El gobierno de India pretende atribuir la imparable violencia religiosa en el noroccidental estado de Gujarat al terrorismo internacional islámico, aunque la minoría musulmana es la víctima en casi todos de los casos.
De acuerdo con esta estrategia, el hinduista Bharatiya Janata Party (BJP), que gobierna Gujarat y es líder de la coalición nacional de gobierno, designó a un policía con fama de gatillo fácil como asesor de seguridad de Narendra Modi, el ministro jefe de ese estado.
El policía en cuestión, Kanwar Pal Singh Gill, fue quien reprimió el movimiento separatista sij en el septentrional estado de Punjab, a comienzos de la década de 1990.
Esta designación no tiene precedentes en India. Técnicamente, fue el gobierno de Gujarat el que nombró a Gill, pero los observadores coinciden en que la medida fue adoptada dentro del gabinete del primer ministro Atal Bihari Vajpayee.
En la estructura política cuasifederal de India, Nueva Delhi sólo puede adoptar una medida de ese tipo en condiciones extremas.
El nombramiento de Gill desmiente la afirmación oficial de que la situación en Gujarat está volviendo a la normalidad salvo por incidentes menores -que cobran en promedio cinco vidas por día- y que la policía estadual es plenamente capaz de controlarla.
Pero más importante aún, la medida sugiere un plan más audaz, el de vincular los ataques intercomunales con el terrorismo y así volver la situación en contra de la minoría islámica.
La violencia en Gujarat estalló el 27 de febrero, cuando una turba de musulmanes prendió fuego a un tren que transportaba a cientos de activistas hindúes cerca de la estación de Godhra, causando la muerte a 58 de ellos.
Desde entonces, los ataques intercomunales dejaron más de 900 muertos según el gobierno, una cantidad que organizaciones no gubernamentales aumentan a 2.000. Así mismo, más de 100.000 personas, en su mayoría musulmanas, debieron establecerse en campamentos de refugiados.
La gravedad y persistencia de la carnicería causó preocupación en todo el mundo, en especial por los informes probados sobre el patrocinio directo de las represalias contra la comunidad islámica por el gobierno estadual.
Vajpayee recibió fuertes presiones para destituir al ministro jefe Narendra Modi, quien justificó los ataques cotidianos contra musulmanes como una reacción natural ante el atentado contra el tren.
Sin embargo, el primer ministro se negó a destituirlo y además acusó a las misiones extranjeras que criticaron su actitud de interferir en los asuntos internos de India.
Al tratar de atribuir la violencia al terrorismo islámico, el BJP intenta promover su agenda hinduista sectaria como estrategia electoral.
El ministro del Interior, Lal Krishna Advani, afirmó el viernes que elementos criminales asociados con Pakistán planeaban acciones de represalia en Gujarat.
Mientras, la policía de Nueva Delhi anunció el descubrimiento de planes de Lashkar-e-Toiba (Soldados de Dios), un grupo extremista islámico con sede en Pakistán, para volar oleoductos en Gujarat y reclutar musulmanes en ese estado.
Como las acusaciones de conspiración carecen de todo sustento, se especula con que una de las misiones de Gill será recolectar evidencia, en base a informes de los diarios Hindustan Times y The Hindu.
Ya hay planes para realizar operaciones de barrido en varias ciudades. Las supuestas pruebas de terrorismo podrían incluir artículos de uso doméstico como queroseno, cuchillos, botellas de vidrio, clavos y ácido, que ya han sido usados para incriminar a musulmanes sospechosos en el pasado.
El propio atentado incendiario contra el tren de Godhra, en aparencia el hecho desencadenante de la violencia, fue atribuido por el BJP a una conspiración terrorista de indios musulmanes y de los servicios secretos de Pakistán, el tradicional rival de India.
Aunque Modi consideró que la persecución contra musulmanes fue una reacción espontánea ante el ataque al tren, investigaciones independientes determinaron que no hubo una relación causal entre ese atentado y la violencia posterior.
La Unión Europea, grupos indios y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional concluyeron que el ataque incendiario no fue más que un pretexto para la violencia de las turbas hindúes, planificada meses antes.
La última medida prohinduista adoptada por el BJP para sobrevivir en el poder fue la designación de Manohar Joshi como presidente de la cámara baja del parlamento.
Joshi fue quien desmanteló una comisión investigadora sobre la ola de violencia antimusulmana que convulsionó a la ciudad de Mumbai (ex Bombai) tras la demolición en 1992 de la mezquita de Ayodhya por radicales hindúes respaldados por el BJP. (FIN/IPS/tra-en/pb/js/mlm/ip-hd/02
