El gobierno de Argentina atribuyó este jueves a sectores radicalizados que buscan desestabilizarlo los episodios de violencia de la víspera, que dejaron un saldo dos muertos y decenas de heridos.
El jefe de gabinete de gobierno, Alfredo Atanasof, apuntó que esta es la crisis más profunda de la historia de un país que no soporta más violencia, en referencia a las protestas callejeras del movimiento de trabajadores desocupados.
Aquí no está en juego la suerte de un gobierno ni de un puñado de funcionarios, añadió.
Los violentos incidentes se desataron a partir del choque y posterior represión de la policía contra manifestantes que intentaron interrumpir el tránsito en los puentes de acceso de la zona metropolitana de Buenos Aires a la propia capital argentina.
Todavía quedaban este jueves ocho personas hospitalizadas, una de ellas herida de suma gravedad, y sólo una persona detenida de las 160 apresadas en la víspera.
El Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA), la central sindical que congrega a empleados públicos, maestros, profesores, médicos y judiciales, realizó este jueves una huelga general en rechazo de la violencia.
Sin embargo, la CTA le restó su apoyo a la marcha de repudio a la represión que también se realizó este jueves desde el Congreso legislativo hasta la plaza de Mayo, el paseo ubicado frente a la sede del gobierno.
Esa marcha fue convocada por el movimiento Barrios de Pie, el Polo Obrero, la Coordinadora Anibal Verón y el Movimiento de Trabajadores Desocupados, las mismas organizaciones que realizaron la protesta del miércoles con cortes en cinco puentes de acceso a la ciudad de Buenos Aires, en el norte, sur y oeste.
Atanasof responsabilizó a esos sectores de querer desestabilizar el gobierno, sembrando el caos y la violencia, como ocurrió el miércoles en el puente Pueyrredón, que une la localidad de Avellaneda con el sur de la capital argentina.
El funcionario indicó, además, que se investigará a fondo para saber cuanto antes quién está detrás de todo esto.
El presidente Eduardo Duhalde, acosado por una crisis económica que se agudiza cada día y en espera de una ayuda financiera internacional que le es esquiva, debe lidiar con la creciente conflictividad social.
Desde la llegada al gobierno de Duhalde, en enero, se han realizado alrededor de 13.000 protestas y movilizaciones cívicas, como asambleas populares, cortes de caminos, huelgas y expresiones de repudio o de reclamo de variado orden.
El secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, dijo que, sin ninguna duda, en el movimiento de desempleados hay sectores cada vez más radicalizados.
Existen grupos que reivindican la lucha armada, como forma de protesta contra el hambre y el desempleo, que, a su juicio, son reclamos legítimos, puntualizó.
Hace 20 días que dicen que van a intentar provocar un nuevo 19 y 20 de diciembre, dijo Alvarez, en alusión a los dos días de protestas, saqueos de comercio y caceroleos, derivaron en la renuncia anticipada del presidente Fernando de la Rúa, que había asumido un mandato de cuatro años en diciembre de 1999.
En esas 48 horas también murieron 29 personas por la represión policial.
Los cortes de acceso a la capital argentina del miércoles fueron convocadas en reclamo de una mayor cuota de subsidios para los desocupados, además de alimentos y medicamentos para los barrios pobres y marginales.
El Ministerio del Interior, en un comunicado emitido horas antes de la protesta, había advertido de la posibilidad de que grupos minoritarios y violentos intentaran repetir actos de vandalismo, y había apelado a la reflexión y serenidad de la población para evitar hechos que luego hubiera que lamentar.
El Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y la Corriente Clasista y Combativa, agrupaciones de trabajadores desocupados más moderadas, se abstuvieron de participar en las manifestaciones de esta semana.
Estos dos grupos consideran que, si se cortan caminos y sobre todo puentes de acceso a la capital, el movimiento sólo consigue ahuyentar a los sectores medios, que deberían acompañar la protesta para mejorar las condiciones de vida de todos, explicó Luis D'Elía, líder del MTA. (FIN/IPS/mv/dm/ip/02
