DERECHOS HUMANOS-VENEZUELA: Con derecho a oposición

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) terció este viernes en el debate político de Venezuela, al señalar que la libertad de expresión habilita a la prensa a cumplir un papel opositor y al gobierno a cuestionarla.

Los medios de comunicación ”no tienen la obligación jurídica de ser imparciales”, así como el gobierno puede replicar y criticar los pronunciamientos que emitan en su contra sus adversarios, señaló en Caracas el director ejecutivo para América de HRW, José Miguel Vivanco.

En Venezuela existe la libertad de expresión, aunque también hay un escenario político de enfrentamiento, con un ”lenguaje agresivo” y en un ambiente que no es constructivo, añadió.

El activista de HRW, el grupo no gubernamental con sede en Nueva York, habló con la prensa este viernes, último día de su visita de una semana al país para examinar la situación política y de los derechos humanos tras el frustrado golpe de Estado que alejó del gobierno a Hugo Chávez del 12 al 14 de abril.

El pronunciamiento de Vivanco, que según dijo es ajustado a las normas internacionales de libertad de expresión, se produce en medio de un nuevo debate sobre el papel de los medios de comunicación, reavivado por el propio Chávez en sus últimas declaraciones.

Chávez criticó por casi una hora a varios medios, en especial al diario El Nacional y al canal de televisión Globovisión, en una de las últimas emisión de su programa de radio ”Aló, presidente”.

”La prensa está parcializada” y actúa sesgadamente al informar sobre la gestión del gobierno y los logros de la revolución social bolivariana, afirmó el mandatario, que asumió en febrero de 1999 e inició de inmediato un proceso de cambios políticos e institucionales.

Las constantes críticas de Chávez contra los medios de comunicación, incluso mencionando por su nombre a propietarios y periodistas, fueron cuestionadas por la relatoría para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La relatoría de la OEA indicó que las críticas constantes desde una posición de poder podrían influir en los simpatizantes del presidente y desencadenar agresiones contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos.

También Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, y el Comité para la Protección de Periodistas, de Nueva York, dijeron que en Venezuela hay un clima permanente de agresiones, verbales o físicas, contra la prensa por parte de los partidarios de Chávez, que podría derivar en la intimidación o la autocensura.

”Los medios, si deciden asumir el rol de la oposición en Venezuela, lo pueden hacer”, apuntó Vivanco.

El activista insistió en que el presidente también puede, en contraparte, fustigar, ”así sea en términos duros”, todo aquello que considere descalificador o injusto. ”Es parte del debate político… aquí y en el resto del mundo”, precisó.

Vivanco hizo un llamado a Chávez para que, ”cada vez que elija un lenguaje duro, agresivo y descalificador para defenderse, debe hacer todos los esfuerzos para condenar y rechazar en términos inequívocos y categóricos la intimidación, violencia y ataques por parte de sus partidarios a los medios de comunicación”.

En Venezuela ”existe una retórica excesiva, agresiva, muy dura y descalificatoria en todos los sectores”, comentó.

Afirmó, además, que las autoridades tienen ”el derecho de regular el ejercicio de la libertad de expresión, no para suprimirlo ni suspenderlo, pero sí para regular las expresiones públicas de discrepancias y disenso”.

El activista de HRW se reunió esta semana con representantes del gobierno, de organizaciones de derechos humanos, directivos de medios de comunicación y con legislativos, sindicalistas y delegados de la Iglesia Católica para examinar en profundidad la situación del país en materia política y humanitaria.

En el marco de esa ronda de conversaciones, el vicepresidente José Vicente Rangel le entregó documentación sobre las manifestaciones callejeras de opositores y partidarios del gobierno y los disturbios ocurridos entre el 11 y el 14 de abril, en el marco del levantamiento cívico-militar contra Chávez.

Rangel y Vivanco conversaron sobre el respeto de los derechos humanos en el país y el proceso de diálogo con la oposición que abrió el gobierno después de que Chávez retomara el gobierno y que ha sido su principal carta política para hacer frente a la crisis.

En cambio a Vivanco le fue imposible entrevistarse con algún integrante del Tribunal Supremo de Justicia. El visitante lamentó esa situación, porque se desaprovechó la oportunidad de conversar con las autoridades judiciales sobre temas ”que son de mayor preocupación”.

Puntualizó que algunos fallos del tribunal ”ponen en entredicho los compromisos jurídicos internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos y específicamente en materia de libertad de expresión”.

En relación con los disturbios de abril, aún no aclarados, el representante de HRW se manifestó esperanzado de que las autoridades entiendan la necesidad de identificar y castigar, ”en un plazo razonable”, a los autores de los crímenes cometidos.

El llamado de Vivanco coincide con el reclamo de organizaciones humanitarias venezolanas de crear una Comisión de la Verdad independiente para investigar los hechos de abril.

Para Vivanco, este caso se une a las ya tradicionales deficiencias del sistema de administración de justicia en Venezuela, que calificó de ”problema crónico”. (FIN/IPS/ac/dm/hd cr/02

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