Los abogados de los cuatro principales acusados ante la Corte Penal Internacional para Ruanda (CPIR) de las Naciones Unidas, que juzga el genocidio de 1994 en ese país, alegan que el tribunal es controlado por el gobernante Frente Patriótico Ruandés (FPR).
Eso impide que sus clientes sean juzgados con imparcialidad y que integrantes del FPR, representante de la minoritaria etnia tutsi ruandesa, sean llevados a juicio por su responsabilidad en el conflicto que causó la muerte de unos 800.000 personas, tutsis y moderados de la mayoritaria etnia hutu.
El coronel Theoneste Bagosora, ex comandante del Ejército ruandés, es acusado de ordenar e implementar el genocidio desde un gobierno formado por miembros de la etnia hutu, con complicidad del brigadier general Gratien Kabiligi, el teniente coronel Anatole Nsengiyumva y el mayor Aloys Ntabakuze.
Contra cada uno de ellos hay de 10 a 12 acusaciones de genocidio, crímenes contra la humanidad y violación.
Los cinco abogados defensores de esos militares sostienen que no hubo un genocidio, sino muertes en una guerra iniciada por insurgentes tutsi que invadieron Ruanda desde Uganda en 1990, muchos de los cuales integran hoy el FPR.
La jefa de los fiscales del foro mundial, Carla del Ponte, no tiene evidencia de genocidio en Ruanda, y no existe tal evidencia porque no hubo en absoluto genocidio, enfatizó el abogado canadiense Clemente Monterosso, integrante del equipo de defensores.
La situación se descontroló porque el país era atacado por el FPR. Había una guerra, y nuestros clientes se dedicaban a combatir al enemigo, agregó.
La CPIR nunca ha sido independiente, debido a mucha presión de Ruanda, enorme presión de Ruanda, para que hiciera ciertas cosas incompatibles con el reclamo de justicia, afirmó el abogado keniata Kennedy Ogeto, del mismo equipo.
El principal objetivo de este tribunal es lograr la reconciliación y la paz en Ruanda, y eso no es posible sin llevar a juicio a ambas partes en el conflicto de 1994, sostuvo.
La fiscal habla muchas veces de acusar a integrantes del FPR que fueron activos participantes en ese conflicto, pero nunca cumple esa promesa, arguyó.
El equipo de defensores insiste en que miembros de FPR fueron responsable de la muerte de unos 200.000 hutus y deben ser juzgados.
En 1994, hubo más asesinatos de hutus que de tutsis. Por todas partes se cometieron masacres, aunque no hubo genocidio, según Monterosso, quien asegura poseer abundante evidencia de la veracidad de esa afirmación.
La señora Del Ponte sabe eso, y el año pasado dijo que acusaría a gente del otro bando. El problema es que la mayor parte de los testigos son ruandeses, afirmó.
El presidente de Ruanda (Paul Kagame) no estaría feliz si se acusara a integrantes del FPR, eso pondría en peligro su colaboración con la CPIR, y no sabemos que ocurriría con los procesos que resta realizar, añadió.
El abogado keniata Otachi Omanwa, otro de los defensores, sostiene que miembros del FPR fueron responsables de las muertes del presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, y su par de Burundi, Cyprien Nytaryamira, el 6 de abril de 1994, cuando ambos viajaban en un avión que fue derribado con disparos de mortero.
Ese atentado desencadenó el genocidio, y nunca fue aclarado.
Nuestra teoría es que el FPR dio comienzo a los acontecimientos de 1994 al derribar el avión. Acusamos a los principales jefes de las Fuerzas Armadas de Ruanda. ¿Por qué no a los principales jefes del FDR?, dijo Omanwa.
Hace tiempo que desafiamos a la fiscal a que acuse a miembros del FDR, y no quiere hacerlo. Creemos que eso se debe a que no desea un conflicto con el gobierno ruandés, agregó.
La CPIR está a merced del régimen de Kigali, que controla el aporte de testigos, según el defensor André Tremblay.
Jean Bosco Barayagwiza, miembro del gobierno hutui durante el genocidio, fue absuelto por la Corte de Apelaciones de la CPIR, y la señora Del Ponte fue a La Haya a decir a los miembros de esa corte: 'si no reconsideran su decisión, tendremos que cerrar la CPIR, porque no habrá más testigos ruandeses, según Monterosso.
El equipo de defensores insiste en que Ibuka, organización de sobrevivientes del genocidio, y Avega, de viudas de las víctimas, son usadas por el FPR para impedir que comparezcan en Arusha ciertos testigos que no le convienen.
En las últimas dos semanas, hubo que aplazar un par de procesos porque esas organizaciones se rehusaron a presentar testigos, debido a que no obtuvieron medidas especiales de protección, dijo Omanwa.
Presentan demandas ridículas, y la última de ellas fue que es preciso otorgar compensación económica a los testigos. Otra de esas demandas fue la de indemnizar con 30 millones de dólares a un hombre que dio testimonio y fue atropellado pocos meses después por un automóvil, afirmó.
Tratan de sitiar a la corte, y tenemos pruebas de que cuentan con total apoyo del gobierno ruandés. El presidente de Ibuka es un alto dirigente del FPR, apuntó.
El gobierno de Ruanda niega todas esas acusaciones.
La CPIR, con sede en la noroccidental ciudad tanzania de Arusha, fue creada en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha juzgado desde entonces a nueve personas, ocho de ellas condenadas y la restante absuelta, sin determinar aún a quiénes correspondió la responsabilidad principal del genocidio. (FIN/IPS/tra-eng/ks/mn/mp/ip hd/02
