El cese del fuego acordado por el gobierno y los rebeldes de Angola no puso fin al éxodo hacia Zambia, donde hay 222.000 refugiados angoleños y cada mes ingresan otros 700, según información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Fuerzas del gobierno y de la insurgente Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (UNITA) aún lanzan esporádicos ataques contra aldeas fronterizas de las provincias Occidental y Noroccidental de Zambia.
La guerra civil angoleña comenzó muy poco después de la independencia del dominio colonial portugués en 1975, y ha continuado desde entonces con breves interrupciones.
En febrero, la muerte en combate del líder histórico de la UNITA, Jonas Savimbi, creó espacio para una nueva ronda de conversaciones de paz, acordadas la semana pasada.
Pero el portavoz en Lusaka del ACNUR en Lusaka, Kelvin Shimo, dijo a IPS esta semana que no se percibe una disminución del número de refugiados angoleños que ingresan a Zambia.
Muchas de las personas que ingresan al país han pasado largos periodos ocultas en la selva, y dicen ignorar que Savimbi ha muerto, indicó.
No esperamos que las condiciones estén maduras para la repatriación de refugiados angoleños en el futuro cercano, aunque se avance hacia un acuerdo de paz, señaló.
El gobierno de Angola cesó sus ataques contra la UNITA el 14 de marzo, unas tres semanas después de la muerte de Savimbi, y delegaciones militares de ambas partes iniciaron al día siguiente conversaciones oficiales, que condujeron hace dos semanas a un cese del fuego, firmado en Luanda el jueves.
Los ataques de combatientes angoleños en territorio de Zambia alcanzaron su punto máximo a fines del año pasado, cuando presuntos integrantes del ejército de Angola capturaron a unos 140 zambianos y mataron a siete de ellos en una serie de incursiones.
Esas incursiones causaron el desplazamiento forzoso de cientos de personas y el cierre por razones de seguridad de escuelas y otras instituciones.
El mes pasado, presuntos integrantes de la UNITA secuestraron a tres mujeres de una aldea de la Provincia Noroccidental
Zambia tiene unos 10,3 millones de habitantes nacidos en el país, a los cuales se suman los más de 220.000 refugiados angoleños, y otros 60.000 provenientes de la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde se desarrolla desde hace cinco años una guerra civil con participación de otros países.
El número de personas que ingresan al país desde RDC también es creciente, y los esfuerzos para poner fin al conflicto de ese país realizados por la Comunidad para el Desarrollo de Africa Austral han sido infructuosos.
La guerra civil en RDC, comenzó poco después de que el dictador Mobutu Sese Seko fuera derrocado en 1997 por Laurent-Desiré Kabila, quien permaneció el poder hasta ser asesinado el año pasado y sustituido por su hijo Joseph.
El conflicto ha causado unas 2,5 milones de muertes y el desplazaniento forzoso de unos 1,3 millones de personas, según datos de la ONU.
La muerte de Kabila creó expectativas de implementación de un acuerdo de paz firmado en Lusaka a medidados de 1999, pero la guerra civil continúa, y con ella la emigración hacia Zambia y otros países vecinos.
Unas 30 personas ingresan a Zambia desde RDC cada semana, indicó Shimo.
El gobierno zambiano ha expresado preocupación por sostenido aumento de la cantidad de refugiados en el país, que se acompaña de una tendencia a la disminución de la ayuda internacional a los refugiados.
Líderes comunitarios de las regiones fronterizas se quejan de la política de puertas abiertas a los refugiados que aplica Lusaka, por los inconvenientes que causa a la población de esas áreas.
Esas quejas aumentaron cuando se detectaron focos de cólera y disentería entre 2.000 refugiados que ingresaron al país la semana pasada, provenientes de RDC.
Contamos con recursos escasos para ocuparnos del continuo flujo de refugiados y los conflictos asociados con ellos, y el problema se agrava debido a las actuales dificultades económicas del país, comentó el ministro del Interior, Lackson Mapushi.
La sola presencia de los refugiados implica un impacto negativo para la seguridad, la economía, los servicios sociales y el ambiente, arguyó. (FIN/IPS/tra-eng/jm/mn/mp/pr ip/02
