El gobierno de México asegura haber dado pasos sin precedentes para garantizar el respecto de los derechos humanos en el sudoriental estado de Chiapas, base de la insurgencia zapatista, pero activistas internacionales opinan que esos derechos continúan violándose.
En Chiapas no se respetan los derechos humanos, continúa la militarización y operan grupos paramilitares, sostuvo la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), integrada por intelectuales, políticos, sindicalistas, religiosos, periodistas y activistas de 14 países.
Esta organización, creada por coidadamps europeos preocupados por la situación en Chiapas, entregó este miércoles al presidente Vicente Fox, de gira por Bélgica, Francia y España, un informe elaborado con datos recabados por una misión a México a fines de febrero e inicios de marzo.
Las denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Chiapas desde el surgimiento en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) siempre tuvieron resonancia en Europa.
La CCIODH fue creada en 1997 luego del asesinato de 45 indígenas en Chiapas a manos de paramilitares.
La comisión pidió al Parlamento Europeo una cuidadosa evaluación de la situación en Chiapas a la luz de los acuerdos de cooperación política y comercial vigentes entre la Unión Europea y México.
La guerrilla zapatista mantiene sus mejores contactos en Europa. Eso explica que el tema resurja con los viajes presidenciales a esa zona, explicó el profesor de la mexicana Universidad Iberoamericana Israel Inclán.
Políticos de diverso signo y observadores independientes reconocen en México los esfuerzos del gobierno de Fox por solucionar el conflicto con EZLN y atender la situación de Chiapas, pero los activistas creen que poco o nada a cambiado en ese estado.
Para la CCIODH, en México falta voluntad de la clase política para buscar una solución negociada al conflicto con el EZLN. Además, Chiapas continúa militarizado y sigue la población indígena siendo víctima de la masiva presencia militar, indica el informe.
Los grupos paramilitares no han sido desarmados ni desarticulados, el problema de los desplazados de guerra y la contrainsurgencia sigue sin resolverse y hay una situación generalizada de impunidad.
En los 18 meses que lleva Fox al frente del gobierno, el ejército retiró varias guarniciones de Chiapas, tal como pedía el EZLN, y fueron liberados más de 20 acusados de apoyar a los insurgentes.
Además, el gobierno apoyó un proyecto de ley indígena que contenía reivindicaciones zapatistas y comandantes del EZLN viajaron a la capital sin contratiempos para promover sus posiciones. Fox, por otra parte, invitó en numerosas ocasiones a los jefes guerrilleros a dialogar sin condiciones previas.
Un político respetada por el EZLN, Pablo Salazar, fue ubicado por la ciudadanía de Chiapas al frente del gobierno del estado. Salazar impulsó cambios en la policía, privilegió el diálogo con los indígenas y, según la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, combatió la impunidad.
Los cerca de 20.000 indígenas que debieron abandonar sus hogares a causa del conflicto en Chiapas hasta 2000 se redujeron a menos de 10.000 gracias a acuerdos de reconciliación alentados por Salazar.
Pero el EZLN, que no usa las armas desde la segunda semana de 1994, afirmó que no existen cambios en el escenario de guerra.
Algo similar afirma la CCIODH. Las causas que originaron el surgimiento de la guerrilla en Chiapas siguen vigentes y falta voluntad política para solucionar el conflicto, según la organización internacional.
El EZLN se sumió en el silencio y el aislamiento en la selva chiapaneca luego de que el Congreso legislativo mexicano aprobara el año pasado una ley sobre derechos indígenas diferente a la que promovía la organización guerrillera.
Fox exhorta periódicamente al EZLN a reanudar el diálogo de paz, suspendido en 1996, cuando gobernaba Ernesto Zedillo (1994- 2000), pero no ha obtenido respuesta. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip/02
