Organizaciones internacionales de derechos humanos procuran redoblar el aislamiento económico y diplomático del régimen militar de Birmania, pese a la liberación esta semana de la opositora Aung San Suu Kyi y las promesas de un diálogo de reconciliación nacional.
Aunque activistas y gobiernos occidentales saludaron la libertad de Suu Kyi, premio Nobel de la Paz 1991, tras 19 meses de arresto domiciliario, consideraron prematuro aliviar las sanciones económicas impuestas a la dictadura que, bajo distintas formas, se prolonga desde 1962.
No vemos razón para refrenar la presión sobre el régimen birmano, sostuvo el director de la Coalición Birmania Libre (FBC), Jeremy Woodrum, con sede en Washington.
Suu Kyit fue liberada y somos optimistas en que habrá cambios, pero hasta que esos cambios se produzcan nuestra campaña seguirá adelante, dijo Woodrum.
FBC encabeza en Estados Unidos la presión por las sanciones económicas contra el país y las compañías que comercien o inviertan en él.
Woodrum aseguró que dos grandes empresas estadounidenses de vestimenta, cuyos nombres no quiso revelar, anunciarán en las próximas semanas su decisión de poner fin a sus contratos con fabricantes birmanos.
El gobierno de George W. Bush calificó como un paso muy importante hacia el diálogo político real, la liberación de Suu Kyi, pero aclaró que no prevé levantar las restricciones comerciales y diplomáticas, entre ellas la suspensión de inversiones estadounidenses por cinco años.
Aún queda mucho por hacer para alcanzar la reforma política y la reconciliación nacional. Esperamos ver pasos concretos, sostuvo esta semana el portavoz del Departamento de Estado (cancillería), Richard Boucher.
No obstante, Washington autorizó el ingreso al país de un alto funcionario birmano, el coronel Kyaw Thein, para asistir a una conferencia interanacional sobre narcotráfico que se llevará a cabo la semana próxima.
Según el Departamento de Estado, la autorización de la visita, una excepción a la prohibición de visas para los gobernantes militares birmanos y sus familias, no tiene relación con la libertad de Suu Kyi.
El legislador del opositor Partido Demócrata, Tom Lantos, miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, estimó que la invitación fue un profundo error.
Lantos y el presidente del Comité, Henry Hyde del gobernante Partido Republicano, suscribieron un comunicado el miércoles instando al mantenimiento de las sanciones mientras no se registren mayores progresos en materia de democratización.
Esperamos que la liberación de Suu Kyi represente el amanecer de una nueva era en la historia birmana. Sin embargo, la junta (militar) debe primero demostrar mediante acciones concretas un serio y coherente compromiso con la reconciliación nacional, sostiene el comunicado.
Hasta entonces, la comunidad internacional debe permanecer vigilante, mantener la presión sobre el régimen y no claudicar en su determinación de restaurar la democracia en Birmania, concluye el texto.
El Senado divulgó un mensaje similar. El senador republicano Mitch McConnell y varios integrantes del Comité de Gastos, advirtieron que era muy pronto para celebrar.
Este régimen debe apartarse y honrar las elecciones celebradas hace más de una década, que se negó a reconocer, sostuvo McConnell en referencia a los comicios de 1990, en los que la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi obtuvo casi 80 por ciento de los votos.
El senador demócrata Tom Harkin propondrá una enmienda que prohíba la importación de productos textiles de Birmania al proyecto para otorgar al presidente Bush amplias facultades para negociar acuerdos comerciales, conocido como vía rápida.
Esta unanimidad refleja la alta estima que Washington prodiga a la figura de Suu Kyi, quien también instó a la comunidad internacional a perseverar en las presiones sobre régimen, pero también la situación de paria internacional de Rangún.
Además de mantener 2.000 presos políticos, el régimen es acusado de corrupción generalizada y connivencia con el narcotráfico, uso de trabajo esclavo, en especial en grandes obras de infraestructura, y devastación de los bosques tropicales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) urgió en 2000 a los países miembros a revisar sus relaciones con Birmania (para asegurarse que las mismas) no perpetúen el sistema de trabajo forzado o compulsivo en ese país.
Luego del sorprendente resultado electoral de la LND en 1990 — logrado a pesar del primer arresto domiciliario de Suu Kyi, entre 1989 y 1995— el régimen encarceló a cientos de sus seguidores, dirigentes sindicales y otros líderes opositores.
En 1995 Rangún otorgó a Suu Kyi libertad vigilada, pero volvió a confinarla en su casa en septiembre de 2000, cuando la dirigente desafió la prohibición de abandonar Rangún.
Su liberación del lunes se produjo tras siete meses de negociaciones reservadas con el régimen, gracias a la mediación de la Organización de las Naciones Unidas.
El factor decisivo de este diálogo fue la situación económica, debida en parte a la crisis financiera que golpeó a Asia sudoriental en 1997 y a la campaña internacional liderada por una amplia gama de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, ecologistas y religiosas.
Como resultado de esa presión, más de doce estados y distritos estadounidenses, algunos de los más grandes del país, aprobaron leyes de compras selectivas que dificultan a las empresas estadounidenses participar en licitaciones del estado birmano o contratar servicios a fabricantes de ese país.
Los activistas han amenazado con boicotear productos de empresas que negocien con fábricas birmanas textiles o de otros sectores.
La compañia de refrescos PepsiCo, la cadena de tiendas Walmart, la corporación Kodak y las petroleras Arco y Texaco limitaron sus negocios con Birmania.
La cadena de comercios minoristas Ames Department Stores, su subsidiaria de productos deportivos Gart Sports Company, la compañía de correo alemana Spiegel Group y la mayor cadena hotelera del mundo, Marriott —que administra dos hoteles en Birmania— decidieron poner fin a sus negocios en ese país.
El hueso más duro de roer es la compañía petrolera Unocal, con sede en California, que se negó a retirar su participación de 1.200 millones de dólares en un proyecto para la construcción de un gasoducto.
Sin embargo la empresa afronta dos litigios por violaciones a derechos humanos, incluyendo el trabajo forzado en la construcción del gasoducto, y dos resoluciones de accionistas para adoptar las normas de la OIT, que serán votadas en su asamblea anual de la semana próxima. (FIN/IPS/tra-eng/jl/dcl/hd/ip/02
