas, alegan.
Nos aseguraremos de que las facturas se entreguen a tiempo y de que los consumidores den prioridad a pagarlas, anunció Tata Power.
Las firmas que se harán cargo del servicio presionan para que se aprueben leyes más estrictas contra el robo de energía.
El Sindicato de Obreros Indios, filial del BJP, presentó un recurso contra la privatización ante la Corte Suprema de Nueva Delhi, por entender que es contraria al interés nacional.
La Corte estudia el caso, pero no aceptó que la presentación del recurso tuviera efecto suspensivo sobre la privatización. (FIN/IPS/tra-eng/rdr/ral/js/mlm-mp/en if/02
